De la meritocracia al rol del Estado  

Una vez más, el rol del Estado vuelve a estar en el foco como instrumento para dar respuestas a las desigualdades sociales. 

16 de septiembre, 2020 | 20.36

“El que nomina, domina”, sostenía Pierre Bourdieu en una frase que se convirtió en uno de los apotegmas más sustanciales para comprender las operaciones de sentido de las corporaciones mediáticas. Aquellos que tienen la capacidad de nombrar, de generar estructuras lingüísticas, describir nuevos fenómenos o aportar categorías se encuentran en una posición de poder porque promueven que su visión del mundo sea compartida por un colectivo de personas.  
 
Esto es lo que está ocurriendo en la nueva Argentina de Alberto Fernández porque durante el periodo en que gobernó Mauricio Macri toda la carga de la culpa de la falta de empleo, de la ausencia de futuro y de un bienestar social de calidad se amparó en la meritocracia. Sin embargo, este discurso ha virado hacia su binomio opuesto: el rol del Estado.  
 
Los medios hegemónicos, que siempre tienen un gran papel estableciendo culpas, durante el gobierno de Cambiemos sostenían que “si te iba mal, era porque el individuo no se esforzó lo suficiente”. Toda la culpa recaía en la cabeza del excluido porque ese fue el planteo de la meritocracia, pilar de la mentira del capitalismo deshumanizado, rapaz.   
 
También, escuchábamos a diario a los formadores de opinión diciendo que “el pobre es pobre porque no quiere trabajar”. Claro, lo que ese planteo no decía es que, en un contexto de complejidades, de escasa demanda laboral, las condiciones de partida no son iguales para todos y todas. Quién tiene una vinculación social fuerte (familiares, amigos), insertos en ese mundo laboral, con conexiones empresariales, comerciales, quién está estudiando o tiene capacidades adquiridas en una trayectoria de vida que le permitió lograrlas, que no estuvo sujeto a penurias económicas y sociales, tiene claramente una ventaja, un punto de partida absolutamente distinto, a quién carece de vínculos sociales fuertes, relacionados con ese mundo laboral, a quién no tuvo la oportunidad de una trayectoria educativa y formativa importante, a quién tiene necesidades básicas todos los días. Básicamente, este último está condenado a perder la carrera antes de que comience porque las reglas que elabora esta sociedad desigual permite que el más desafortunado de los ricos tenga más posibilidades de ganar que el más brillante de los pobres.   

Impuesto a las Grandes Fortunas

Estas son las comprensiones de la meritocracia. No son igualitarias y no hacen más que discriminar. Es el sueño americano que le miente en la cara a la ciudadanía al no aclarar la letra chica, la que dice que en realidad los que pueden alcanzar la cúspide de la jerarquía corporativa son unos pocos ―contados con los dedos de la mano― que poseen ciertos talentos y pertenecen a grupos pocos representados.  
 
De esa manera, la meritocracia se convirtió en "una ideología porque sirve para justificar moralmente a los que ocupan las posiciones de privilegio al mismo tiempo que responsabiliza a los perdedores por no haber hecho el esfuerzo necesario para ganar", sostiene el sociólogo e investigador del Conicet Emilio Tenti Fanfani.  
 
En cambio, durante el gobierno de Alberto Fernández pareciera —según lo que oímos de esos mismos formadores de opinión— que la culpa dejó de estar personificada en el individuo para estar en manos del Estado, porque él es el responsable de no acompañar con políticas inclusivas a los que más necesidades tienen. 

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Los escuchamos preocupados por el crecimiento de la pobreza, la vulnerabilidad, el desempleo y la informalidad, encontrando en las políticas del actual gobierno la génesis de todos los males, donde la pandemia parece no contar, o hacerlo si pueden manipular algún número o hecho que le sirva para desgastar al gobierno. En otra época se aceptaba el discurso de las tormentas, para evadir las responsabilidades de un gobierno que no sólo no hizo actuar al Estado para compensar, aunque sea en parte, las terribles consecuencias sociales que producía, sino que lo usó para concentrar más la riqueza, para llenar los bolsillos de funcionarios y amigos que, disfrazado de conflicto de intereses, para desviar la atención y naturalizarlo. Claramente, fueron actos de corrupción. Palabra que no aparece prácticamente en ningún medio de comunicación y que pretende consolidarse sólo como adjetivo en gobiernos populares. 
 
Nuevamente, este planteo sigue mintiendo, porque lo que no dice es que el Estado tuvo una participación clara durante la etapa anterior, al darle poder a las instituciones financieras globales, a inversores y a los bancos que confluyeron en establecer políticas de austeridad para el propio Estado, que dejó de tener un rol de garantía del bienestar colectivo. Un Estado que dejó en bancarrota al conjunto, que se endeudó de manera escandalosa, y que permitió con esa deuda la fuga de activos más importante de la última década, un Estado que ni siquiera puede decirse que fue meritocrático, que premió a los mejores, sino a los más rapaces.
 
La única verdad es que el Estado hoy volvió a estar presente, al igual que lo estuvo durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, para el beneficio de todos y todas, empezando con los que menos tienen, con los de abajo, y que la meritocracia es una de las mayores mentiras que se instalaron en la opinión pública y que debemos estar atentos para que no vuelva a repetirse Nunca Más.

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