ters) -Un juez federal dictaminó el miércoles que un esfuerzo del Gobierno de Trump para obligar a los estados a cooperar con la aplicación de la ley de inmigración con el fin de recibir miles de millones de dólares en ayuda de emergencia y desastres es ilegal e inconstitucional.
El juez de distrito William Smith en Providence, Rhode Island, se puso del lado de 20 estados liderados por demócratas y el Distrito de Columbia, que impugnaron las condiciones que el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) impuso a su capacidad para obtener fondos de subvención.
Estos estados interpusieron una demanda en mayo, alegando que el Departamento estaba utilizando ilegalmente fondos federales destinados a la preparación para emergencias y ayuda en caso de catástrofe para coaccionarlos a adherirse a la agenda de inmigración de línea dura del presidente republicano.
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El Departamento, que supervisa el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EEUU y la Agencia Federal para la Gestión de Emergencias, había argumentado que esas condiciones estaban justificadas porque se le había encomendado la tarea de hacer cumplir la ley federal de inmigración.
Pero Smith dijo que la política del Departamento era arbitraria y violaba la Constitución de EEUU, ya que imponía condiciones generales de inmigración a todas las subvenciones, independientemente de su finalidad estatutaria.
"Denegar esa financiación si los estados se niegan a cumplir unos requisitos vagos en materia de inmigración no les deja otra opción significativa, sobre todo cuando los presupuestos estatales ya están comprometidos", escribió.
La fiscal general de Nueva York, la demócrata Letitia James, aplaudió el fallo en una publicación en las redes sociales, diciendo que garantizaría que "el Departamento no pueda mantener como rehenes los fondos de ayuda por desastre que salvan vidas para avanzar en sus esfuerzos antiinmigración."
Tricia McLaughlin, portavoz del Departamento, dijo en un comunicado que las ciudades y los estados no deberían recibir financiación federal si "infringen la ley e impiden que detengamos a extranjeros criminales ilegales."
La decisión marcó la última victoria de los estados que impugnan los esfuerzos del Gobierno para imponer condiciones relacionadas con la inmigración en la financiación de subvenciones. En junio, otro juez de Rhode Island bloqueó una medida similar del Departamento de Transporte de Estados Unidos.
Las condiciones del Departamento de Seguridad Nacional se aplicaban a todas las subvenciones que administraba. Tras la presentación de la demanda, el Gobierno dijo que había decidido aplicarlas solo a un subconjunto de los programas de subvenciones.
Sin embargo, Smith, designado por el expresidente republicano George W. Bush, afirmó que el DHS nunca anuló formalmente la política, lo que significa que los estados seguirían sujetos a las condiciones impuestas a todas las subvenciones, incluidas las que el DHS aconsejaba no modificar.
Dijo que, como resultado, los estados "se enfrentan a un dilema: o certifican el cumplimiento de las políticas federales de inmigración impugnadas o se arriesgan a perder la financiación crítica de emergencia y ayuda en caso de desastre."
Con información de Reuters
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