Los efectos del desfinanciamiento y los recortes del Gobierno nacional, conducido por Javier Milei, impactan en la seguridad de las rutas nacionales. En Formosa, el Distrito 22 de Vialidad Nacional solicitó una prórroga al Juzgado Federal Nº 1 para completar las reparaciones de los puntos críticos de las rutas nacionales que atraviesan la provincia. El pedido se fundamenta en la falta de recursos económicos, humanos y materiales, lo que impidió cumplir en tiempo y forma con la resolución judicial que ordenaba la ejecución urgente de obras de reacondicionamiento vial.
El requerimiento de Vialidad surge a raíz de una acción judicial presentada a mediados de junio por la Defensoría del Pueblo de la Provincia, a cargo de José Leonardo Gialluca, ante el preocupante estado de abandono de las principales vías nacionales. En respuesta, el Juzgado Federal Nº 1, a cargo del juez Pablo Morán, había dispuesto, en el marco de la causa "Fundación Padres Unidos Por El Dolor y Otros c/ Dirección Nacional de Vialidad s/ Incidente de Medida Cautelar", que el organismo nacional debía iniciar trabajos de reparación en un plazo de noventa días.
El fallo judicial se basó en un informe pericial que detallaba múltiples deficiencias: tramos intransitables, baches y desniveles en calzadas, banquinas deterioradas, declives abruptos en los extremos de los puentes y una deficiente señalización que pone en riesgo la seguridad de los usuarios.
Una obra transcendental para la provincia
Cumplido el plazo, la Dirección Nacional de Vialidad presentó un escrito en el que solicitaba una extensión y alegaba que algunos trabajos se realizaron pero que, por razones presupuestarias, no se pudo completar el total de las obras ordenadas. En su defensa, el organismo informó que actualmente están en trámite tres licitaciones públicas, una para mezcla asfáltica en frío y dos en caliente, y una contratación centralizada para el servicio de corte de pasto bajo la modalidad de orden de compra abierta.
El Defensor del Pueblo, José Leonardo Gialluca, denunció el incumplimiento por parte de Vialidad Nacional y advirtió que las tareas ejecutadas son mínimas y ni siquiera pueden considerarse un comienzo de cumplimiento. Ante esta situación, pidió al juez que, en caso de otorgarse la prórroga, no exceda los tres meses y que se exija al organismo señalizar de forma urgente los tramos peligrosos para evitar nuevos siniestros viales.
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Los apoderados de Vialidad, Carolina Dionisi y César Ríos, argumentaron que el Distrito 22, bajo la dirección del ingeniero Víctor Padilla, carece de recursos suficientes y depende exclusivamente de las partidas que pueda asignar el Ministerio de Economía, encabezado por Luis Caputo.
Gialluca criticó que luego de la clara orden emitida "se hizo poco y nada por el acondicionamiento de las rutas nacionales en Formosa, los siniestros viales se producen, las averías en los vehículos también como consecuencia del estado calamitoso que exhiben las calzadas, en determinados puntos e incluso tramos completos de las mismas”.
El conflicto deja en evidencia la crítica situación de la infraestructura vial en la provincia y abre un nuevo frente judicial entre la Defensoría del Pueblo y la Dirección Nacional de Vialidad, mientras los usuarios transitan por rutas deterioradas y con alto riesgo de accidentes.
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