Dos ONG estadounidenses demandaron el miércoles al Gobierno de Trump, alegando que las sanciones impuestas a la Corte Penal Internacional violan las garantías constitucionales de libertad de expresión, después de que funcionarios estadounidenses lanzaran esta semana una campaña diplomática destinada a desmantelar el tribunal.
El presidente Donald Trump y otros políticos estadounidenses llevan tiempo afirmando que la Corte Penal Internacional (CPI) no debería tener autoridad para investigar ni juzgar a ciudadanos estadounidenses, en particular a miembros de las Fuerzas Armadas.
El lunes, el Gobierno declaró que la CPI suponía una amenaza para la soberanía de Estados Unidos y se comprometió a ampliar las sanciones, incluidas las prohibiciones de viaje para el personal de la CPI, al tiempo que aumentaba la presión diplomática sobre el tribunal con sede en La Haya, lo que provocó críticas por parte de los aliados europeos.
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En una demanda presentada ante un tribunal federal de Nueva York, Democracy for the Arab World Now ("Democracia para el Mundo Árabe Ya") y la Taxpayer Alliance Against Genocide ("Alianza de Contribuyentes Contra el Genocidio") intentaron bloquear el decreto de Trump de febrero de 2025, en virtud del cual se han impuesto sanciones a jueces y fiscales de la CPI, así como a grupos palestinos de derechos humanos que pidieron a la corte que investigara las denuncias de que EEUU e Israel podrían haber cometido crímenes de guerra durante la guerra en Gaza.
Las dos organizaciones no gubernamentales (ONG) estadounidenses afirman que se han abstenido de presentar alegaciones ante la CPI y de coordinar acciones de defensa con las personas afectadas por las sanciones —entre ellas, Francesca Albanese, relatora especial de Naciones Unidas para Palestina— por temor a multas y posibles penas de prisión, según una copia de su demanda a la que ha tenido acceso Reuters.
"El Gobierno de Trump está utilizando el contundente instrumento de las sanciones económicas no solo para castigar a los defensores de los derechos humanos, sino también para controlar la expresión política de millones de estadounidenses", afirmó Omar Shakir, director ejecutivo de Democracy for the Arab World Now, en un comunicado.
El Departamento de Estado respondió a una solicitud de comentarios afirmando que la demanda "pretende permitir una mayor extralimitación de la CPI".
"La CPI supone una amenaza intolerable para la soberanía de EEUU; reclama la autoridad para juzgar e incluso encarcelar a estadounidenses, así como a ciudadanos de países aliados de EEUU que, al igual que Estados Unidos, nunca han aceptado la jurisdicción de la CPI", señaló.
La oposición de Trump a la CPI se remonta a su primer mandato. Un decreto similar que Trump promulgó en 2020 fue bloqueado por un juez, quien consideró que probablemente violaba la Primera Enmienda, antes de ser derogado por el Gobierno del presidente Joe Biden en 2021.
LA UE Y LOS PAÍSES BAJOS RESPALDAN A LA CORTE
El año pasado, funcionarios de Trump pusieron en marcha una nueva iniciativa para sancionar a los funcionarios de la CPI después de que esta emitiera una orden de detención contra su aliado, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Tres jueces de la CPI han demandado por separado a la administración Trump por las sanciones.
En marzo de 2020, los fiscales de la CPI abrieron una investigación en Afganistán que incluía el análisis de posibles delitos cometidos por militares estadounidenses, pero desde 2021 ha restado prioridad al papel de EEUU y se ha centrado en los presuntos delitos cometidos por el Gobierno afgano y las fuerzas talibanas.
El tribunal, con sede en Países Bajos, no ha tomado ninguna medida para investigar al personal estadounidense en los últimos años. La UE reiteró el martes su apoyo a la CPI y afirmó que está comprometida con la lucha contra la impunidad.
"Los ataques o amenazas contra la Corte, los cargos electos, el personal o quienes cooperan con la Corte son sencillamente inaceptables. Y recordemos también que la CPI no tiene como objetivo a los Estados soberanos, ni constituye una amenaza para su soberanía", declaró el portavoz de la Comisión Europea, Anouar El Anouni, en una rueda de prensa.
El Ministerio de Asuntos Exteriores de Países Bajos señaló que los tribunales y cortes independientes deben poder llevar a cabo su mandato sin obstáculos. "Hemos tomado nota de las declaraciones de EEUU; la postura no es nueva, pero nos preocupa el endurecimiento del tono", indicó el ministerio en un comunicado a Reuters.
Con información de Reuters
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