Una denuncia de corrupción judicial sacude al segundo fuero más grande del país

Una denuncia de corrupción judicial sacude a la justicia federal de Córdoba, uno de los fueros más importantes del país. El epicentro del escándalo es la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba porque fueron denunciados la presidenta y el vicepresidente del tribunal, Graciela Montesi y Abel Sánchez Torres, que son pareja. La acusación alcanza a dos secretarios también. A los dos magistrados y uno de los secretarios se los investiga por el presunto delito de manipular causas judiciales de alto impacto político y económico. La presentación contra los jueces, que ya fueron indagados en el marco de este proceso, incluye los cargos de “hostigamiento”. Como si fuera poco, como consecuencia de este proceso se abrió una investigación paralela para analizar si Sánchez Torres pudo haber incurrido en el delito de “enriquecimiento ilícito”.

El caso que tiene en vilo a la justicia federal cordobesa se inició por la denuncia de una de las secretarias de la cámara, Celina Laje Anaya, quien según la acusación fue hostigada por no prestarse a una maniobra de forum shopping para beneficiar a directivos de la cerealera Bunge en un caso de evasión tributaria agravada. Para los fiscales que intervienen en el proceso, Pablo Nicolás y Maximiliano Hairabedian, había elementos suficientes para abrir una investigación penal y el 1° de abril le dieron impulso a la pesquisa. Además de los dos camaristas están imputados Mario Roque Olmedo, secretario penal de la cámara, acusado de partícipe necesario, y Gustavo Flores, jefe de superintendencia, apuntado por mentir en su testimonial para favorecer a Sanchez Torres y perjudicar a la víctima denunciante.

¿Cuál es la maniobra judicial que se les achaca a Montesi y Sánchez Torres? Aprovechar las dos vacantes que hay en la cámara y utilizar el sistema de rotación de jueces para intervenir juntos en expedientes de relevancia política y económica. La víctima, que es representada por el abogado Claudio Orosz, denunció que en diciembre de 2023 los camaristas le pidieron convalidar una integración irregular del tribunal en una causa por evasión agravada contra un exdirectivo de Bunge y que al negarse se inició un proceso de hostigamiento laboral en su contra que derivó en un pedido licencia. No habría sido la única víctima de maltratos que se habría pedido licencia, según se desprende del proceso. A esto se suma que una de las cuatro magistradas de la cámara, Liliana Navarro, también denunció desmanejos por parte de sus colegas Sánchez Torres y Montesi. Por esta razón, en esta causa se investigan los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes y lesiones graves agravadas por violencia de género.

Los cuatro imputados fueron indagados y rechazaron la acusación en su contra. Se negaron a responder preguntas. Montesi, por su parte, es la única que presentó un extenso escrito. A la par, continúan declarando testigos. Este jueves, por ejemplo, declaró el camarista Ávalos, que comparte tribunal con los acusados.

La denuncia

En septiembre del año pasado Laje Anaya radicó esta denuncia que sacude por estos días a la justicia federal de Córdoba. El caso demoró en adquirir movimiento por un incidente de apartamiento de un fiscal. Este 1° de abril, finalmente, los fiscales Turano y Hairabedian realizaron el requerimiento de instrucción, es decir, le dieron impulso penal al caso. El juez interviniente, Alejandro Sánches Freytes, delegó la investigación en el Ministerio Público Fiscal.

El requerimiento fiscal hace eje en 3 hechos:

• La manipulación judicial

Que a mediados de 2023, los camaristas Montesi -de la Sala A- y Sánchez Torres -de la Sala B-, “habrían acordado manipular la integración del Tribunal en violación a lo establecido en la ley y reglamento” para “integrar las Salas de manera conjunta en el caso denominado ‘BUNGE’ de evasión tributaria” que está compuesto por los expedientes de “Raúl Padilla” y “Humanes”, ambos directivos de la firma, “privando así de jurisdicción a los jueces que legalmente debían intervenir por subrogancia”. Ese “acuerdo de voluntades” se habría ejecutado en distintas maniobras. Según la acusación, el objetivo era garantizar en “una resolución en mayoría” la suerte de los acusados.

En el caso Padilla el resultado fue “el dictado de la falta de mérito en favor del imputado Raúl Padilla con fecha 18 de diciembre del 2023”.

En el caso Humanes la maniobra quedó expuesta y dio pie al inicio de esta denuncia. Es que el 21 de diciembre de 2023, Sánchez Torres buscó integrar sala con Montesi y “para llevar a cabo esta maniobra de integración ilegal, en la fecha señalada, Abel Sánchez Torres le habría ordenado a la secretaria de Cámara Penal, Celina Laje Anaya, la confección de un certificado a los fines de dejar constancia que la Sala se integraría con el nombrado y la jueza Graciela Montesi”. Pero “ante la negativa de la secretaria Celina Laje Anaya de cumplir con dicha orden, aduciendo que era ilegal y contraria al Acuerdo 316/23, el juez Sánchez Torres, por decreto habría resuelto la integración ilegítima de la Sala de la manera arriba señalada”. El 16 de abril de 2024 “esa integración ilegal fue cuestionada por la Dra. Liliana Navarro, vocal de la Sala ‘B’, señalando la evidente contradicción con el Acuerdo N 316/2023, por lo cual solicitó ‘al Sr. Presidente de Sala que deje sin efecto la integración de la Dra. Montesi y, oportunamente, se proceda a integrar la Sala conforme lo resuelve el acuerdo citado’”. Al volver la maniobra atrás, Sánchez Torres quedó en minoría porque Montesi no intervino y Humanes terminó procesado.

Finalmente, el procesamiento terminó cayendo porque se volvió abstracto luego que el acusado se adhiriera al blanqueo que abrió el gobierno de Javier Milei. Pagó y se extinguió la acción penal, indicaron fuentes con acceso al expediente. Pero la maniobra judicial ya había quedado expuesta.

Para los fiscales “con los testimonios recibidos y la prueba documental, fue posible fijar los hechos descriptos y reunir elementos bastantes para sospechar que los denunciados han participado, lo que torna procedente el llamado a indagatoria (C.P.P.N., 294)”.

Este hecho se le adjudica a Montesi y Sánchez Torres como coautores y a Olmedo como partícipe necesario.

Los fiscales fueron contundentes en su acusación: “Las maniobras para violar la normativa no fueron en contra de legislación sobre meras formalidades o asuntos menores, vacuos o intrascendentes, sino que atentaban contra reglas directamente vinculadas con la garantía del juez natural y la imparcialidad del tribunal (CN., 18 y 75 inc. 22) porque, en definitiva, con la integración ilegal se trataba de sustraer el caso al juez que debía intervenir y colocar uno de manera amañada”. “Por último, no puede pasarse por alto que toda esa opacidad en la integración no se dio en el marco de cualquier caso común y corriente, sino en dos causas conexas de evasión tributaria que involucraban a una de las principales empresas cerealeras del país”, agregaron.

• El hostigamiento

Según los fiscales “se han reunido pruebas que corroboran los maltratos laborales referidos por la denunciante, como así también el daño a su salud”. Este hecho se le adjudica exclusivamente a Sánchez Torres.

De acuerdo al requerimiento de instrucción, “a partir del 21 de diciembre de 2023 y hasta aproximadamente el día 11 de septiembre de 2025”, Sánchez Torres “habría abusado de la autoridad que investía desplegando sobre la secretaria de Cámara Celina Laje Anaya actos de maltrato, violencia laboral, de manera sistemática, recurrente y sostenida en el tiempo, logrando de este modo dañar su salud, en represalia por haberse negado a realizar la certificación ilegítima de la Sala”. “Para lograr este cometido, Abel Sánchez Torres habría abusado de su cargo de juez federal de la Cámara de Apelaciones de Córdoba, valiéndose no solo de su posición asimétrica de poder sino también de la vulnerabilidad de la secretaria por su condición de mujer, ejerciendo sobre ella gritos, humillaciones, desacreditaciones, descalificaciones, desvalorización de sus tareas y menoscabo de su autoridad, logrando finalmente su degradación”, señalaron los fiscales. La víctima, que se tomó licencia psiquiátrica, al retornar al tribunal volvió a sufrir hostigamiento por parte de su superior, según la acusación. Entre otras cosas, se menciona la presión para un cambio de cargo, perdiendo jerarquía. “La violencia laboral se habría reanudado después del período de licencia médica, precisamente, durante la feria judicial de julio de 2025, luego de que la junta médica determinara que Celina Laje se encontraba en condiciones de trabajar”, señalaron los fiscales.

En la declaración del juez Avalos, de este jueves, quedó acreditado que Laje le contó al magistrado “todo lo que estaba pasando”.  Por ejemplo, ella le dijo que la estaban coaccionando, que sufría malos tratos.

Este testimonio está en sintonía con lo ya dicho por otros testigos, como la otra jueza de la cámara, Liliana Navarro. Según los fiscales, Navarro “declaró que luego de la negativa de Celina de hacer el certificado, el trato fue peor, la vio llorar y tomó conocimiento por Ernesto Ramella que Celina estaba muy mal, que no podía resolver nada porque Sánchez Torres la llamaba constantemente a su despacho, la humillaba delante de la gente y del personal de la Secretaría Penal para quitarle todo tipo de autoridad”.

• Falso testimonio

El 20 de febrero de este año, Flores, que es secretario de Superintendencia de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, “para favorecer al denunciado Abel Sánchez Torres, habría hecho afirmaciones mendaces en su declaración testimonial bajo juramento ante la Fiscalía Federal, sobre las notas que presentó la secretaria Celina Laje en agosto de 2025 para la permuta del cargo”.

Enriquecimiento ilícito, en la mira

Mientras continúan las citaciones en el marco de la causa central, El Destape pudo reconstruir que desde el entorno legal de Laje presentarán un listado de testigos que sufrieron violencia laboral en la cámara federal. Afirman que hubo diversos integrantes que se vieron hostigados y que esa situación está vinculada a “cómo se arreglaba en la cámara la conformación en temas de trascendencia económica”.

Mientras esto sucede, el fiscal Turano investiga el patrimonio del juez Sánchez Torres. Esta investigación paralela surge como desprendimiento de la causa central. Escribió Turano en el requerimiento de instrucción de este hecho: “Ha surgido en el curso de la investigación anoticiamientos de un posible incremento patrimonial injustificado del juez de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba Abel Guillermo Sánchez Torres, que resultan de un fuerte valor indiciario”.  

En el foco de atención hay, entre otras cosas, una casa que se le adjudica al vicepresidente de la cámara en el country El Terrón, que testigos dijeron que podría valer “un millón de dólares” y está ubicada “en diagonal a la casa de Macri”.