Familiares hicieron fila el jueves en una morgue de Río de Janeiro, para identificar a sus parientes fallecidos en las redadas policiales más mortíferas de la historia de Brasil, mientras empezaban los funerales de cuatro policías que murieron durante la operación.
Las autoridades han dicho que al menos 121 personas, incluidos los oficiales, murieron en las redadas del martes contra la banda Comando Vermelho, que controla el tráfico de drogas en varias de las denominadas favelas, barrios pobres y densamente poblados situados por el accidentado terreno de la ciudad.
Muchos de los cuerpos fueron recuperados por vecinos de la zona boscosa cercana a la favela de Penha el martes por la noche.
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El jueves por la mañana, más de 100 cadáveres seguían pendientes de autopsia o identificación en una morgue local, mientras los familiares se quedaron afuera mirando a través de una valla y esperando noticias.
Algunos residentes dijeron haber identificado cadáveres con las extremidades atadas y signos de tortura, lo que provocó protestas y reacciones políticas en un país donde, según datos del Gobierno, la policía mató a más de 6.000 personas el año pasado.
Víctor Santos, secretario de Seguridad del Estado de Río, dijo el jueves que "se investigará cualquier conducta indebida que pueda haber ocurrido, aunque creo que no ha sido así".
El gobernador de Río de Janeiro, Cláudio Castro, calificó la operación como un éxito y dijo que las "únicas víctimas reales" eran los agentes asesinados. Todos los demás fallecidos eran delincuentes, agregó.
Funcionarios de Naciones Unidas han criticado el alto número de víctimas de la operación al estilo militar y han dicho que debería haber una investigación.
Santos dijo que no había ninguna relación entre las redadas y los eventos internacionales que Río acogerá la próxima semana relacionados con las negociaciones climáticas COP30 de la ONU, incluida la cumbre C40 de alcaldes sobre el calentamiento global y el premio Earthshot del príncipe Guillermo.
El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva pidió un trabajo coordinado contra las bandas sin poner en peligro a la policía ni a familias inocentes.
El jueves promulgó un proyecto de ley destinado a aumentar la protección de los funcionarios públicos implicados en la lucha contra el crimen organizado.
Con información de Reuters
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