Ismael Ifrán y Lorena Frías, pertenecientes a una familia de la tribu wichí, acusaron que la diputada formoseña Gabriela Neme los manipuló con falsas promesas para utilizarlos políticamente en medio de la campaña electoral en la previa de las elecciones del 29 de junio, en comunicación con Radio Formosa. Todo comenzó en un acto organizado en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de la Nación, donde esta familia atestiguó bajo las promesas de tratamientos médicos y controles de asistencia, pero terminaron siendo abandonados en Buenos Aires.
Ifrán y su esposa Frías relataron, en comunicación con medios locales, cómo llegaron a ser parte de los testigos que se presentaron a declarar en la sesión de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías de la Cámara de Diputados de Nación: “Gaby Neme nos llamó personalmente para ponerse a nuestra disposición y 'buscar justicia'”.
"Esa mujer es como un sargento dando órdenes. Hago esto para que la gente sepa cómo es su verdadera cara y sobre todo su verdadera intención, la de usar y manipular a la gente para quedarse con un puesto y derrocar al Gobierno de Formosa”, denunció Lorena a través de una entrevista con Radio Formosa.
“Ella (Neme) organizó el nuestro viaje y el de otro grupo de personas que también iba a declarar. Fuimos con lo puesto, porque la intención era volver al otro día, nos prometieron pagarnos los gastos, pero después protestaron por el precio del hotel y al final tuvimos que pagarlo nosotros. También prometieron ayudarnos con los estudios y exámenes médicos que Ismael necesitaba y tampoco hicieron nada al respecto. Nos abandonaron a la buena de Dios en Buenos Aires y sin un peso”, se lamentó posteriormente la denunciante.
Continuando con el relato, la familia aseguró que se contactaron con la diputada Lilia Lemoine, así como con la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Sabrina Ajmechet. Según explicaron, no pedían dinero, sino alimentos para colaborar con la familia que los acogió y les dio un techo, pero la respuesta fue negativa: “Nosotros desde el Congreso no tenemos posibilidad de conseguirte ese tipo de cosas, no podemos brindarte ayuda”. Minutos después de esa respuesta recibieron una llamada de Gabriela Neme, quien estaba "enfurecida" porque la familia de Ismael y Lorena estaba "molestando" a sus jefes políticos. Fue entonces cuando el maltrato de la diputada fue incrementándose y, con el fin de finalizar esa situación, Neme organizó una colecta entre sus colegas legisladores.
Mara Amarilla aportó 50.000 pesos, Patricio Evans participó con 30.000 pesos y Adrián Floro Bogado aportó otros 50.000 pesos. Entre los tres funcionarios libertarios juntaron 130000 pesos para que esta familia pueda subsistir durante un mes en Buenos Aires, según indicó la familia en Radio Formosa.
Cómo fue la reunión de la Comisión
Organismos de derechos humanos, exdetenidos, querellantes, abogados y referentes sociales de Formosa expresaron su repudio a tres diputados que integran la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de la Nación en la que participaron de un acto en un medio de comunicación local, en el que su dueño está vinculado con delitos de Lesa Humanidad de la última dictadura militar. Este hecho sucedió el pasado jueves en la provincia del norte.
La comitiva que viajó estuvo liderada por la presidenta de la comisión, la diputada del PRO Sabrina Ajmechet, y fue integrada por Lilia Lemoine, de La Libertad Avanza; Karina Banfi, de la UCR; María Cecilia Ibáñez, del MID; Marilú Quiróz, del PRO; y Gerardo González, de La Libertad Avanza. Esta actividad había sido votada dentro de la comisión y 30 de 33 integrantes votaron su rechazo a participar de la misma. Pese a este resultado, los integrantes de la Cámara alta se hicieron presentes lo que generó expresiones de repudio de distintos lugares. Expresamente, el comunicado de organismos fue acusado de “banalizar la lucha por los derechos humanos en plena campaña electoral”.
En un comunicado titulado “Buscar la paja en el ojo ajeno, con la viga en el propio", el colectivo formoseño señaló que quienes promueven esta iniciativa pertenecen a sectores políticos que “violan sistemáticamente los derechos humanos en el país”. Además, revelaron que solo tres de los 33 integrantes de la Comisión firmaron la propuesta, lo que refleja su falta de consenso y legitimidad.
Uno de los principales cuestionamientos apunta a que viajaron a recepcionar supuestas denuncias, pero paradójicamente se reunieron en un medio de comunicación cuyo propietario está vinculado con la última dictadura militar. Desde el colectivo expresaron que ese empresario mediático aparece mencionado en el Archivo del Terror de Paraguay y en el juicio de Automotores Orletti, como supuesto partícipe del secuestro y desaparición del médico paraguayo Agustín Goiburú, en el marco del Plan Cóndor.
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