En la segunda sesión de Convencionales Constituyentes de Formosa que se llevó adelante este miércoles, el cuerpo de representantes del pueblo formoseño consolidó modificaciones centrales al texto Constitucional provincial. Entre los principales cambios, se destacan la modificación del artículo 23, que ahora garantiza una vía rápida de amparo ante la vulneración de derechos a los criterios de la Constitución Nacional, y la actualización del artículo 24, que asegura el reconocimiento pleno de la identidad y establece un Registro Civil unificado en todo el territorio provincial.
Frente a la reforma del articulo, la convencional constituyente del Modelo Formoseño, Valeria Méndez, expresó en pleno debate del recinto: “Actualizar y adecuar la regulación de recursos de amparo, a los estándares establecidos por nuestra Constitución nacional. La redacción actual del artículo 23, fue innovadora en su momento, pero hoy resulta restrictiva y parcial”.
Asimismo, Méndez agregó: “En la modificación del artículo 24 se agregaría el derecho a la identidad. Es un artículo profundo en su contenido y vital en su significado. Cuando hablamos de identidad, no solo hablamos de una inscripción en un registro, sino que hablamos de la esencia del ser humano. Hablamos de ser reconocidos como sujetos de derechos. Con nombre, vínculos, derechos civiles, políticos y sociales, pero sobre todo hablamos de historia”.
Junto a estas modificaciones, se incorporaron dos nuevos artículos al capítulo de Declaraciones, Derechos y Garantías. Uno de ellos reconoce los derechos de las víctimas de delitos, garantizando trato digno, respeto y protección de su intimidad e información sensible durante todo el proceso penal.
Se consolida la perspectiva ambiental
En el intenso debate desarrolla en la Legislatura provincial, la Convención también incorporó un nuevo capítulo a la Constitución, titulado “Régimen Ambiental”, y modificó el artículo 38, ampliando el marco normativo en materia ecológica. Ambas propuestas fueron presentadas por la Comisión de Regímenes de Desarrollo Humano, Económico, Financiero, Ambiental, Educativo, Cultural, Ciencia y Tecnología.
Entre los artículos del nuevo capítulo ambiental, se destacó el derecho de todas las personas a acceder al agua en cantidad suficiente, en condiciones aptas para el consumo y a un valor asequible. También se establece que el Estado provincial de Formosa deberá garantizar políticas sostenibles para el manejo de los recursos hídricos, en coordinación con la Nación, especialmente en lo referido al ingreso de aguas internacionales del río Pilcomayo.
Además, se contempla la creación de parques, zonas de reserva y áreas protegidas bajo normativa provincial, y se reafirma el derecho de Formosa a participar en la gestión de los parques nacionales ubicados en su territorio, en coordinación con el Gobierno nacional.
Otro de los artículos incorporados prohíbe expresamente que normas nacionales sobre presupuestos mínimos ambientales excedan las competencias delegadas por las provincias al Estado federal. La cláusula establece que no se admitirán disposiciones que restrinjan derechos provinciales o afecten la jurisdicción local bajo el argumento de proteger el ambiente.
Desde una postura crítica, el convencional Pablo Miguez manifestó su desacuerdo con esta incorporación y encendió polémicas sobre desacreditar la presencia del Estado, fiel a la doctrina de La Libertad Avanza: “Creemos que el Estado tiene que ser lo más chico posible”.
Otro avance significativo fue la incorporación del derecho al hábeas data, que permite a los ciudadanos acceder, rectificar o suprimir sus datos personales, además de resguardar el secreto de las fuentes periodísticas. “El hábeas data es mucho más que una garantía individual. Es una herramienta de protección, en un tiempo en que los datos personales son el nuevo oro digital. Su resguardo constitucional representa un acto de autonomía personal”, señaló la convencional Grissel Insfrán.
En relación con el artículo 38, también propuesto por la misma comisión, se introdujeron modificaciones para actualizar el enfoque sobre el derecho a un ambiente sano. El nuevo texto no solo reafirma ese derecho, sino que establece la obligación del Estado provincial de proteger la biodiversidad, garantizar el uso sostenible de los recursos naturales, prevenir la contaminación del agua, el aire y los suelos, y fomentar la educación y la concientización ambiental. Asimismo, se prohíbe la realización de pruebas nucleares y el almacenamiento de uranio u otros materiales radiactivos, salvo en casos autorizados por normativa nacional relacionada con la investigación, la salud o el desarrollo industrial.
En el marco del debate, el convencional Rodrigo Vera remarcó: “Debemos cuidar los recursos naturales para el aprovechamiento de las generaciones presentes y de las futuras. Además incluyendo la cuestión social, porque cada vez que hay daño ambiental, ese daño afecta desproporcionadamente a las personas más humildes. Debemos cuidar nuestra casa común. Esa casa común, que es el medio ambiente, es responsabilidad de los ciudadanos y de los Estados”.
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