La guerra y la discapacidad

Dice la Enciclopedia del Holocausto que, según Adolf Hitler, “la guerra era el mejor momento para eliminar a los enfermos incurables”. El equilibrio fiscal sería nuestro eufemismo para la guerra. Desde este argumento, presentado sin matices, el gobierno constitucionalmente electo opta por un veto que tiene por efecto “desatender” las necesidades más extremas de una parte importante de la sociedad.

¿De qué habla la ley vetada? La ley aborda dos dimensiones básicas: el derecho a la materialidad de la vida y el derecho a la subsistencia.

Tratar de abordar el derecho a la vida tiene múltiples entradas posibles. Foucault decía que una de las características más notables del pasaje de la antigüedad a la modernidad se encuentra en un sutil pero fundamental giro que despliega la autoridad pública, el soberano. En la Edad Media, los reyes tenían la potestad de decidir sobre la vida y la muerte de sus súbditos. Podrían matar o dejar vivir. Con el pasaje a la modernidad, las autoridades públicas pasan a tener el poder de hacer vivir y dejar morir. Esto es administrar las condiciones mínimas de la vida de las poblaciones.

En nuestro presente, cuando se habla de “prestadores”, de kinesiólogas, de terapistas ocupacionales, de asistentes y acompañantes, de maestras de integración se habla de personas que hacen posible que las personas con discapacidades mejoren sus oportunidades de desarrollar una vida plena. Y digo personas con discapacidades en plural porque las características de gran parte de las discapacidades es que comprenden múltiples dimensiones del funcionamiento típico de las personas: hay quienes no pueden caminar pero a la vez no pueden vocalizar, hay quienes no pueden ver y a la vez tienen problemas cognitivos, etcétera.

El sistema que la ley vetada quiere reforzar lleva el nombre de “Sistema de prestaciones básicas de habilitación y rehabilitación a favor de las personas con discapacidad” y se encuentra hoy regulado por la ley Nº 24.901. Habilitación y/o rehabilitación… En el marco de la ley aquello que se habilita y/o rehabilita son las diferentes y múltiples funciones psico-físico-emocionales que hacen posible la vida. Una persona con múltiples discapacidades requiere de apoyos de orden terapéutico para prevenir el empeoramiento de sus limitaciones y para avanzar en su desarrollo personal y social.

¿Qué más sería necesario para ese desarrollo de estas vidas? Sería fundamental que la sociedad toda pudiera ver más allá del episódico conmoverse de las “desgracias y dificultades de los otros” y avanzara en diseñar instituciones, espacios físicos, educativos, terapéuticos, sanitarios, laborales y de recreación libres de barreras y accesibles para todas las personas, sin distinciones en función de las capacidades. Esto va desde no diseñar el acceso a un hospital lleno de escalones y sin rampa hasta poner en práctica sistemas de apoyo a la inclusión laboral o programas realistas y responsables de inclusión educativa, entre infinitos otros.

¿Podrían hacerlo solos, solas? No. ¿Podrían hacerlo con “ayuda” de sus padres, madres o familias? No. Aun cuando cada persona con discapacidad pone muchísimo esfuerzo y empeño, tenacidad y constancia, no alcanza con su intención para, por ejemplo, aprender a caminar. Aun cuando cada familia pone muchísimo esfuerzo, constancia y recursos (materiales y emocionales) para acompañar estos procesos, no alcanza con el amor para aprender a comunicarse. Para poder avanzar en la “habilitación” hace falta el estudio, la práctica y la constancia de aquellos profesionales que eligieron estas vocaciones. Y para sostener el sistema hacen falta recursos: nada nuevo.

En síntesis, quitarles a las personas con discapacidades el acceso a las prestaciones de habilitación y/o rehabilitación implica una grave limitación en sus posibilidades reales de desarrollo autónomo de la vida. Algo así como el dejar morir del que nos hablaba Foucault.

La segunda cuestión que aborda la ley vetada tiene que ver con la subsistencia. ¿De qué viven las personas con discapacidades? ¿Pueden estas personas acceder a empleos registrados con obra social? El sistema previsto por la ley apunta a reforzar y adecuar las previsiones actualmente vigentes vinculadas a la manutención de las personas con discapacidades: un sistema de cupo laboral estatal, un sistema de pensiones y un sistema de “talleres protegidos”.

Respecto del cupo laboral es importante señalar que ningún gobierno lo cumplió ni se aproximó mínimamente a ello, mientras que respecto de las otras herramientas estamos haciendo referencia a la mejora en los montos asignados (sabiendo que los actuales no permiten el mantenimiento de la vida de ninguna persona). Y para sostener estos sistemas hacen falta recursos: otra vez, nada nuevo.

¿Sabemos los números de los que hablamos?, ¿sabemos cuántas personas con discapacidad hay en Argentina? Lamentablemente no lo sabemos, porque el último censo nacional (2022) no supo preguntarlo de forma adecuada y conocemos muy mínimamente la punta del iceberg. En su momento me ocupé en señalar la responsabilidad de quien estuvo a cargo del proceso, persona que llamativamente sigue desempeñándose en dicho cargo, idoneidad aparte. ¿Importan los números? Sí pero no tanto. ¿Cómo es que “no tanto”?

Aun cuando resulta complejo diseñar políticas públicas sin tener datos certeros, la obligación en materia de protección de los derechos más básicos de las personas con discapacidad no depende únicamente de la ley vetada ni del equilibrio fiscal. La obligación surge de la Constitución Nacional, esa herramienta que tenemos y nos dimos respecto de la organización de lo social. Ese acuerdo está vigente y es imperativo más allá de las mayorías especiales requeridas para revertir un veto. Ese acuerdo es lo que nos distancia, en este punto, de la Edad Media. Estos aspectos, el derecho a la materialidad de la vida y el derecho a la subsistencia, dan cuenta de las formas en que como sociedad nos vinculamos con quienes requieren de otros. Los otros somos nosotros.

Dice la historia moderna que Hitler comenzó con el programa Aktion T4 en 1939, algunos años después de ser nombrado canciller de Alemania. Este programa de exterminio de personas con discapacidades fue desarrollado en secreto y sin conocimiento de la población. Es interesante notar que en la Alemania nazi no resultaba aceptable ni hacer morir ni dejar morir públicamente. La actualidad en Argentina supera sus antecedentes. ¿Hay palabras para este presente?