La dictadora de Bolivia, Jeanine Áñez, fue liberada este jueves de prisión después de que la Corte Suprema de ese país anulara el miércoles la condena a diez años de cárcel que se le aplicó en 2022, cuando fue condenada por incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes al asumir luego del golpe contra Evo Morales, en el caso conocido como el "Golpe de Estado II". Añez era senadora cuando Morales fue derrocado ese año. Con el respaldo de las Fuerzas Armadas, la Policía y los sectores más extremos de la derecha, asumió ilegalmente la primera magistratura. "Jamás voy a arrepentirme de haber servido a la patria cuando la patria me necesitó", sostuvo Áñez en su primera intervención tras dejar el penal de Miraflores hace pocas horas.
Frente a periodistas y militantes, la dictadora pidió por "la restitución de la independencia de poderes" y por la imparcialidad e independencia de los jueces. "Se tuvo que ir el monstruo para que los administradores de justicia puedan actuar como corresponde la norma", dijo Áñez en referencia al fin de ciclo que tuvo por 20 años al Movimiento al Socialismo, el partido de Morales y del todavía presidente en funciones Luis Arce Catacora.
También agradeció "a Dios por los hijos que me dio y que nunca me dejaron sola", a quienes según afirmó los "persiguieron y hostigaron" durante el tiempo que ella estuvo en prisión. "Esa es la manera en la que a una madre la pueden quebrar. Pero yo tenía el respaldo de Dios y eso fue lo que me ayudó a sobrellevar esta cruz", agregó.
Áñez confirmó que asistirá a la ceremonia de asunción del presidente electo Rodrigo Paz, programada para este sábado 8 de noviembre, mientras que el domingo volará a su natal Trinidad, donde será recibida por su familia, amigos y seguidores.
Repercusiones sobre la liberación de Áñez
Dentro de la oposición boliviana aún no hubo repercusiones ni declaraciones al respecto de la libertad a la ex dictadora. Persiste el silencio de radio desde la cúpula del MAS y del entorno del ex presidente Morales, quien hasta el momento no hizo declaraciones públicas sobre el caso Áñez. Tampoco lo hizo el presidente en funciones hasta el sábado Luis Arce ni el vicepresidente y líder sindical, David Choquehuanca.
El vicepresidente electo Edmund Lara difundió un video en redes sociales, en el que pidió al restitución en sus cargos de "todos los policías y militares que fueron dados de baja" después del régimen de Áñez. "Le pido al presidente del Tribunal Supremo de Justicia que aplique la ley para todos", porque "así Áñez fue determinada como inocente, lo mismo debe aplicar para quienes no hicieron nada más que cumplir con sus funciones", agregó.
El único referente opositor que se expresó hasta el momento fue David Inca, militante de derechos humanos boliviano y vocero de las víctimas de las masacres de Senkata y Sacaba, las dos jornadas represivas más sanguinarias en los primeros días del régimen de Áñez, por la cual está siendo investigada y puede recibir una condena más dura que la del Golpe de Estado II.
"Nos llama poderosamente la atención la forma en la que quedó libre, porque el Tribunal Supremo de Justicia estaría mostrando su nueva parcialización a favor del nuevo gobierno y de la nueva ideología de derecha. Porque justamente en agosto se anularon los casos Senkata y Sakaba, en los que le dan la libertad plena para que se vaya a un juicio de responsabilidades. Para eso se necesitan dos tercios de la Asamblea Legislativa. Y como la nueva Asamblea Legislativa está constituida por personas de derecha y extrema derecha, tienen todo a disposición para ejecutar dos acciones posibles: o fallan positivamente para juicio de responsabilidades, o lo hacen negativamente para que diga 'no' al juicio de responsabilidades", explicó Inca.
"Ahora el Parlamento tiene dos tercios para liberarla de toda culpa. ¿Que nos queda? Ir ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos", advirtió al final Inca frente a una ronda de periodistas.
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