Investigadores de las Naciones Unidas acusaron el martes a las autoridades sursudanesas de saquear la riqueza de su país, entre otras cosas, mediante el pago de 1.700 millones de dólares a empresas afiliadas al vicepresidente Benjamin Bol Mel por obras de construcción de carreteras que nunca se realizaron.
Los pagos entre 2021 y 2024 fueron solo un ejemplo de la "gran corrupción" en la empobrecida nación, según el informe de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en Sudán del Sur, donde el producto interior bruto per cápita medio es ahora una cuarta parte de lo que era en el momento de la independencia en 2011.
"El país ha sido capturado por una élite depredadora que ha institucionalizado el saqueo sistemático de la riqueza de la nación para beneficio privado", afirma la comisión, creada en 2016 por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
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El informe cita una asignación presupuestaria anual a la filial médica del presidente que superaba el gasto sanitario de todo el país.
En una respuesta oficial por escrito enviada a la comisión de la ONU, el ministro de Justicia, Joseph Geng, dijo que el informe se basaba en cifras que no coinciden con los datos del propio Gobierno y atribuyó los problemas económicos de Sudán del Sur al conflicto, al cambio climático y a la caída de las ventas de su principal producto de exportación, el crudo.
Un portavoz de Bol Mel no quiso hacer comentarios.
EL CONFLICTO HA HECHO ESTRAGOS DESDE LA INDEPENDENCIA
Desde 2011, Sudán del Sur ha sufrido repetidos episodios de conflicto armado, incluida una guerra civil entre 2013 y 2018 en la que se calcula que murieron 400.000 personas.
La semana pasada, el Gobierno acusó al vicepresidente primero Riek Machar, cuyas fuerzas se opusieron a los soldados leales al presidente Salva Kiir en la guerra civil, de crímenes contra la humanidad, lo que intensificó una disputa que ha avivado los enfrentamientos en los últimos meses.
Sudán del Sur también se enfrenta a fuertes recortes en la ayuda humanitaria extranjera que recibe cada año.
Sin embargo, según el informe, la corrupción es la mejor explicación de sus continuos problemas económicos y humanitarios, ya que casi dos tercios de sus 12 millones de habitantes padecen niveles de hambruna críticos o incluso peores.
Según la comisión, el informe se basa en 173 reuniones y entrevistas específicas celebradas entre finales de 2022 y finales de 2024, así como en documentación y datos financieros del Gobierno.
Afirmó que su atención a la corrupción estaba justificada porque la corrupción ha socavado la capacidad del Gobierno para cumplir sus obligaciones en materia de derechos humanos y ha alimentado directamente la violencia armada.
"Encerradas en una competición de suma cero por el poder y el control de los recursos y el territorio, las élites de Sudán del Sur siguen persiguiendo fines políticos partidistas, movilizando y explotando las diferencias y tensiones étnicas", dijo.
'PETRÓLEO POR CARRETERAS' FUERA DEL PRESUPUESTO
El informe de 101 páginas destaca las empresas asociadas a Bol Mel, a quien el presidente Salva Kiir ascendió a uno de los cinco puestos de vicepresidente de Sudán del Sur en febrero.
El Gobierno de Estados Unidos sancionó a Bol Mel y a dos empresas que, según dijo, estaban asociadas con él en 2017, afirmando que una de las empresas había recibido presuntamente un trato preferencial de altos cargos del gobierno para obras viales en el país. Estados Unidos sancionó a otras dos de sus empresas en 2021.
Tras el anuncio de las sanciones de 2017, el Gobierno de Sudán del Sur negó que Estados Unidos lo calificara de asesor financiero personal de Kiir y dijo que la decisión de incluirlo en la lista negra se basaba en información engañosa.
Altos cargos sursudaneses han pedido al Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, que levante esas sanciones durante las recientes conversaciones bilaterales, según dijo a Reuters el mes pasado Joseph Szlavik, un lobista que trabaja para Juba en Washington.
Esas conversaciones también han abordado el envío de más deportados estadounidenses a Sudán del Sur tras la llegada en julio de ocho hombres, siete de ellos procedentes de terceros países, dijo Szlavik.
El Departamento de Estado dijo a Reuters que no proporciona detalles sobre las comunicaciones diplomáticas privadas, pero pidió a Juba que "comience a utilizar los ingresos públicos para hacer frente a las necesidades públicas del pueblo de Sudán del Sur en lugar de depender de la ayuda internacional".
Según el informe de la ONU, el Gobierno de Sudán del Sur desembolsó unos 2.200 millones de dólares entre 2021 y 2024 a empresas afiliadas a Bol Mel a través de su programa extrapresupuestario "Petróleo por carreteras".
En algunos años, este programa consumió alrededor del 60% de todos los desembolsos gubernamentales, según el informe.
Con información de Reuters
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