El "estado represivo" de Venezuela sigue en pleno funcionamiento tras el ataque del 3 de enero de Estados Unidos a la capital, Caracas, y la consiguiente captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, dijo el jueves una misión de investigación de las Naciones Unidas.
La misión dijo al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en un informe que "las estructuras que durante años han sostenido la persecución no han sido desmanteladas", y señaló 87 detenciones por motivos políticos desde la operación de las fuerzas especiales estadounidenses a inicios del año.
El Gobierno de Venezuela ha negado durante mucho tiempo las acusaciones de abusos a los derechos humanos y la existencia de presos políticos, diciendo que los encarcelados cometieron delitos comunes.
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El Ministerio de Comunicaciones de Venezuela, que maneja todas las consultas de prensa del Gobierno, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
Washington ha criticado durante mucho tiempo el historial democrático de Venezuela, acusando a su gobierno de fraude electoral y represión política.
Estados Unidos anunció que "tomaría el control" de Venezuela, pero no ha presionado para que se celebren nuevas elecciones, promocionando buenas relaciones con Delcy Rodríguez, la vicepresidenta de Maduro que asumió como presidenta encargada después de su captura y ha respaldado cambios importantes en las regulaciones petroleras y mineras destinadas a estimular la inversión.
El gobierno de Rodríguez también aprobó una ley de amnistía como parte de un acuerdo para liberar a miles de presos. Declaró a finales de febrero que se habían producido liberaciones masivas bajo esta ley, pero las ONG locales han criticado la falta de transparencia y publicado cifras muy inferiores a las oficiales.
La misión de la ONU pidió la liberación inmediata de todos los detenidos políticos restantes y el acceso sin trabas al país para continuar sus investigaciones.
"Los nuevos casos de violaciones de derechos humanos nos recuerdan que la extensa maquinaria legal e institucional que ha facilitado la comisión de graves violaciones de derechos humanos y crímenes internacionales permanece intacta,” dijo María Eloísa Quintero, representante de la misión.
"No puede decirse que Venezuela se encamine hacia una reforma en materia de derechos humanos mientras ese aparato represivo no sea desmantelado".
El informe señala que funcionarios gubernamentales de alto rango y militares previamente identificados como responsables de crímenes contra la humanidad siguen teniendo un poder significativo.
Alfredo Romero, director de la ONG de derechos humanos Foro Penal, dijo el jueves en rueda de prensa que " el problema verdadero que vivió el país es que todavía hay un sistema represivo, un sistema de justicia que se utiliza para perseguir".
Con información de Reuters
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