El presidente Daniel Noboa llega a la consulta popular del 16 de noviembre con un país polarizado, un frente social en resistencia y una agenda económica condicionada por el Fondo Monetario Internacional (FMI). El referéndum, presentado como un mecanismo para “modernizar el Estado”, propone reformas que en realidad buscan concentrar poder y abrir la puerta a intereses externos.
No es la primera vez que Ecuador enfrenta una consulta de alta carga política. En 2018, durante el gobierno de Lenín Moreno, el “Sí” triunfó en todas las preguntas. En aquella ocasión se consultaba sobre la inhabilitación política para los sentenciados por corrupción; minería y ambiente; la eliminación de la reelección indefinida; la conformación del Consejo de Participación Ciudadana y la no prescripción de delitos por abuso sexual a niños, niñas y adolescentes.
En 2023, Guillermo Lasso utilizó este mecanismo para poner a consideración de la población la extradición de ecuatorianos acusados de delitos relacionados con el crimen organizado transnacional; la autonomía de la Fiscalía General del Estado; la reducción del número de asambleístas y cambios en los criterios de elección; la exigencia para los movimientos políticos de contar con un número de afiliados mínimo; la facultad y los mecanismo que tiene el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para designar autoridades; la ampliación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas y las compensaciones a personas o comunidades por apoyar la generación de servicios ambientales. El “No” se impuso en las ocho preguntas propuestas, reflejando el desgaste de su gestión.
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En 2024, Noboa consiguió un triunfo parcial: ganó en nueve de once preguntas centradas en seguridad, justicia y empleo, aunque perdió en aquellas vinculadas a derechos laborales y soberanía económica. En aquella ocasión se aprobaron medidas como permitir la extradición de ecuatorianos, aumentar las penas para una serie de delitos violentos y dar más facultades a las Fuerzas Armadas. Adicionalmente, se incluyeron dos preguntas de índole laboral para crear modalidades de contratos por horas y de plazo fijo, con el supuesto objetivo de fomentar el empleo juvenil y la formalización.
En esta oportunidad el gobierno apuesta todo a cuatro preguntas que modifican la arquitectura institucional: permitir la instalación de bases militares extranjeras, reducir el número de asambleístas, eliminar el financiamiento público a los partidos y convocar una Asamblea Constituyente.
El 5 de noviembre, el presidente Daniel Noboa decretó un nuevo estado de excepción en provincias estratégicas, lo que confirma la continuidad de una política de control territorial bajo el argumento del orden interno. Paralelamente, el Ejecutivo aprobó un reglamento a la Ley de Transparencia para Organizaciones Sociales, que amplía las facultades de vigilancia sobre actores sociales y limita el margen de acción de la sociedad civil.
En ese contexto, la consulta popular se desarrolla en un clima donde la narrativa de seguridad opera como herramienta de legitimación política y como mecanismo para reordenar las relaciones entre Estado y ciudadanía. Este marco de control, denunciado ampliamente por organizaciones locales e internacionales por atentar contra los derechos humanos, es justificado por el gobierno a partir de la emergencia de seguridad: entre enero y octubre de 2025 se registraron más de 7,400 muertes violentas, equivalente a un asesinato por hora. De mantenerse esta tendencia, el año actual se convertirá en el más violento de la historia contemporánea de Ecuador.
El discurso de seguridad empleado por el Ejecutivo para justificar la consulta popular se consolida en un escenario de presión internacional y endurecimiento interno. Desde Carondelet, Noboa presenta el proceso como un ejercicio de participación democrática. Sin embargo, el contexto social contradice ese relato. Apenas semanas antes de la convocatoria, el país atravesó un paro nacional encabezado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), en rechazo al aumento del diésel y a las medidas de ajuste impuestas en línea con las recomendaciones del FMI. La represión a las protestas dejó 6 fallecidos, más de 500 heridos y cerca de 200 detenidos.
En octubre de 2025 el FMI aprobó un desembolso adicional por seiscientos millones de dólares (USD 600.000.000) dentro del acuerdo en curso. Para amplios sectores, las medidas de ajuste que acompañan ese programa explican el descontento social.
A principios de noviembre el gobierno profundizó su estrategia con la visita a Quito de la secretaría de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, encuentro que reforzó la posibilidad de instalar bases militares extranjeras, una de las propuestas centrales del referéndum. Diversos sectores sociales y políticos interpretan este acercamiento como un acto de injerencia que pone en cuestión la soberanía nacional y que profundizará el modelo de represión, control y persecusión a las organizaciones políticas.
En la recta final de la campaña, Noboa promovió esta semana el traslado del ex vicepresidente Jorge Glas, junto a 300 presos, a un nuevo centro penitenciario de máxima seguridad en la localidad de Santa Elena. El hecho, cargado de mensajes provocadores y disciplinantes, ocurrió luego de una nueva masacre carcelaria el 9 de noviembre en Machala, en la que murieron 31 presos tras un montín.
El mandatario difundió el traslado al estilo Bukele y envió un mensaje explícito al crimen organizado: "El crimen quiso desafiar al Ecuador y empezar su campaña. Hoy, el Ecuador le respondió con hechos".
Además, publicó una foto de Jorge Glas con la leyenda: “Bienvenido a tu nuevo hogar. Pronto llegarán otros criminales”, en franca violación de una disposición de la Corte Interamericana de Justicia, que en octubre se expidió sobre el caso, obligando al Estado ecuatoriano a garantizar su integridad y a evitar cualquier trato degradante o exposición pública incompatible con la dignidad humana. El ex vicepresidente, fue capturado el año pasado tras una incursión violenta de las fuerzas de seguridad en la embajada de México en Quito, donde se encontraba asilado.
En el terreno institucional hay tensiones. La Corte Constitucional dictaminó la inconstitucionalidad de normas claves que el Ejecutivo invocó para justificar medidas de seguridad. Mientras tanto, el gobierno ha autorizado la participación del presidente en la campaña por el Sí, tras la licencia aprobada por la Asamblea Nacional. El Ejecutivo también organizó un simulacro electoral en las 24 provincias, una actividad con amplia cobertura policial y militar, que el Consejo Nacional Electoral presentó como ensayo técnico para el día de la votación.
Las encuestas muestran tendencias mixtas. Algunos sondeos otorgan ventaja al Sí en preguntas puntuales, especialmente la reducción del número de asambleístas y la eliminación del financiamiento público a partidos. En cambio, la posibilidad de eliminar la prohibición de bases militares extranjeras registra mayor duda y rechazo entre distintos sectores. Los estudios reflejan además un porcentaje de indecisos que puede definir lugares donde la campaña territorial sea más efectiva.
La consulta popular se convierte así en un punto de inflexión. Más que una herramienta de participación, funciona, como sucedió en ocasiones anteriores, como un termómetro del proyecto político de Noboa. Si logra el respaldo electoral, el presidente consolidará un margen de maniobra que podría extender su poder y habilitar una nueva arquitectura institucional para profundizar su modelo.
Detrás de la disputa jurídica y comunicacional se juega un debate mayor: el modelo de país. La continuidad del alineamiento con Estados Unidos, la expansión del gasto militar y la subordinación a los organismos financieros internacionales contrastan con las demandas populares por soberanía, derechos y justicia social.
El resultado legitima o debilita la estrategia de seguridad de Noboa. En un país con una violencia creciente, la presión por resultados es alta. La democracia ecuatoriana vota este domingo bajo la sombra de las armas y la urgencia económica.
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