La situación judicial del senador nacional por Formosa Francisco Paoltroni se volvió cada vez más complicada en las últimas semanas. La Justicia Federal y la Justicia de Formosa avanzaron con embargos sobre sus ingresos, bienes personales y empresas vinculadas, en causas donde se lo investiga por presunto fraude bancario y desmontes ilegales. El Senado de la Nación ya fue notificado oficialmente de las medidas, que apuntan al patrimonio del legislador que llegó a la Cámara alta por La Libertad Avanza.
En el fuero federal, la causa principal tramita en el Juzgado Federal N.º 2, a cargo de la jueza Belén López Macé, que dispuso un embargo por 134 millones de pesos. De acuerdo con la denuncia, empresas ligadas a Paoltroni habrían librado cheques que luego fueron desconocidos.
El abogado formoseño Luis Zapiola, querellante en la causa, describió la maniobra como “un fraude clásico”: se emite el cheque y posteriormente se ordena su no pago. “Es un viejo truco de empresarios inescrupulosos”, sostuvo, y añadió que en algunos casos los valores son denunciados como extraviados o robados. “Estamos hablando de cifras millonarias; que haya un embargo es absolutamente razonable”, remarcó.
Al frente judicial por presunto fraude se suma un segundo capítulo, vinculado al daño ambiental por desmontes sin autorización. La provincia, a través de la Fiscalía de Estado, impulsó la ejecución de multas aplicadas por el Ministerio de la Producción y Ambiente a firmas relacionadas con Paoltroni, como CSI S.R.L., El Divisadero S.R.L., CONAGRI S.A. y Agroindustria S.R.L. Según los expedientes, las sanciones responden a desmontes ilegales de más de 900 hectáreas en zonas rurales cercanas a Ibarreta, Estanislao del Campo y Subteniente Perín.
Hasta el momento se ejecutaron multas por 104 millones de pesos, pero fuentes con acceso a los expedientes señalan que se trata solo de una parte del total: el área afectada por desmontes irregulares superaría las 2.200 hectáreas, por lo que se esperan nuevas decisiones judiciales en el corto plazo. Es decir, el monto económico bajo discusión podría incrementarse de forma significativa si se ejecutan el resto de las sanciones.
El ministro de la Producción y Ambiente, Lucas Rodríguez, explicó que las irregularidades se detectaron a partir de un sistema de alerta temprana que utiliza imágenes satelitales para monitorear cambios en la cobertura forestal. Las empresas fueron notificadas para ejercer su derecho a defensa, pero, según indicó el funcionario, “no hubo respuesta alguna”.
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Zapiola también fue crítico en este punto: “Actuó sin pedir permiso, sin reconocer autoridad. No contestó inspecciones, no respondió actas, y la consecuencia fue la ejecución”. Para el abogado, este tipo de conductas muestra un “desprecio por la norma” que termina generando un daño ambiental cuyos costos, advirtió, “los pagarán las futuras generaciones”.
El caso de Paoltroni no es aislado: el intendente libertario de Las Lomitas, Atilio Basualdo, también enfrenta una causa por presuntos desmontes ilegales, lo que suma presión política y judicial sobre el espacio que ambos integran en la provincia.
Las sospechas sobre el senador no se agotan en los embargos y las multas ambientales. El ministro Rodríguez mencionó la existencia de un presunto circuito de compra informal de hacienda que habría impulsado un crecimiento patrimonial “exponencial”. Registros oficiales muestran que, entre 2017 y 2024, el stock ganadero a nombre de Paoltroni pasó de 141 a 3.390 cabezas, un salto superior al 2300 %, que el funcionario calificó como “sorprendente incluso dentro del sector”.
De acuerdo con las denuncias, el esquema bajo investigación habría funcionado mediante la compra de animales sin documentación a pequeños criadores de la zona centro-oeste de Formosa, pagados por debajo del precio de mercado, para luego “blanquearlos” y venderlos en remates. En caso de comprobarse estas maniobras, podrían abrirse nuevas líneas de investigación por evasión fiscal y lavado de activos.
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