En el marco de una audiencia pública convocada por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), representantes de organismos públicos, empresas y gobiernos provinciales, como La Rioja, debatieron la solicitud presentada por la firma Vicuña para acceder a infraestructura eléctrica destinada al abastecimiento del proyecto minero Josemaría.
Durante la exposición, el secretario de Energía riojano, Alfredo Pedrali, reiteró la postura contraria del Gobierno provincial, para preservar el recurso energético, y anticipó que, en caso de una resolución favorable a la empresa, se avanzará por las vías administrativas y judiciales correspondientes.
La discusión gira en torno al acceso a la capacidad de transporte eléctrico y a la ampliación del sistema requerida para la conexión energética del emprendimiento. Este dato es clave, porque la iniciativa contempla la construcción de una nueva Estación Transformadora (ET) Chaparro y una línea de Extra Alta Tensión de 500 kV que se extendería a lo largo de 167 kilómetros desde la ET Rodeo.
La preocupación de La Rioja
Al fundamentar la posición provincial, Pedrali recordó que la infraestructura involucrada forma parte de la denominada "Línea Minera", un corredor energético concebido por el Estado nacional para integrar a las provincias cordilleranas y financiado en gran medida mediante el Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal (FFTEF), integrado por aportes de todas las jurisdicciones del país.
Uno de los principales cuestionamientos de La Rioja está vinculado a la utilización de la Estación Transformadora Rodeo para enlazarla con la futura ET Chaparro. Según explicó el funcionario, esa decisión podría impedir la interconexión de 500 kV que la provincia proyecta para vincular los sistemas eléctricos del NOA con los de Cuyo y Comahue.
Pedrali sostuvo que esa situación generaría una "desigualdad manifiesta" para La Rioja y manifestó además su rechazo al plazo de prioridad solicitado por la empresa, que se extendería por 25 años.
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En ese sentido, la provincia solicitó que el ENRE disponga la reserva de una "calle en la playa de 500 kV" dentro de la futura ET Chaparro, con el objetivo de garantizar una futura conexión hacia el sur riojano, que atraviesa Villa Unión y Alto Jagüé.
Finalmente, el titular de Energía provincial dejó asentado que, si el organismo regulador resuelve favorablemente el pedido de la empresa en los próximos 30 días, La Rioja recurrirá a las instancias administrativas y judiciales que correspondan.
La posición de la empresa
La defensa de la iniciativa estuvo a cargo del gerente de Energía de Vicuña, Adriel Rizzato Lede, quien aseguró que los estudios técnicos cuentan con la aprobación de Transener, Cammesa y el propio ENRE.
El representante de la compañía afirmó que la prioridad solicitada se limita exclusivamente a la nueva capacidad que se generaría con la energización en 500 kV y remarcó que la totalidad de los costos de las obras serán afrontados por la empresa.
Objeciones y condicionamientos
Durante la audiencia también expusieron otros actores vinculados al sector energético y minero. El vicepresidente del Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE) de San Juan, Roberto Ferrero, condicionó su conformidad a la firma de los acuerdos de mitigación contemplados en la legislación provincial y pidió que la capacidad excedente quede disponible para otros proyectos mineros de esa provincia.
Asimismo, recordó que compañías como Barrick, Gualcamayo y Casposo realizaron aportes por 133,8 millones de dólares en el marco de dicha normativa y consideró que permitir el uso de la infraestructura sin asumir costos equivalentes afectaría el principio de igualdad ante la ley.
Por su parte, representantes de Los Azules, Hualilán, Gualcamayo y Barrick formularon observaciones de carácter técnico, legal y regulatorio, al cuestionar la ausencia de auditorías sobre los cálculos de capacidad y una posible afectación al principio de acceso abierto al sistema.
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