En una abierta contradicción con las directivas de su propio aparato de seguridad, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, rechazó enérgicamente la suspensión temporal de los controles de tránsito por parte de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La sorpresiva marcha atrás presidencial se produce apenas un día después de que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ordenara una pausa en estas tácticas urbanas tras dos letales tiroteos perpetrados por agentes federales en Texas y Maine con apenas seis días de diferencia.
"Debemos ser fuertes, duros e inteligentes, y NO PODEMOS renunciar a una de las herramientas más importantes y eficaces de ICE para la lucha contra la delincuencia: ¡LOS CONTROLES DE TRÁFICO! Una vez que lo hagamos, estaremos jugando directo en las manos de los criminales", sentenció el mandatario a través de sus redes sociales, asegurando de forma taxativa que el freno de las operaciones "no sucederá bajo mi mandato".
El mensaje llegó horas después de que Tom Homan, el encargado de la política fronteriza del gobierno, intentara matizar el impacto político de la medida: "No se trata de un cambio de política, sino de una pausa temporal. Es una revisión a corto plazo para garantizar que los agentes de ICE estén seguros y actúen de forma correcta".
La suspensión de los controles vehiculares, que ahora queda en el limbo tras el veto político de Trump, se dictaminó tras una cadena de errores fatales. El primero fue el 7 de julio, en Houston. Un agente de ICE dispara y mata a Lorenzo Salgado Araujo, un ciudadano mexicano de 52 años, mientras intentaba interceptar su vehículo en la zona este de la ciudad. Su familia denunció que el hombre fue confundido con otra persona y exige una pesquisa independiente. Y el segundo ocurrió el 13 de julio, en Maine. En un operativo de vigilancia en las afueras de Portland, agentes abaten a Johan Sebastián Durán Guerrero, un ciudadano colombiano de 26 años. La víctima contaba con permiso de trabajo autorizado y número de Seguridad Social en regla.
Al día siguiente, el DHS reconoce públicamente que ninguno de los dos hombres fallecidos era el objetivo original de las investigaciones de deportación. Fuentes del organismo confirman la orden de pausar de inmediato los controles de tránsito para revisar protocolos. Sin embargo, Trump no avaló la pausa y desautorizó por completo a los directivos de seguridad, argumentando que restringir las tácticas viales debilita los planes de deportación masiva de su administración.
Los dos operativos fallidos desencadenaron movilizaciones de protesta de organizaciones de derechos civiles y comunidades de inmigrantes en Maine, Texas y Massachusetts. Uno de los flancos más débiles de la agencia federal ha sido la confirmación de que ninguno de los oficiales involucrados en los tiroteos portaba cámaras corporales activas en sus uniformes, a pesar de las promesas de transparencia institucional realizadas con anterioridad.
De cara al plano internacional, la escalada ya causó cortocircuitos diplomáticos. El gobierno de Colombia criticó severamente el proceder de la fuerza federal estadounidense en Biddeford, catalogando lo ocurrido con el joven Durán Guerrero como una ejecución inaceptable. Mientras la Oficina del Inspector General del DHS y el FBI avanzan con las investigaciones de los incidentes, la orden directa de Trump vuelve a colocar a los agentes viales en las calles en un clima de extrema tensión social.
Con información de Reuters
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