Según informó la Red Interuniversitaria de Derechos Humanos (RIDDHH) del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), cerca de 50 docentes investigadores e investigadoras de la Universidad Nacional de Formosa (UNaF) fueron denunciados de forma simultánea por "incompatibilidad ideológica" con las actuales autoridades universitarias, quienes se muestran cercanos al gobierno del presidente Javier Milei.
Para la RIDDHH, estos hechos no pueden analizarse de forma aislada, sino como parte de un "clima político general signado por el hostigamiento sistemático del gobierno nacional hacia las universidades públicas y el conjunto del sistema científico tecnológico". Del mismo modo, señalan que desde el inicio de su mandato, el presidente Milei sostuvo un discurso público en el que acusa a las universidades públicas de “adoctrinamiento”, “ineficiencia” y de ser “cajas políticas”, con el objetivo explícito de desprestigiarlas, recortar su financiamiento y condicionar el ejercicio libre de la docencia, la investigación y la extensión.
Bajo la visión de este documento, el caso de Formosa expone con crudeza esa lógica: “La judicialización del trabajo docente y la investigación, bajo la figura de un ‘juicio académico colectivo’, constituye un acto de amedrentamiento que busca generar miedo, inhibir la libertad de cátedra y la participación democrática en el ámbito universitario”.
Desde el organismo interuniversitario advirtieron además que estas prácticas ponen en riesgo no sólo la estabilidad laboral y profesional de los docentes afectados, sino también principios fundacionales del sistema universitario argentino, como la autonomía universitaria, la libertad académica y el cogobierno democrático, consagrado en la Constitución nacional y en la Ley de Educación Superior N° 24.521.
Asimismo, remarcaron que la situación adquiere mayor gravedad en un contexto nacional de desfinanciamiento de la educación superior y del sistema científico-tecnológico, recorte de derechos laborales y ataques sistemáticos a la función crítica de las universidades. “La producción libre, crítica y autónoma de conocimiento está siendo sometida a lógicas punitivas que buscan silenciar la pluralidad de voces en las aulas”, subrayó el documento.
Finalmente, desde la RIDDHH se expresó un fuerte respaldo a los docentes e investigadores afectados, y se convocó a toda la comunidad universitaria a mantenerse alerta frente a estas prácticas de disciplinamiento ideológico. “No podemos permitir que el miedo reemplace al debate y a la participación plural”, concluyó el documento.
Los docentes denuncian "persecuciones muy fuertes"
Mónica Daldovo, doctora en Ciencias Sociales y docente ordinaria en la Universidad Nacional de Formosa, agradeció el respaldo que recibieron por parte de la RIDDHH. En ese marco, en comunicación con el portal Agenfor, aseguró que esta persecución es el "corolario de una serie de irregularidades y de una profunda crisis institucional que atraviesa la UNaF".
Bajo esta línea, añadió: “Somos 50 docentes con concurso público abierto y de antecedentes, todos con títulos de posgrado, todos somos docentes investigadores, es decir, tenemos publicaciones, somos docentes que hemos dedicado nuestra vida a la Universidad Nacional de Formosa”.
Sostuvo que el grupo de docentes sometido a juicio académico es el que lucha por resguardar la institucionalidad de la UNAF, mientras que la conducción violó normas, la Ley de Educación Superior e incluso, la Constitución Nacional, con aval judicial.
“Esta declaración de la Red Interinstitucional de Derechos Humanos es la respuesta contundente de todas las universidades y del sistema universitario argentino", enfatizó al recordar que el CIN está compuesto por dos bloques: el de rectores peronistas y el de rectores reformistas. En ese sentido, consideró muy importante que “ninguno de los dos bloques está de acuerdo con esa postura del rector de la universidad".
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