Cuando el juez de distrito James Boasberg dictaminó en abril que los funcionarios del Gobierno de Donald Trump podrían enfrentarse a cargos penales por desacato por deportar a migrantes desafiando una orden judicial, la reacción fue inmediata.
Los partidarios del presidente desataron una oleada de amenazas y mensajes agresivos, y no solo contra el juez. Algunos pusieron en la diana al hermano de Boasberg, otros a su hija, y algunos pidieron la detención o ejecución de la familia.
La familia del juez de distrito John McConnell sufrió amenazas similares después de que dictaminó que el presidente Donald Trump se extralimitó en su autoridad al congelar las subvenciones para la educación y otros servicios.
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La provocadora de extrema derecha Laura Loomer tuiteó una foto de la hija del juez, que había trabajado en el Departamento de Educación de Estados Unidos como asesora política, y acusó a McConnell de proteger su sueldo. El multimillonario Elon Musk amplificó la publicación a sus 219 millones de seguidores en X. Ninguno mencionó que la hija había dejado su trabajo antes de la toma de posesión de Trump.
Loomer continuó con sus ataques en nueve mensajes más en los días siguientes y más de 600 llamadas y correos electrónicos inundaron el juzgado de McConnell en Rhode Island, incluyendo amenazas de muerte y mensajes amenazantes burlándose de su familia, según un secretario judicial y otra persona familiarizada con las comunicaciones.
Boasberg y McConnell se encuentran entre al menos 11 jueces federales cuyas familias han enfrentado amenazas de violencia o acoso después de que fallaron en contra de la nueva administración Trump, según una investigación de Reuters.
Las andanadas son parte de una campaña de intimidación dirigida a los jueces federales que se han interpuesto en el camino de Trump para ampliar drásticamente la autoridad presidencial y recortar la burocracia federal. Mientras Trump y sus aliados piden la destitución de los jueces o los atacan como enemigos políticos de la "izquierda radical", las familias de los jueces están siendo apuntadas para el acoso.
Desde que Trump regresó al poder en enero, al menos 60 jueces o tribunales de apelaciones han frenado o bloqueado algunas de las iniciativas de su administración.
Reuters habló con una decena de jueces federales que plantearon su preocupación por la seguridad de sus propias familias o de los parientes de colegas que llevan casos relacionados con Trump. Entre ellos había juristas nombrados tanto por presidentes republicanos como demócratas.
La mayoría solicitó el anonimato, por la posibilidad de inflamar aún más el ambiente o que se ponga en duda su imparcialidad. Además se obtuvo información de registros legales y entrevistas con media decena de funcionarios involucrados en la seguridad de los tribunales.
Las amenazas contra los jueces y sus familias "son, en última instancia, amenazas al Gobierno constitucional. Es tan sencillo como eso", dijo en una entrevista el juez de circuito Richard Sullivan, que preside un comité de seguridad para el brazo político del poder judicial federal.
El poder judicial ha surgido como una poderosa restricción para una serie de iniciativas de Trump, desde el desmantelamiento de agencias gubernamentales hasta la deportación de migrantes y la intimidación a bufetes de abogados.
Mientras la Casa Blanca de Trump amenaza con desoír algunas órdenes judiciales, los juristas advierten que el país podría estar ya en una crisis constitucional.
La Casa Blanca ha dicho que los jueces son los que se extralimitan, no el presidente, pero que las amenazas contra el poder judicial son "inaceptables".
"Nadie se toma las amenazas a la seguridad más en serio que el presidente Trump, un líder que ha sobrevivido no a uno, sino a dos intentos de asesinato", dijo el portavoz de la Casa Blanca, Harrison Fields, en respuesta a preguntas para este reportaje. "La seguridad de cada estadounidense es su máxima prioridad, y cualquiera que ponga en peligro esa seguridad será procesado con todo el peso de la ley".
Reuters identificó más de 600 publicaciones en redes sociales y tableros de mensajes de derecha desde febrero dirigidas a familiares de jueces que fallaron en contra de la administración Trump. Los comentaristas atacaron todo, desde su apariencia física hasta su patriotismo.
Amplificados en X y otras plataformas por algunos de los aliados más prominentes de Trump, incluido Musk, los mensajes han sido vistos más de 200 millones de veces. Al menos 70 mensajes llamaban explícitamente a la violencia contra los familiares de los jueces, represalias o la detención.
Otras amenazas o mensajes amenazadores se hicieron directamente en llamadas y correos electrónicos a los tribunales o a los hogares de los jueces y sus familiares, según los registros judiciales y las entrevistas con funcionarios estadounidenses involucrados en la seguridad judicial.
Algunas de las intimidaciones adoptan una forma novedosa: se envían pizzas de forma anónima a los domicilios de los jueces y sus familiares, lo que las autoridades consideran una advertencia de "sabemos dónde vives".
Enfrentado a más de 200 demandas que cuestionan la legalidad de sus iniciativas, Trump y sus aliados han atacado a los jueces como "corruptos", "conflictivos" y "canallas", entre otros términos.
"No podemos permitir que un puñado de jueces comunistas de izquierda radical obstruyan la aplicación de nuestras leyes y asuman las funciones que corresponden únicamente al presidente de Estados Unidos", dijo Trump en un mitin el martes.
En marzo, Trump pidió la destitución de un juez, lo que provocó la reprimenda del presidente de la Corte Suprema, John Roberts. Jueces y expertos legales dicen que tales ataques ponen en peligro la independencia judicial que sustenta el orden constitucional democrático de Estados Unidos y podrían inspirar la violencia.
"Los ataques no son aleatorios. Parecen diseñados para intimidar a aquellos de nosotros que servimos en esta capacidad crítica", dijo el jueves la jueza de la Corte Suprema de Estados Unidos Ketanji Brown Jackson en una conferencia de jueces en Puerto Rico.
Reuters examinó cientos de mensajes y comentarios que llegaron a millones de personas a través de casi una docena de plataformas en línea, incluyendo X, propiedad de Musk, y sitios web de extrema derecha como Gateway Pundit y Patriots.win. El examen identificó peticiones de despido, detención o asesinato de al menos 51 jueces federales.
Todos esos jueces llevaban casos relacionados con el nuevo Gobierno de Trump. Las publicaciones y comentarios a menudo se hacían eco del lenguaje de Trump, describiendo a los jueces como "radicales", "izquierdistas" o "activistas".
(Contribución de Joseph Tanfani y Luc Cohen. Edición en español de Javier López de Lérida)
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