El Presupuesto 2026 presentado el pasado lunes encendió las alarmas. El gobierno enfrenta vencimientos de deuda en dólares muy abultados en 2026 y 2027, que sumado a lo que queda de 2025, superan los 44.000 millones de dólares, incluyendo compromisos con el FMI, otros organismos internacionales, Bonares y Globales, el Club de París, Repos del BCRA y los Bopreales (según la reconocida consultora 1816).
La estrategia oficial suponía bajar el riesgo país a 500 puntos para poder refinanciar ("rollover") buena parte de esos pagos. Sin embargo, post elecciones bonaerenses el gobierno argumenta que el fracaso de su plan económico es responsabilidad del resultado electoral y de los recientes rechazos a los vetos en el Congreso, tanto de los Diputados y Senadores. Lejos de responsabilizarse por sus errores y lo inviable del plan, aducen que ambas situaciones desataron una tormenta cambiaria que al gobierno le está costando calmar, más allá de las afirmaciones en el programa "Las Tres Anclas", donde se le sumó la desafortunada frase de Toto Caputo de "Hay Dólares para Todos", asimilable a la mal recordada frase del "El que apuesta al dólar pierde", realizada por el exministro de Economía argentino, Lorenzo Sigaut, en 1981.
La realidad es otra: el dólar tocó el techo de la banda cambiaria esta semana, el BCRA vendió más de mil millones de dólares en apenas tres días y el riesgo país superó los 1.500 puntos básicos. A este ritmo, la deuda externa en USD se vuelve impagable y la posibilidad de una reestructuración vuelve a instalarse en la agenda.
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Como muestra el gráfico, el riesgo país argentino comenzó a desacoplarse del índice global en julio cuando se produjo el desarme de las LEFI (letras de liquidez), una maniobra que profundizó la desconfianza en la política monetaria y cambiaria. Desde entonces, mientras el riesgo global tendió a la baja, el argentino escaló de manera pronunciada. Teniendo esto un efecto muy nocivo en la economía real, donde empezamos a ver un aumento acelerado de la morosidad y cheques rechazados por no tener fondos producto del efecto de las mega-tasas sobre las familias y las empresas.
La inconsistencia del presupuesto refuerza la desconfianza: promete superávit mientras baja retenciones y aumenta el gasto, con una inflación en 2026 de 10.1% anual, que caería al 3,7% en 2028 y un dólar estable por debajo de los 1.470 pesos, cuando ya hoy rozó los 1.523,75 pesos. Sin acumulación de reservas en el mejor momento de exportaciones y con un tipo de cambio alto de manera ficticia, estos números son insostenibles. Todo el plan descansa en que el riesgo país baje 500 puntos, un escenario cada vez más alejado de la realidad.
El Artículo 55: herramientas para facilitar un canje de deuda
Mientras tanto, el proyecto del presupuesto incorpora un cambio clave que apunta a ganar libertad frente al posible refinanciamiento de deuda a partir del Artículo 55. Este artículo propone modificar la Ley 11.672 Complementaria de Presupuesto para eliminar la referencia al artículo 65 de la Ley de Administración Financiera (24.156), que obliga a que toda reestructuración mejore al menos dos de estas tres condiciones: la tasa de interés, el capital adeudado y los plazos de vencimiento. El mismo intento ya había aparecido el año pasado. Ahora, con vencimientos por más de 44.000 millones de dólares en el horizonte y muchos vencimientos en los instrumentos en pesos como las LECAPS cuyos intereses son opacos para el control democrático, el oficialismo redobla la apuesta y busca habilitar un esquema de “administración de pasivos” mucho más flexible, es decir, discrecional y sin los límites de la ley de crédito público, que garantiza que dichas modificaciones se hagan consiguiendo mejores plazos, mejoras tasas o mejoras en el capital a pagar para la administración pública nacional.
Así, el oficialismo insiste en abrir la puerta a manejar una eventual reestructuración a discreción, sin pasar por el Congreso, propio de su modus operandi. El antecedente inmediato es el DNU de abril, con el que amplió el préstamo con el FMI pese a que la Ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública (27.612) establece que toda emisión de deuda en moneda extranjera y bajo ley extranjera requiere autorización legislativa.
El fantasma: el Megacanje al presente
La memoria económica argentina advierte sobre los riesgos. En 2001, el Megacanje impulsado por Cavallo y Sturzenegger aumentó la deuda en lugar de aliviarla. Se canjearon 46 tipos de bonos por 5, con vencimientos hasta 2031, pero el resultado fue una deuda que pasó de 80.000 millones a más de 102.000 millones de dólares.
El peritaje judicial calculó un perjuicio de 55.000 millones de dólares para el país, mientras bancos internacionales embolsaban 150 millones en comisiones. La operación quedó en la historia como un ejemplo de endeudamiento ruinosa, disfrazada de alivio.
No es un dato menor que uno de los protagonistas de aquella operación, Federico Sturzenegger, hoy vuelva a ocupar un lugar central en la gestión de Javier Milei. Procesado en la causa del Megacanje y sobreseído recién en 2016, cuando presidía el BCRA, su regreso refuerza la sensación de que las viejas recetas vuelven con nuevas formas.
En contraste, con Néstor Kirchner en 2005 se logró una reestructuración con una quita del 66%, y en 2020 el ministro Martín Guzmán consiguió bajar la carga de pagos de la deuda en dólares, con una quita del 5,4% en capital y del 63% en intereses.
Dar carta blanca al Ejecutivo para manejar la deuda abre la puerta a repetir los fracasos del pasado. Con un riesgo país disparado y vencimientos récord, el paralelo con el Megacanje es inevitable: incluso Sturzenegger vuelve a escena. Más que innovar, el gobierno parece insistir en fórmulas que ya demostraron sus límites.
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