Tras el discurso del presidente Javier Milei en el que anunció el envío al Congreso de un proyecto de Ley de Periglaciares, en La Rioja se encendieron las alarmas, tanto en el Gobierno provincial como en el sector minero y ambientalista. La iniciativa apunta a modificar la normativa vigente para redefinir qué zonas de alta montaña serán consideradas protegidas y cuáles podrán habilitarse para actividades extractivas, como el Cordón de Famatina.
El objetivo del proyecto del Gobierno nacional es flexibilizar la actual Ley de Glaciares y permitir el avance de proyectos de explotación de litio, cobre, oro y tierras raras. Además, el mandatario cuestionó a los sectores ambientalistas, a quienes acusó de "preferir que uno se muera de hambre antes que producir" en pleno acto en Corrientes.
El discurso generó una fuerte reacción de organizaciones socioambientales, investigadores y asambleas ciudadanas en todo el país. Además, la férrea sospecha de que el proyecto no tendrá como objetivo la creación de empleo genuino en las regiones donde se realice la minería y ni que la provincia pueda quedarse con parte de la riqueza extraída.
Una minería ambientalista, federal y responsable
El proyecto de Nación podría afectar directamente el Cordón del Famatina, un símbolo de resistencia histórica en La Rioja que posee ecosistemas esenciales como los ambientes periglaciales y glaciares de escombros, que son fundamentales para la regulación y el abastecimiento de agua a todos los pueblos de la región.
Organizaciones riojanas advierten que cualquier modificación a la ley actual que reduzca la protección o permita a cada provincia redefinir el concepto de "zona periglacial" pondría en riesgo este reservorio natural, abriendo la puerta a proyectos extractivos que han sido rechazados repetidamente por la población local, lo que inevitablemente afectaría la vida de toda la zona.
Por el contrario, en el mes de octubre la provincia de La Rioja creó el Observatorio Participativo Ambiental y Minero, un organismo que funciona en el ámbito del Ministerio de Producción y Ambiente. Impulsado por bloques del Partido Justicialista y del Norte Grande, su propósito principal es generar un espacio multisectorial y participativo para promover el debate y la reflexión sobre la actividad minera en la provincia.
Este organismo está integrado por un equipo interdisciplinario compuesto por especialistas, académicos e investigadores de universidades nacionales y provinciales, además de contar con representantes de organizaciones de la sociedad civil vinculadas a la temática.
Políticas públicas aplicadas en la creación de empleo
Como contracara del proyecto de Nación, la provincia aprobó en la Cámara de Diputados de La Rioja en junio la Ley de Desarrollo de Proveedores Mineros y Mano de Obra Riojana, una normativa fundamental para la protección que busca consolidar un modelo de minería sostenible, inclusivo y con perspectiva de género, que además prioriza la contratación local.
La ley estableció un esquema de contratación preferente para empresas y personas riojanas, que además promueve un encadenamiento productivo que fomente el desarrollo territorial y el empleo genuino. Además, exige a los proveedores mineros locales contar con domicilio real y fiscal en La Rioja y tener al menos el 80% de sus trabajadores residentes en la provincia. A su vez, las empresas mineras están obligadas a contratar un mínimo del 70% de su personal y proveedores dentro del territorio riojano.
Para regular y fortalecer el ecosistema minero, la ley establece un sistema de "anillos de contratación" que prioriza progresivamente a proveedores y trabajadores desde el departamento del emprendimiento, pasando por la región, hasta el resto de la provincia. Complementariamente, se creará el Registro Provincial de Proveedores de Empresas Mineras (REPEM) para asegurar la transparencia y el control ciudadano. La normativa también incorpora incentivos fiscales y financieros para las empresas que superen los mínimos de contratación local y promuevan la equidad de género (más del 20% de participación femenina) o la inclusión de jóvenes.
Si bien el anuncio de Milei puede parecer atractivo en un principio para el ingreso de inversiones, basado en los antecedentes de desregulación, nada garantizaría que las provincias se queden con un porcentaje de lo extraído, que se preservaría el medioambiente y la generación de empleo local. Es por ello que la provincia se manifestó para sostener los logros conseguidos en los últimos años por el Gobierno de Quintela que tan importantes son para la provincia.
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