El Juzgado Federal N°1 de Formosa hizo lugar a una medida cautelar presentada por la Fundación Padres Unidos por el Dolor, el Sindicato de Camioneros y la Asociación de Transportadores de Hacienda, quienes solicitaron la reparación urgente de las Rutas Nacionales 11, 81, 86 y 95 en territorio provincial. La demanda estuvo patrocinada por el Defensor del Pueblo de Formosa y apuntó directamente contra la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) por incumplimiento de sus obligaciones legales de mantenimiento.
El juez ordenó a la DNV que, en un plazo de 90 días, ejecute trabajos de bacheo, sellado de grietas y limpieza de banquinas en tramos específicos de las rutas mencionadas, además de presentar un informe que acredite el cumplimiento de la medida. Entre los puntos más críticos denunciados se encuentra el Puente Blanco, cuya estructura, según consta en el expediente, presenta hundimiento y socavamiento, y ha sido escenario de siniestros viales con víctimas fatales.
En su presentación, los actores argumentaron que el estado de las rutas representa una amenaza directa al derecho a la vida, la seguridad vial, la salud y el trabajo. "En este estado de la situación, a priori entiendo que no se brinda la seguridad necesaria de los usuarios de las rutas, configurando una amenaza para la seguridad vial y un claro riesgo para la vida de las personas que transitan por ellas", detalla el documento.
También detallaron el impacto económico que provoca el deterioro de la infraestructura en el transporte de mercancías, el turismo y el acceso a servicios esenciales. La falta de mantenimiento, añadieron, generó múltiples accidentes y daños materiales a los vehículos que circulan por esas vías.
El fallo se enmarca en un contexto de fuerte ajuste fiscal por parte del Gobierno nacional, que paralizó gran parte de la obra pública en todo el país. La eliminación de fondos destinados a infraestructura vial provocó una creciente preocupación en las provincias, donde se multiplican los reclamos por rutas intransitables y riesgosas.
La resolución sostiene que el Poder Judicial no incurre en una intromisión indebida en funciones administrativas, sino que exige el cumplimiento de mandatos legales ya vigentes. La Dirección Nacional de Vialidad, como órgano responsable, deberá actuar en los plazos establecidos para evitar daños mayores y garantizar condiciones mínimas de seguridad en la red vial nacional.
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