Por decisión del Gobierno de Javier Milei, Formosa inició el año 2026 como una de las provincias que menos recursos nacionales recibe por habitante. Estos datos fueron dados a conocer por el INDEC y el sitio oficial Presupuesto Abierto de Argentina.gob.ar.
El informe señala que Formosa percibe $108.005 por habitante, cifra que la ubica apenas por encima de Chaco, la provincia que recibe el menor monto por persona. El mismo relevamiento muestra que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es la jurisdicción que más recursos nacionales recibe por habitante. El informe detalla que CABA percibe $616.333 por habitante, una cifra ampliamente superior a la de Formosa.
La comparación expone una marcada asimetría en la distribución de recursos entre las distintas jurisdicciones del país y evidencia la brecha existente entre el Área Metropolitana y las provincias del norte argentino. Cabe recordar, que la provincia de Formosa además de tener un bajo presupuesto de Nación aún reclama la deuda que el gobierno de Javier Milei tiene, y que representa un número $240 mil millones en coparticipación.
El impacto de las medidas del Gobierno nacional
La provincia de Formosa enfrenta un nuevo impacto económico tras los recientes aumentos en el precio del gas envasado, que oscilan entre el 16,9% y el 20%. Según relevamientos de la Defensoría del Pueblo local, este incremento afecta severamente a las familias que dependen exclusivamente de la garrafa ante la falta de acceso a la red de gas natural. En febrero de 2026, los valores ya superan los $16.000 en programas oficiales y alcanzan hasta los $22.000 en el interior provincial.
El defensor del Pueblo, José Leonardo Gialluca, calificó estas subas como injustificadas y criticó la política de desregulación del Gobierno nacional. Según el funcionario, la liberación de precios en bienes y servicios esenciales dificulta el acceso al gas, especialmente para los sectores más vulnerables. Esta postura es respaldada por la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA), que rechazó formalmente las medidas vigentes por considerar que favorecen a los grandes distribuidores.
La situación se ve agravada por el aumento de los combustibles y la ausencia de controles estatales, lo que deja el mercado del Gas Licuado de Petróleo (GLP) sujeto únicamente a la lógica de la oferta y la demanda. Esta falta de regulación profundiza las brechas de precios según la ubicación geográfica, y consolida un escenario de incertidumbre económica para miles de hogares formoseños que no cuentan con alternativas energéticas.
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