En medio de una situación socioeconómica compleja impulsada por las políticas libertarias del Gobierno nacional, el gobierno de La Rioja anunció la suspensión de la 23° edición de la Feria del Libro de La Rioja, prevista entre el 2 y el 13 de julio del corriente año.
"Esta difícil decisión se enmarca en un escenario de ajuste sin precedentes, y que afecta gravemente a las provincias con recortes drásticos de fondos, caída de la coparticipación y eliminación de programas federales de financiamiento, todas herramientas esenciales para sostener las políticas públicas", publicaron desde la organización, en conjunto con el Gobierno provincial, a través de sus redes sociales.
Ante esta situación, desde el Estado provincial decidieron priorizar la prestación de servicios como salud, educación, seguridad y asistencia social, "pilares que garantizan la cohesión y el bienestar de la comunidad, sin que esto signifique ir en detrimento de un hecho cultural e identitario como la Feria del Libro".
"Es justamente por su relevancia que esta decisión refleja el profundo daño que provoca el actual escenario económico, que impide al Estado provincial sostener, en este momento, la inversión para iniciativas de esta magnitud que, además, conforman un espacio ineludible de referencia, pensamiento crítico y construcción colectiva", añadieron desde la organización.
Por último, el comunicado concluyó: "Desde el gobierno de La Rioja reafirmamos nuestro compromiso con la cultura como derecho, como trabajo y como herramienta de transformación social, y con la defensa inclaudicable de los espacios que fortalecen nuestra riojanidad. Seguiremos trabajando para que, apenas el contexto nacional así lo permita, la Feria del Libro vuelva a ocupar el lugar que le pertenece: un espacio de encuentro para todas y todos los riojanos".
La deuda de Nación con la provincia
Con una caída del 4,2% en las transferencias automáticas de recursos y una deuda millonaria acumulada por parte de Nación, la provincia denuncia una política que amenaza no solo sus finanzas, sino también el equilibrio federal del país, según indicaron desde medios locales.
Lejos de tratarse de aportes extraordinarios o discrecionales, los fondos que Nación adeuda forman parte de un régimen especial reconocido históricamente a La Rioja por su condición federal. No son ayudas ni favores políticos, sino recursos que le corresponden legalmente y que hoy están siendo retenidos en el marco de un ajuste que castiga especialmente a las provincias que se atreven a expresar su disconformidad.
Desde el inicio de la gestión de Javier Milei, La Rioja fue la primera en alzar la voz con claridad frente a un modelo de ajuste que, bajo la bandera del equilibrio financiero, está dejando sin recursos a las jurisdicciones del interior. Hoy, otras provincias comienzan también a denunciar este modelo centralista que desconoce los pactos federales sobre los que se sostiene el país.
A pesar del ahogo financiero, el gobierno provincial sostuvo con recursos propios el pago de salarios, la obra pública, las políticas sociales y el acompañamiento al sector productivo. Una muestra clara de gestión y responsabilidad que contrasta con el desinterés de la Casa Rosada por el impacto real que tienen sus decisiones en las provincias.
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