El 9 de septiembre, Formosa concluyó uno de los procesos institucionales más relevantes de su historia reciente con la sanción de una nueva Constitución provincial, fruto de un extenso debate político, jurídico y social. La Convención Constituyente dio cierre formal a la reforma con un texto que introduce cambios estructurales en materia de derechos, organización del Estado, régimen político y administración económica, y que fue promulgado y jurado oficialmente el 10 de septiembre, en un acto encabezado por el gobernador Gildo Insfrán.
El camino hacia la reforma comenzó en octubre de 2024, cuando el Poder Ejecutivo provincial impulsó la necesidad de actualizar la Carta Magna. El proyecto fue aprobado por la Legislatura con 20 votos afirmativos y 10 negativos, y derivó en la convocatoria a elecciones constituyentes, realizadas el 29 de junio de 2025. En esos comicios, el oficialismo obtuvo un contundente respaldo electoral con el 67,25% de los votos, lo que le permitió conducir el proceso de reforma con mayoría propia en la Convención.
El proceso de reforma se desarrolló a lo largo de 14 plenarios de la Convención Constituyente y derivó en una profunda actualización del texto constitucional. La nueva Carta Magna amplía su estructura: pasa de cinco a diez partes, lo que permite una organización más clara y sistemática de los contenidos. En ese marco, los capítulos aumentaron de 27 a 31 y la cantidad de artículos se elevó de 189 a 220, como resultado de la incorporación, modificación o reemplazo de casi 90 artículos respecto de la Constitución anterior.
La presidenta del cuerpo constituyente, Graciela de La Rosa, destacó que el resultado final es “una Constitución moderna, con una fuerte impronta social, que marcará el rumbo de la provincia durante las próximas décadas”.
Los principales cambios en la Constitución
Uno de los puntos centrales de la reforma fue la limitación a la reelección del gobernador y vicegobernador, quienes a partir de ahora podrán ejercer un solo mandato consecutivo y deberán esperar un período para volver a postularse, en línea con el criterio de la Constitución Nacional. Una cláusula transitoria establece que el mandato actual cuenta como primer período, lo que mantiene abierto el debate político de cara a 2027.
La nueva Constitución también reconoce a los partidos políticos como instituciones fundamentales del sistema democrático y garantiza la paridad de género en las candidaturas legislativas, consolidando un enfoque de igualdad real en el acceso a la representación política.
En materia de justicia, se constitucionalizó el Consejo de la Magistratura, se reorganizó el Ministerio Público como órgano autónomo, se fijaron límites de edad para jueces y fiscales y se modificó la integración del Superior Tribunal de Justicia. Además, se introdujeron cambios en el Tribunal de Cuentas, ampliando los perfiles profesionales habilitados y estableciendo mandatos con reelección limitada.
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En el plano económico, la reforma fijó límites estrictos al endeudamiento público, que solo podrá destinarse a infraestructura o situaciones de catástrofe, y cuyo servicio no podrá superar el 3% de los ingresos por coparticipación. También se incorporó la obligación constitucional del equilibrio fiscal, en una provincia que acumula más de dos décadas de superávit.
Se modernizó el régimen económico con disposiciones sobre soberanía alimentaria, regulación de tierras y protección de cooperativas e industrias culturales. A su vez, se incorporó un capítulo específico sobre seguridad pública, con una concepción integral que articula prevención, participación ciudadana y políticas sociales.
El nuevo texto da un salto significativo en materia de derechos de cuarta generación: reconoce el acceso universal a internet como derecho humano, la protección de datos genéticos y biomédicos, la regulación de tecnologías emergentes como la inteligencia artificial y la biotecnología, y el habeas data genético. Con estas incorporaciones, Formosa se convierte en la primera provincia del país en otorgar rango constitucional a los derechos digitales y a la soberanía tecnológica.
También se amplió el derecho a la salud con cobertura integral, cuidados paliativos y medicamentos esenciales; se reconoció la actividad física y el deporte como derechos humanos; y se reforzaron las garantías para adultos mayores, personas con discapacidad y consumidores, incluyendo protecciones frente a la violencia laboral y la discriminación.
Otro punto clave fue la reforma del artículo 32, que regula la intervención federal. A partir de ahora, la provincia podrá reclamar reparaciones por perjuicios ocasionados y se prohíbe expresamente que un interventor contraiga deudas que comprometan el patrimonio provincial. Asimismo, se fortaleció la defensa de los recursos naturales, con disposiciones específicas sobre el Bañado La Estrella, los bosques y el uso del agua.
Con la sanción de esta nueva Carta Magna, Formosa inaugura una etapa institucional que combina paridad, equidad, sostenibilidad y modernización, en un contexto nacional marcado por el ajuste impulsado por el gobierno de Javier Milei.
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