Tras la reciente denuncia a cerca de 50 docentes investigadores e investigadoras de la Universidad Nacional de Formosa (UNaF) por "incompatibilidad ideológica", las repercusiones de distintos sectores de la provincia no se hicieron esperar en repudio a la decisión de las autoridades educativas. Entre las más destacadas, la Universidad Provincial de Laguna Blanca (UPLaB) expresó su solidaridad con los denunciados.
La UPLaB, como miembro del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) adhirió en pleno a la declaración de la Red Interuniversitaria de Derechos Humanos (RIDDHH) del CIN sobre los hechos sucedidos recientemente en la UNaF: “Reafirmamos que el libre ejercicio de la docencia, la extensión y la investigación no puede ni debe ser condicionado por lógicas punitivas ni por intentos de disciplinamiento ideológico”.
En este sentido, dejaron en clara su solidaridad con los docentes de la UNaF sometidos a juicio académico, en tiempos “donde se cuestiona el rol de las universidades, se recortan presupuestos y se pretende deslegitimar la función crítica de la educación superior”.
La denuncia por persecución
Para la RIDDHH, estos hechos no pueden analizarse de forma aislada, sino como parte de un "clima político general signado por el hostigamiento sistemático del gobierno nacional hacia las universidades públicas y el conjunto del sistema científico tecnológico". Del mismo modo, señalan que desde el inicio de su mandato, el presidente Milei sostuvo un discurso público en el que acusa a las universidades públicas de “adoctrinamiento”, “ineficiencia” y de ser “cajas políticas”, con el objetivo explícito de desprestigiarlas, recortar su financiamiento y condicionar el ejercicio libre de la docencia, la investigación y la extensión.
Bajo la visión de este documento, el caso de Formosa expone con crudeza esa lógica: “La judicialización del trabajo docente y la investigación, bajo la figura de un ‘juicio académico colectivo’, constituye un acto de amedrentamiento que busca generar miedo, inhibir la libertad de cátedra y la participación democrática en el ámbito universitario”.
Desde el organismo interuniversitario advirtieron además que estas prácticas ponen en riesgo no sólo la estabilidad laboral y profesional de los docentes afectados, sino también principios fundacionales del sistema universitario argentino, como la autonomía universitaria, la libertad académica y el cogobierno democrático, consagrado en la Constitución nacional y en la Ley de Educación Superior N° 24.521.
Asimismo, remarcaron que la situación adquiere mayor gravedad en un contexto nacional de desfinanciamiento de la educación superior y del sistema científico-tecnológico, recorte de derechos laborales y ataques sistemáticos a la función crítica de las universidades. “La producción libre, crítica y autónoma de conocimiento está siendo sometida a lógicas punitivas que buscan silenciar la pluralidad de voces en las aulas”, subrayó el documento.
Finalmente, desde la RIDDHH se expresó un fuerte respaldo a los docentes e investigadores afectados, y se convocó a toda la comunidad universitaria a mantenerse alerta frente a estas prácticas de disciplinamiento ideológico. “No podemos permitir que el miedo reemplace al debate y a la participación plural”, concluyó el documento.
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