El ministro de Economía de Formosa, Jorge Ibáñez, advirtió una caída real interanual del 5,5% en la Coparticipación Federal durante noviembre y responsabilizó directamente a la política económica del gobierno de Javier Milei por el desplome de los recursos que reciben las provincias. Según sostuvo, este recorte complica la capacidad de los Estados provinciales y municipales para sostener servicios esenciales en un contexto de creciente demanda social.
De acuerdo con los últimos datos oficiales, en noviembre de 2025 la Nación giró a las provincias un total de $5,26 billones en concepto de transferencias automáticas, lo que implica un retroceso real del 5,4% frente al mismo mes del año anterior. La baja se explica principalmente por el mal desempeño de los dos impuestos que alimentan la coparticipación: el Impuesto a las Ganancias, que cayó 3,3% interanual, y el IVA, que registró un derrumbe del 8,4% en términos intermensuales.
Ibáñez remarcó que no se trata de un debate técnico, sino de un problema que impacta de lleno en la vida cotidiana. “Cada punto que se retrae significa menos margen para sostener la salud, la seguridad, el transporte, la asistencia a las familias y el funcionamiento del Estado”, señaló en declaraciones a la Agencia de Noticias Formosa (Agenfor). La caída del consumo, producto de la recesión y el ajuste, reduce la recaudación del IVA y a esto se suma la merma en recursos provenientes de leyes y regímenes especiales, lo que termina recortando la transferencia de fondos hacia las provincias.
Noviembre se convirtió en uno de los peores registros de los últimos años: en términos reales, las transferencias automáticas quedaron por debajo de las de 2024, 2023, 2022 y 2021, un dato que grafica la profundidad del deterioro fiscal. Si se observa el acumulado de enero a noviembre de 2025 medido en pesos constantes, los envíos también se ubican por debajo de los años previos: respecto de 2023, las transferencias totales caen 9,3% y las de coparticipación 10%; frente a 2022, las bajas son del 12,1% y 11,6%; y en comparación con 2021 se registran descensos del 6,0% y 3,3%, respectivamente.
El impacto no se queda en las cuentas provinciales: repercute de manera directa sobre los municipios, que dependen del reparto de la coparticipación para sostener servicios cotidianos como alumbrado, recolección de residuos, mantenimiento urbano y programas sociales de cercanía. Ibáñez subrayó que Formosa seguirá administrando “con responsabilidad y equilibrio”, pero advirtió que “el federalismo fiscal requiere un Estado nacional que acompañe, no que desfinancie”.
A pesar del contexto, el ministro reafirmó que la provincia mantendrá orden, previsibilidad y protección social. Recordó que, frente a los recortes del gobierno libertario, Formosa sostiene con recursos propios compromisos que antes contaban con financiamiento nacional. Entre ellos, el pago de haberes a jubilados provinciales, quienes por mandato constitucional perciben el 82% móvil; el funcionamiento de los comedores escolares durante todo el año; y la continuidad de la asistencia alimentaria para más de 20 mil familias aborígenes, que siguen recibiendo su módulo mensual gracias al Tesoro provincial.
Además, la provincia absorbió el Incentivo Docente y el ítem Conectividad, incorporándolos al esquema salarial del sector educativo, con una mejora del 55% durante el año para amortiguar la pérdida de poder adquisitivo. Ibáñez destacó que, tal como lo comunicó el gobernador Gildo Insfrán, en Formosa están garantizados el pago de sueldos y el aguinaldo, reafirmando que la gestión provincial seguirá cumpliendo sus obligaciones salariales y sociales “en un contexto nacional adverso, pero con un modelo provincial que prioriza el empleo, el salario y la inclusión por encima del ajuste”.
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