El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, se negó el miércoles a decir si su nombre podría aparecer en una investigación por corrupción que ha envuelto a los socialistas en el poder y ha debilitado seriamente su coalición de Gobierno minoritaria.
Sánchez habló durante un interrogatorio en el Congreso de los Diputados sobre las revelaciones de un informe policial que incluía grabaciones de uno de sus principales confidentes, Santos Cerdán, en las que aparecía hablando de comisiones ilegales a cambio de la adjudicación de contratos de obras públicas. Cerdán ha negado haber cometido delito alguno.
Analistas políticos afirman que si el nombre de Sánchez apareciera en la investigación, su permanencia como líder socialista y presidente del Gobierno estaría en peligro.
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Sánchez no respondió a una pregunta de Gabriel Rufián, del partido nacionalista catalán Esquerra Republicana de Catalunya, sobre si juraría que su nombre no aparecería en la investigación policial.
En lugar de eso, acusó a Rufián, cuyo partido no está en el Gobierno, pero lo ha apoyado en algunas votaciones, de sacar conclusiones precipitadas y volvió a decir que el informe no aportaba indicios de que los socialistas hubieran recibido financiación ilegal.
Sánchez agregó que la intolerancia de su partido hacia la corrupción "es absoluta".
El informe policial es el último y más grave de una serie de escándalos que han obligado a Sánchez a rechazar las peticiones de sus oponentes e incluso de algunos aliados para que se convoquen elecciones anticipadas.
Sánchez ha nombrado una nueva dirección temporal de su partido y ha prometido una auditoría externa de sus cuentas. También ha mantenido reuniones con los partidos que apoyaron su investidura en 2023, muchos de los cuales exigen nuevas concesiones a sus políticas a cambio de seguir apoyándole.
Sin embargo, algunos aliados temen que el escándalo se amplíe con la implicación de más altos cargos.
Sánchez también se ha enfrentado a una reacción pública por haber concedido una amnistía a antiguos miembros del movimiento independentista catalán y ha disgustado a los líderes empresariales al aceptar reducir la semana laboral a cuatro días.
Con información de Reuters
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