El presidente estadounidense Donald Trump volvió a poner en discusión la política migratoria nacional, al firmar una orden ejecutiva con la que pretende limitarle su acceso a la ciudadanía estadounidense a los padres inmigrantes de los bebés nacidos en Estados Unidos. Es la segunda vez que el mandatario impulsa esta medida pese al rechazo del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que ya bloqueó un decreto similar del republicano al calificarlo como inconstitucional. Todavía no hubo respuesta ni un nuevo fallo de la Justicia norteamericana ante el nuevo decreto.
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Durante la firma del decreto en el Despacho Oval, Trump afirmó que pretende terminar con el negocio del turismo de maternidad y aseguró que la ciudadanía automática "fue interpretada de manera incorrecta" durante décadas. Desde la Casa Blanca argumentaron que el reciente fallo del Tribunal Supremo no impide establecer restricciones específicas para determinados grupos. Según la interpretación del Gobierno, la decisión judicial dejaría abierta la posibilidad de negar la ciudadanía a hijos de mujeres que ingresen exclusivamente para dar a luz. Esta medida aplicaría para personal diplomático extranjero; para personas consideradas terroristas extranjeros; y para quienes nazcan en territorios no incorporados por Estados Unidos.
La medida busca diferenciar esos casos del principio general establecido por la Decimocuarta Enmienda, aunque algunos especialistas anticipan que la nueva orden volverá a enfrentar una fuerte batalla judicial apenas comience a aplicarse.
El fallo del Supremo que frenó el primer intento
El pasado 29 de junio, el Tribunal Supremo anuló la primera orden ejecutiva firmada por Trump sobre este tema. En ese fallo, los jueces determinaron que los niños nacidos en territorio estadounidense de padres presentes de manera ilegal o temporal continúan estando bajo la jurisdicción de Estados Unidos y, por lo tanto, adquieren la ciudadanía desde el nacimiento.
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Esa resolución representó un duro revés para una de las principales promesas de campaña del mandatario republicano. La iniciativa original, firmada el mismo día de su asunción para el segundo mandato, el 20 de enero de 2025, pretendía eliminar la ciudadanía automática para los hijos de inmigrantes en situación irregular.
De acuerdo con estimaciones difundidas durante el proceso judicial, esa primera orden habría afectado a cerca de 255.000 niños por año, motivo por el cual organizaciones de derechos civiles y especialistas constitucionales presentaron múltiples demandas para impedir su entrada en vigor.
La justificación de Trump sobre la Constitución
Trump sostiene desde hace años que la Decimocuarta Enmienda fue interpretada de manera "equivocada". Según su postura, esa disposición constitucional, aprobada en 1868 tras la Guerra Civil, tenía como finalidad garantizar la ciudadanía a los hijos de los antiguos esclavos y no a cualquier persona nacida dentro del territorio estadounidense.
Sin embargo, esa interpretación choca con una larga tradición jurídica respaldada por la jurisprudencia de la Corte Suprema, que históricamente reconoció el principio de ciudadanía por nacimiento para prácticamente todos los nacidos en Estados Unidos, con excepciones muy limitadas como los hijos de diplomáticos extranjeros.