La abrogación del Decreto Supremo 5503 no fue un gesto del Gobierno boliviano. Fue el resultado directo de una pulseada social que el Ejecutivo de Rodrigo Paz Pereira perdió en las calles, en las rutas y en los centros urbanos del país. En menos de un mes, una norma presentada como “inevitable” cayó bajo el peso de una movilización sostenida, federal y multisectorial. Lo que se impuso no fue una corrección técnica, sino una victoria política del campo popular frente a un proyecto de ajuste acelerado.
El Gobierno había apostado a la rapidez. Declaró, el 17 de diciembre, la Emergencia Económica, Financiera, Energética y Social y avanzó con un paquete de más de ciento veinte artículos sin mediación social ni parlamentaria. El corazón del decreto fue la eliminación del subsidio estatal a los combustibles, vigente en Bolivia desde hace décadas. El impacto fue inmediato. En ciudades como La Paz y El Alto, el transporte duplicó su tarifa en una noche. El aumento del costo de vida dejó de ser una proyección y pasó a sentirse en el bolsillo cotidiano.
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El Decreto Supremo 5503 entró en vigencia el diecisiete de diciembre. Dos días después, la Central Obrera Boliviana, principal organización sindical del país, declaró el paro nacional indefinido. La respuesta no se limitó al movimiento obrero organizado. Se sumaron cooperativas mineras, federaciones campesinas, juntas vecinales de El Alto, gremiales urbanos y organizaciones territoriales de Cochabamba, Oruro y Potosí. Bolivia volvió a mostrar que, cuando el ajuste toca los precios básicos, la protesta se vuelve transversal.
El Ejecutivo intentó fragmentar el conflicto. Negoció con la Confederación Sindical de Choferes de Bolivia y logró desactivar su adhesión al paro. Apostó a que el desgaste haría el resto. No ocurrió. La Central Obrera Boliviana mantuvo la medida, reforzó alianzas y elevó la presión. El veintidós de diciembre, miles de personas cercaron la plaza Murillo, en La Paz, sede del poder político nacional. El mensaje fue directo: sin abrogación, no habría diálogo.
El Gobierno defendió el decreto con un argumento reiterado. Sostuvo que el subsidio era insostenible y que su eliminación permitiría frenar el contrabando de combustibles, estimado en más de dos mil millones de dólares anuales. También afirmó que la inflación se había contenido y que el país necesitaba “sincerarse” con los hidrocarburos. Sin embargo, esos datos no lograron neutralizar una percepción extendida: el ajuste recaía de manera inmediata sobre trabajadores y sectores populares, mientras abría la puerta a contratos acelerados sobre recursos naturales.
Ese punto fue clave. El decreto no sólo modificaba precios. Establecía mecanismos de aprobación expedita de contratos estratégicos y concentraba facultades en el Ejecutivo. Para la Central Obrera Boliviana y las organizaciones campesinas, se trataba de una combinación peligrosa: alza de costos cotidianos y flexibilización del control sobre la riqueza nacional. La consigna “Bolivia no se vende” sintetizó ese rechazo.
Con el inicio de enero, el conflicto escaló. El seis de enero comenzó un bloqueo nacional de carreteras. Se registraron entre cincuenta y sesenta cortes de ruta en todo el país. Bolivia, un territorio donde las vías conectan regiones productivas clave, quedó parcialmente paralizada. El propio presidente reconoció pérdidas diarias cercanas a veinte millones de dólares. Para el Gobierno, el costo político y económico empezó a volverse insostenible.
La negociación llegó forzada por los hechos. El once de enero, en la ciudad de El Alto, se firmó un acta entre el Ejecutivo y la Central Obrera Boliviana. Al día siguiente, el Decreto Supremo 5503 fue abrogado. En su lugar se promulgó el Decreto Supremo 5516, con apenas treinta y dos artículos. El nuevo texto dejó sin efecto el aumento de los carburantes y eliminó las cláusulas más cuestionadas. El Gobierno aceptó, además, que cualquier nueva normativa económica deberá elaborarse en una comisión mixta con participación de los sectores movilizados.
La conducción sindical definió el resultado como un “triunfo del pueblo boliviano”. No fue una exageración retórica. La movilización no solo frenó una medida concreta. Estableció un límite político al intento de gobernar por decreto en un contexto de crisis. También reordenó el escenario interno del oficialismo, que ya mostraba fisuras, incluso con el vicepresidente del Estado y bloques parlamentarios que habían rechazado la norma desde el inicio.
Poro otro lado, pese a la abrogación, el Gobierno debió mantener medidas sociales que el decreto contenía, como el aumento del salario mínimo a tres mil trescientos bolivianos (US$474) y la mejora de bonos. Lo hizo desvinculándolos del esquema original del decreto. Ese movimiento buscó recomponer iniciativa, pero no cerró el conflicto.
El vicepresidente del Estado, Edmand Lara, rechazó públicamente la eliminación del subsidio a los combustibles y se alineó con jefes de bancada de fuerzas oficialistas y opositoras en la Asamblea Legislativa Plurinacional, donde el Gobierno no cuenta con una mayoría propia disciplinada. Esa correlación obliga al presidente a negociar cada iniciativa clave y limita su capacidad de avanzar por vía legislativa. No es la primera vez que el vicepresidente se opone públicamente a las medidas del Presidente. Amenazó, incluso, con su salida del gobierno, a tan solo un mes de iniciado el mandato.
En los últimos días, el oficialismo volvió a la carga, impulsando un proyecto de Ley “antibloqueos”, en el parlamento. Las organizaciones sociales ya expresaron su rechazo al considerar que el bloqueo no es un delito, sino una herramienta histórica de reivindicación.
El programa de Rodrigo Paz Pereira
A poco más de dos meses de iniciado el gobierno, Rodrigo Paz Pereira ha marcado un rumbo claro en su programa. Este gobierno, a cuya asunción pudo asistir Jeanine Añez, exculpada días antes los crímenes cometidos durante el Golpe de Estado de 2019, ha tomado diversidad de medidas simbólicas para señalizar su camino. Entre ellas la sustitución de símbolos del Estado Plurinacional, y la prohibición de emitir Telesur y RT en las señales públicas.
En el plano externo, Paz Pereira logró respaldo explícito de Estados Unidos y de organismos financieros internacionales, se acercó a Israel y a gobiernos como los de Argentina, Ecuador y El Salvador, llegando a pedirles apoyo y asesoramiento sobre el sistema carcelario a este último.
El retorno de la DEA al país, ofreció nuevas señales del gobierno sobre la voluntad de acogerse a la doctrina de seguridad que Estados Unidos promueve en el continente.
El ingreso sin condiciones de Starlink, Amazon y OneWeb al país, la eliminación de los impuestos a las Grandes Fortunas y a las transacciones financieras, junto al rol que ocupó Bolivia en Davos, prefiguran un programa, que, bajo el eufemismo de “la apertura al mundo”, pretende ofrecer los recursos y los mercados bolivianos a procesos extractivistas conducidos por la Aristocracia Financiera y Digital que se erige a nivel global.
Desde el Foro Económico Mundial de Davos, el canciller boliviano Fernando Amayo destacó el particular interés que genera el país por sus recursos, pero advirtió que tal interés está sujeto al ajuste normativo que se haga para generar condiciones. “Quieren ver pasos certeros y serios para acercarse al país. Hay un interés manifiesto de inversionistas y gobiernos”, afirmó, citado por el medio La Razón Digital.
El Trópico de Cochabamba en alerta por persecución a Evo Morales
El 12 de enero dirigentes de la organización política Evo Pueblo y seis Federaciones de Campesinos del Trópico denunciaron un plan para detener a Evo Morales, con despliegue de 8.200 policías y 340 motorizados.
“Tenemos información de que está ingresando un gran número de efectivos de la Policía y de las Fuerzas Armadas. Alertamos a nuestras federaciones para que estén pendientes de cualquier movimiento y se mantengan en estado de emergencia para resguardar y tomar acciones”, señaló la representante de la Coordinadora de Mujeres, Wilma Colque.
A su juicio, el Gobierno no solo busca la aprehensión del exmandatario, sino que existiría la intención de atentar contra su vida y contra las personas que permanecen en vigilia en la región. En ese sentido, hizo un llamado a las organizaciones de defensa de los derechos humanos a nivel nacional y a organismos internacionales para que estén atentos a la situación.
El Ex mandatario, víctima de persecución política y judicial durante el gobierno de Luis Arce, promovió la opción del voto nulo que durante las elecciones presidenciales superó los 19 puntos porcentuales.
Tras su asunción el gobierno de Paz Pereira fue coherente con las revanchas que había anunciado en su primer discurso presidencial y emprendió causas contra el saliente mandatario Luis Arce, quien fue acusado de corrupción y se encuentra detenido.
Pese a las diferencias entre Evo y Arce, la aprehensión de Evo Morales, sería para el nuevo gobierno no solo un nuevo gesto hacia las clases dominantes y aquellos capitales que se sintieron afectados por proceso redistributivo promovido por Morales; sino también un mensaje destinado a disciplinar actores políticos y sociales adherentes a ese proyecto.
Sin embargo, la derrota del Decreto Supremo 5503 impuso un escollo, mostrando síntomas de fragilidad política del gobierno de Rodrigo Paz Pereira. El Ejecutivo quedó atrapado entre un conflicto social de escala nacional y un frente institucional resquebrajado. La crisis mostró que el anclaje externo y el aval del capital no compensan la pérdida de apoyo de la clase trabajadora y de las organizaciones territoriales, que siguen siendo un actor decisivo en la política boliviana.
Lo ocurrido con el 5503 marca un punto de inflexión en el inicio del gobierno de Rodrigo Paz Pereira y evidencia las fortalezas del campo popular boliviano, que lejos de experimentar un desgaste, tras el largo proceso de lucha previo al proceso electoral, logró articular rápidamente un despliegue que obligó a la negociación, cuando se conoció el contenido del decreto.
Al parecer, el tan anunciado nuevo ciclo político en Bolivia, parado sobre el desgaste y los errores del gobierno de Luis Arce, deberá, antes de imponerse, enfrentar un aguerrido campo popular, poco dispuesto a retroceder en materia de defensa de los bienes comunes y las conquistas alcanzadas.
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