El Instituto Provincial de Colonización y Tierras Fiscales se refirió a los planteos realizados por sectores opositores acerca de la situación de las comunidades originarias y calificó esas declaraciones como "falsas y temerarias". Además, remarcó que estas afirmaciones llevaron intranquilidad a comunidades originarias al difundir versiones falsas sobre la posesión de sus tierras.
En diálogo con Agenfor, la administradora del Instituto, María Isabel Atencia, en el el marco de la recorrida encabezada por el vicegobernador Eber Solís en el oeste de la provincia, aseguró sobre lo ocurrido: "Les vinieron a decir que el Gobierno de la provincia de Formosa los iba a expropiar, que les iba a sacar las tierras, que se iban a quedar sin sus propiedades y que se las íbamos a darnos a quién sabe quién".
La funcionaria aseguró que la Constitución, así como la Ley Integral del Aborigen, protege y determina una distribución justa y equitativa de la tierra, cumpliendo una función social y armónica con el medio ambiente. Además, destacó que en realidad "lo que ellos están queriendo hacer es recuperar las tierras que se apropiaron ilegalmente y titularizarla".
El artículo con el que la oposición generó inquietud en los pueblos originarios es en el reformado artículo 40, el cual amplió su alcance, extendiendo el fomento de cooperativas más allá del sector primario, incorporando líneas de financiamiento para todo el sector privado y estableciendo regulaciones para la compra de tierras por extranjeros, el impulso a la economía del conocimiento y la protección de industrias culturales y artesanales.
El Gobierno formoseño; una muestra de cumplimiento ante los pueblos originarios
La funcionaria, durante los sucesivos encuentros con las comunidades originarias, informó sobre lo ocurrido con énfasis en la reforma constitucional y las tierras aborígenes. Además, consideró que se trata de declaraciones temerarias y mentirosas, alejadas de la realidad.
"Formosa es pionera en lo que es propiedad comunitaria indígena. No hay que olvidarse de la ley provincial de las comunidades aborígenes, la ley provincial del aborigen", exigió la funcionaria. En ese marco, insistió en que Formosa es pionera en protección de la propiedad comunitaria y en el resguardo de los derechos indígenas, por lo que es improbable que el Gobierno, a través de sus convencionales, legisle en contrario.
Atencia destacó: "Esta Constitución viene a ampliar derechos que ya están sentados en ella y a armonizar con el ambiente, con la función social de la tierra, con el precio justo, con la no extensión, a lo mejor en exceso, de los predios, con un uso racional y armonizado".
Finalmente, aseguró que es el Gobierno nacional el que se "olvidó de los aborígenes y las comunidades", y retiró, por ejemplo, la Ley 26.160 que declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país, con personería jurídica inscripta en organismos competentes.
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