La tensión aumenta por estos días en Bolivia. El gobierno de Luis Arce, que asumió en nombre del autodenominado proceso de cambio y de todos aquellos que fueron perseguidos políticamente y perjudicados económicamente por el violento proceso abierto tras golpe de Estado de fines de 2019, se está marchando sin encontrar una salida al laberinto de crisis económica y violencia política que protagónicamente construyó.
Consumada su ruptura con Evo Morales, el liderazgo histórico del país, en una novela que incorpora elementos de la traición de Lenin Moreno a la revolución ciudadana ecuatoriana, el arcismo no ha sido capaz de detener la espiral de una crisis económica y política iniciada durante los años de gobierno de facto de Yanine Añez. La falta de combustible, las restricciones sobre el dólar, y la inflación -que alcanzó en 2025 un acumulado de 9,8% con una canasta familiar en ascenso-, ha precarizado la calidad de vida de las mayorías bolivianas. La falta de combustibles ha paralizado el transporte, la agricultura y toda la cadena logística nacional. El modelo económico boliviano, otrora ejemplo regional, hoy tambalea.
Desde el lunes 1 de junio, organizaciones de base se mantienen bloqueando caminos para protestar en contra del deterioro de las condiciones de vida de las y los bolivianos y la inhabilitación para participar de las elecciones del primer presidente indígena que tuvo Bolivia en 2006, Evo Morales. Al 13 de junio se contabilizaban al menos 5 muertos y más de 50 heridos en enfrentamientos entre las organizaciones que bloquean caminos. Por otro lado, presuntos grupos parapoliciales han atacado la casa de Wilma Alanoca, la anunciada y proscrita compañera de fórmula de Morales en su intento de participar de las elecciones de agosto de este año.
El viernes 6 de junio, al cumplirse el plazo estipulado, el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia, que había amenazado con impedir también la participación de Andrónico Rodríguez, presentado en algún momento como una alternativa, confirmó 10 candidaturas en carrera para el proceso electoral del 17 de agosto y en consonancia con el Tribunal Constitucional Plurinacional decidió la inhabilitación de Evo como candidato.
Rodríguez, candidato jóven, actual presidente del Senado y dirigente sindical sí quedó confirmado para la carrera electoral. En él muchos habían depositado la expectativa de que se convierta en el sucesor de Evo Morales, aunque, por la trayectoria de los posicionamientos no se avizora por ahora un proceso de unidad. El levantamiento de su proscripción habla de la debilidad del gobierno de Luis Arce Catacora, que a las claras ensayó ser la única candidatura con una raíz plebeya, robando la sigla del MAS-IPSP para ponerla al servicio de su propuesta electoral: Eduardo Del Castillo, ex ministro de gobierno y políticamente responsable de las cada vez más cuestionadas fuerzas de seguridad del país.
La inhabilitación estuvo acompañada de una nueva denuncia contra el mandatario, por un nuevo golpe judicial en su contra. El Ministerio de Justicia formalizó una denuncia penal contra el expresidente Evo Morales por ocho delitos. “Los principales delitos que se han denunciado son terrorismo, instigación pública a delinquir, atentados contra la seguridad de los servicios públicos, atentado contra la seguridad de los transportes, atentado contra la libertad de trabajo, desobediencia a resoluciones constitucionales, destrucción y deterioro de bienes del Estado y obstrucción de procesos electorales” dijo el titular del Ministerio de Justicia, César Siles, en conferencia de prensa. La acusación también alcanza a la dirigente del Trópico de Cochabamba Suset Rodríguez.
A esto se suman más de 120 presos políticos, en medio de las protestas que incluyen altos dirigentes de las bases evistas como Ponciano Santos y Enrique Mamani. Si bien las fuerzas en pugna pueden ser diferenciadas en dos grandes y heterogéneos bloques, el protagonismo electoral tiene a tres personalidades en el centro de escena: Morales (proscripto), Andrónico y Arce (con Castillo como candidato).
Por éstos días, la espiral de violencia parece, peligrosamente, no detenerse. La inhabilitación institucional, y hasta un intento de magnicidio, han confinado a Evo Morales al Chapare cochabambino, y la crisis económica ha transformado el país en un peligroso campo de batalla, con escaramuzas que, de no detenerse con diálogo sincero y paz, se encaminan a un escenario de guerra civil que se lleven puestas las posibilidades de resolver la crisis en las elecciones del próximo domingo 17 de agosto.
La discusión pública se ha transformado en una disputa de sentidos acerca de las responsabilidades sobre la crisis económica y el movimiento popular boliviano se encuentra frente a una encrucijada y una certeza. La encrucijada ofrece un camino hacia un proceso electoral cuyos tintes democráticos se han destruido a partir de la decisión política y judicial de impedir, por todos los medios -como la cancelación, la persecución e incluso un intento de asesinato-, que Evo Morales participe.
Las encrucijadas múltiples
Lo que ya se asume como una proscripción para Morales llega en un contexto de ofensiva neofascista a nivel continental. La “distorsión” del proceso de cambio que consumó Arce ha dejado al país a la deriva. La digresión y desgranamiento de las fuerzas sociales y políticas plebeyas tienen, como contraparte exacta, un proceso equivalente en toda la derecha oligárquica y proimperialista boliviana.
Entre las candidaturas de la derecha se encuentran, públicamente desarticuladas, un conjunto de propuestas que no consiguen, por el momento, hacer síntesis. En ese contexto, marcado por la fragmentación política y el descontento social, la oposición está mareada y aturdida por el vacío de propuestas de figuras como Manfred Reyes Villa, Samuel Doria Medina, Jorge Quiroga y Rodrigo Paz.
Los recursos naturales, litio, gas, hidrocarburos son otro eje clave de esta disputa. La apertura a empresas extranjeras, las demoras en la industrialización y la falta de consulta a las comunidades han generado malestar. Las tratativas con Irán para el desarrollo de tierras raras, y el interés de multinacionales por el Salar de Uyuni, deben leerse en un contexto de disputa global por la energía y el desarrollo tecnológico del futuro. ¿Será Bolivia dueña de su litio, o terminará como una simple proveedora de materias primas para el Norte global?
Palabras de cierre
Lejos de profundizar las transformaciones estructurales iniciadas en el año 2000, el gobierno de Luis Arce ha derivado en una administración que se adaptó al centro político, abandonando los fundamentos populares y antiimperialistas que les dieron origen al proceso de cambio.
La modificación de la Constitución, que hoy circula en ciertos sectores del oficialismo, debe poner en alerta a las organizaciones populares. No se trata de cualquier texto, es la Carta Magna que instituyó el Estado Plurinacional y reconoció los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Desnaturalizarla sería renunciar a los avances conquistados con lucha, movilización y vidas de indígenas y campesinos.
En esta nueva fase del capitalismo mundial, en el cada vez más distópico mundo de la pospandemia, las instituciones estatales se resignifican y pierden protagonismo, mientras las democracias se deterioran, dando lugar a una reconfiguración en las formas de administración institucional del poder en los territorios. Ese es el fundamento orgánico de la amenaza neofascista, una expresión política vista como “necesaria” por una parte importante de las élites mundiales y regionales.
En este escenario, se desdibujan los análisis tradicionales sobre los procesos electorales, ya que, cada vez con mayor frecuencia, las elecciones dejan de ser el eje central para expresar la voluntad popular. En estos claroscuros radica el desafío de los pueblos: construir un sistema de representación auténticamente democrático. En Bolivia, la democracia atraviesa uno de sus momentos más críticos, y señala que el ciclo del golpe de Estado de 2019 aún no se cerró. Lo que está en juego no es solo una elección, sino la soberanía nacional, la continuidad y la verdadera profundización de un proceso de transformación en favor de los sectores plebeyos de nuestras sociedades.
El desenlace de esta crisis está abierto, pero una cosa está clara: Bolivia merece volver a mirarse en el espejo de su dignidad colectiva. Merece elecciones libres, justicia económica, unidad popular y un futuro plurinacional que no se negocie ni se abandone.
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