El comisario europeo de Asuntos de Interior y Migración, Magnus Brunner, confirmó de manera categórica que "ni una sola persona" de las decenas de miles que cruzaron la frontera desde Marruecos a Ceuta en los últimos dos días ha logrado ingresar al territorio continental de la Unión Europea. Las declaraciones del alto funcionario comunitario, tras mantener una llamada de urgencia con el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, desarticulan el argumento central utilizado por Italia para justificar el cierre de sus fronteras.
Desde Madrid, el canciller Albares enfatizó que no es legal ni físicamente posible trasladarse desde Ceuta o Melilla hacia la Península Ibérica sin pasar por un control obligatorio de la Policía Nacional, reclamando un freno inmediato a la "confusión interesada" alimentada por diversos sectores del bloque. "Basta ya de confusión interesada. No es posible trasladarse desde Ceuta hasta la Península sin identificarse en un control de la Policía Nacional", remarcó Albares.
El desmentido oficial de Bruselas se complementa con el acelerado ritmo de regularización en el terreno ya que un total de 48.300 migrantes han emprendido el regreso a territorio marroquí. "Ni una sola persona ha cruzado a la UE continental. El ministro Albares me ha informado que, tras los esfuerzos continuados, prácticamente todas las personas que habían entrado en Ceuta han regresado", aseguró el comisario europeo Magnus Brunner.
A pesar de las garantías ofrecidas por la Comisión Europea y del operativo de retorno en Ceuta, donde se confirmaron 57 fallecidos en las costas durante la emergencia, la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, oficializó la suspensión temporal del régimen de libre circulación de Schengen con España. La medida fue ratificada por el Ministerio del Interior italiano tras la reunión del Comité de Análisis sobre Inmigración y Seguridad de las Fronteras, estableciendo la reintroducción de controles en las aduanas marítimas y aéreas.
El titular de la cartera de Interior italiana, Matteo Piantedosi, detalló que la restricción comenzará a regir formalmente a partir del 1º de agosto por un período inicial de un mes, hasta el 1º de septiembre, pudiendo ser prorrogada si Roma lo considera necesario. La medida estará dirigida exclusivamente a nacionales de países extracomunitarios que aborden vuelos o embarcaciones con origen en territorio español, buscando "salvaguardar la seguridad nacional" y prevenir eventuales riesgos de filtración o amenazas terroristas.
La resolución unilateral de Italia estuvo precedida por intensas conversaciones entre el ministro Piantedosi y su homólogo francés, Laurent Nuñez, quien ordenó un despliegue adicional de fuerzas de seguridad para reforzar los controles en la frontera terrestre entre Francia e Italia, así como en los pasos pirenaicos con España. Asimismo, gobiernos como los de Austria, Finlandia y Dinamarca expresaron su respaldo a la postura de Roma, promoviendo una revisión integral sobre las metodologías de custodia en las fronteras exteriores de la Unión Europea. En respuesta, el Gobierno de Pedro Sánchez calificó el accionar del gabinete italiano como una maniobra de demagogia partidista contraria al espíritu de solidaridad europea.
Con información de EuropaPress.
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