Un crecimiento muy raro

La mayoría de los economistas profesionales repiten, como un mantra, que puede ser que el Presidente sea un impresentable que protege delincuentes y lavadores de dinero, pero que, para fortuna de la Patria, está haciendo “lo que había que hacer”. A este deber ser del hacer lo denominan “cambiar el régimen económico de la Argentina”. Es decir, ya no importan la República, las malas formas ni tampoco la corrupción. Lo único verdaderamente importante, lo único que no es relato, es el cambio del régimen económico.

El oficialismo parece estar convencido de que la estabilidad relativa, en medio de una fiesta de ingreso de divisas por exportaciones primarias y en paralelo a un festival de endeudamiento que tan bien gestiona el Ministerio de Economía, es un proceso que llegó definitivamente para quedarse y que permitirá la reelección presidencial. La ilusión se refuerza a partir de los últimos acontecimientos que, mediante la cesión de negocios telefónicos, permitieron que el aparato mediático hegemónico le sacara el cuchillo del pecho al Gobierno. Al menos por un tiempo puede esperarse que bajen los decibeles del caso Adorni, de la criptoestafa $Libra y del 3 por ciento de la Andis, aunque sigan allí como espadas de Damocles disciplinadoras frente a potenciales desvíos de los planes de negocios.

Vale reconocer que la argumentación de los enamorados de la política oficial parte de una premisa verdadera: más allá de la discusión sobre los modelos, Argentina es el único país de la región que, en lo que va del siglo XXI, no fue capaz de resolver el problema de la inflación. El actual gobierno es, como se dijo muchas veces, el producto de esta frustración histórica. A ello se suma el dato triste de una oposición justicialista que todavía no da señales de haber aprendido de los errores del pasado. Si se despejan las consignas, no hay nadie sobre la faz de la tierra que pueda decir cuál es hoy la propuesta electoral del peronismo. Allí siguen, como caras visibles de una interna persistente, los reivindicadores de los cepos que permitieron enriquecimientos selectivos, los manipuladores del Indec y los abanderados de los subsidios indiscriminados. Y ello por no hablar de quienes creen que, en una economía altamente endeudada, se puede gobernar contra los mercados prometiendo nuevos defaults. En pocas palabras, una oposición esperpéntica, hecha a imagen y semejanza de los deseos del oficialismo y que hoy funciona como uno de sus principales activos electorales.

Ahora bien, nadie en su sano juicio económico duda de que, ya antes de la finalización del gobierno del Frente de Todos, la economía necesitaba un plan de estabilización, lo que indefectiblemente supone ajustes fiscales, cambiarios y de precios relativos. Sin embargo, luego de dos años y medio de gobierno libertario, el ajuste que inicialmente aparecía como necesario superó los tiempos estándar de cualquier estabilización. Lo que se observa es algo más estructural que un vulgar —o no tan vulgar— programa de ajuste.

El programa económico puede resumirse hoy en el desfinanciamiento de las funciones más básicas del Estado, incluida la amortización de la infraestructura, con el objetivo amplio de bajar impuestos al segmento superior de la pirámide distributiva. Si se observa la evolución de los ingresos —salariales y no salariales, formales e informales, de trabajadores activos y pasivos— quedan pocas dudas acerca de quiénes resultaron ganadores en la lucha de clases. La ideología liberal sostiene que bajar impuestos a los más ricos resulta indispensable para recuperar la confianza de los mercados y estimular la inversión; es decir, para dinamizar la economía por el lado de la oferta. No sucedió.

Lo que sí ocurrió fue la “caída estabilizadora” de los ingresos de las mayorías, que tuvo como contrapartida el derrumbe de la demanda, manteniendo deprimido el consumo y, por extensión, a todas las ramas de la economía que dependen del mercado interno, desde el comercio, que ocupa a 4,1 millones de trabajadores, hasta la construcción y la industria, cuyos números de catástrofe ya fueron ampliamente reseñados.

El crecimiento del PIB del que se jacta el oficialismo es una burbuja inflada por las exportaciones del agro y la energía, y en menor medida de la minería, sectores que, dicho sea de paso, disfrutaron del viento de cola de los altos precios impulsados por la guerra en Medio Oriente. A ellos se sumó la ficción de la intermediación financiera, que paradójicamente hasta se benefició, mediante intereses usurarios, de la mora creciente de las familias que, ante la caída de ingresos, se endeudaron para financiar gastos corrientes.

Lo que se consolida es una economía muy extraña, en la que los números muestran un crecimiento agregado del PIB producto de la citada burbuja de las economías de enclave, pero que no crea empleo, destruye trabajo formal, contrae el consumo, registra una destrucción neta de miles de empresas en todos los rubros y en la que la inversión cae de manera violenta —11,6 por ciento interanual en el primer trimestre— y persistente, ya que acumula cuatro trimestres consecutivos de retroceso. Vale recordar que, por más ultracapitalismo que se predique, sin inversión no hay capitalismo.

El Gobierno no puede negar este derrumbe, por eso apuesta a reforzar concesiones sumando al RIGI el Súper RIGI y, a partir de la creación de estos marcos formales, predice el ingreso —siempre futuro— de inversiones multimillonarias. Incluso suponiendo, muy generosamente, que estas esperanzas se cumplan, solo servirán para reforzar los enclaves, no el mercado interno.

Este comportamiento de indicadores que resultan determinantes para la calidad de vida presente de los trabajadores, pero especialmente para las perspectivas futuras de la actividad económica, es probablemente el factor que se encuentra detrás de la “falta de confianza de los mercados”, que no es la que se expresa en el riesgo país, sino la que se traduce en el muy mal desempeño de la inversión. Dicho de otra manera, no es el riesgo “kuka” del que hasta ayer hablaba el oficialismo; es el riesgo derivado de la inestabilidad política intrínseca del modelo.

Es difícil predecir cuándo advertirán los trabajadores que para ellos no habrá reactivación. Lo que sí puede preverse es que, en algún momento, sucederá. Los mercados saben mejor que nadie sobre el efecto disciplinador de la alta inflación, lo que condujo a la aceptación social del ajuste, pero también saben que no hay motores para la recuperación del mercado interno, el verdadero riesgo político que alimenta las dudas sobre el futuro de la economía