La Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa advirtió que la defensa de la Dirección Nacional de Vialidad implica garantizar la presencia del Estado nacional en todo el territorio. El organismo sostuvo que la eventual reestructuración representa un “vaciamiento” que pone en riesgo la seguridad vial, la integración territorial y el desarrollo federal.
En comunicación con la Agencia de Noticias Formosa (Agenfor), el ombudsman provincial, José Leonardo Gialluca, afirmó que la situación evidencia una violación a los límites institucionales establecidos por la Constitución Nacional. El funcionario señaló que, pese a observaciones judiciales y legislativas, el Poder Ejecutivo continúa con medidas administrativas que modifican la estructura y las funciones del organismo.
La Defensoría indicó que la Dirección Nacional de Vialidad atraviesa un proceso de “reorientación institucional” que implicaría abandonar la ejecución directa de obras y tareas operativas. El nuevo esquema limitaría al organismo a la planificación, el control y la fiscalización de concesiones, mientras el Estado dejaría de construir y conservar rutas nacionales.
La necesidad de un Estado presente
Gialluca sostuvo que ese cambio supone un retiro explícito del Estado de una función esencial. El defensor advirtió que la medida afectaría especialmente a regiones como el Norte Grande Argentino, donde muchas obras no resultan atractivas para la inversión privada debido a su baja rentabilidad.
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El ombudsman solicitó formalmente al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y al secretario de Transformación del Estado y Función Pública, Maximiliano Fariña, que se abstengan de impulsar decisiones que impliquen la disolución o desnaturalización del organismo. El funcionario reclamó que no se eliminen funciones operativas ni se transfieran competencias esenciales al sector privado.
El compromiso de la Defensoría del Pueblo
La Defensoría del Pueblo manifestó su firme rechazo a la reestructuración de Vialidad Nacional, y argumentó que limitar sus funciones únicamente a la planificación despoja al organismo de su esencia histórica en la ejecución y mantenimiento de rutas. Según la entidad, este cambio estructural pone en riesgo el patrimonio estatal y la continuidad de un servicio esencial.
Por su parte, el defensor José Leonardo Gialluca advirtió que la implementación de este nuevo modelo de gestión podría traducirse en un aumento desmedido del costo de los peajes para los usuarios. Bajo su perspectiva, esta transición hacia un esquema centrado en negocios privados no solo impactaría en la economía de los ciudadanos, sino que también comprometería la seguridad vial al priorizar la rentabilidad sobre el bienestar social.
Finalmente, el ombudsman responsabilizó formalmente a los funcionarios del Gobierno Nacional por las repercusiones que esta política de vaciamiento pueda generar. La advertencia abarca consecuencias de diversa índole, lo que incluye daños institucionales, patrimoniales y laborales, y señaló que la eventual desaparición de la Dirección Nacional de Vialidad tendría un costo social profundo y permanente.
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