Venezuela después de la invasión: cambios, continuidades y perspectivas

El ataque estadounidense contra Venezuela alteró de manera irremediable el ya frágil orden mundial. Con este acontecimiento, América Latina y el Caribe ingresaron de forma explícita en una guerra mundial híbrida y fragmentada. Si bien la región venía siendo escenario de disputas geopolíticas crecientes -en particular desde el inicio del segundo gobierno de Donald Trump-, convertirse en blanco directo de una agresión militar modifica de manera sustantiva los márgenes de la transición hegemónica en curso, tensionada entre una distribución cada vez más pluricéntrica del poder global y los intentos de restauración de la supremacía estadounidense.

El secuestro del presidente Nicolás Maduro y de la diputada Cilia Flores produjo efectos disruptivos e inesperados. Entre ellos, que no se consumara un inmediato “cambio de régimen”. Sin embargo, sí se verificaron cambios de distinta envergadura que conviven con continuidades estructurales del proceso bolivariano, las cuales analizamos a continuación.

¿Qué cambió si no cambió el gobierno chavista?

Existe un amplio consenso en torno a la crisis del sistema multilateral y del derecho internacional público, que en estas horas parece agonizar ante la incapacidad de sancionar o siquiera limitar las acciones unilaterales de la principal potencia mundial. La confianza entre una porción significativa de los Estados se encuentra quebrada y la parálisis de la Organización de las Naciones Unidas terminó de erosionar el último dique que, al menos en términos formales, sostenía el orden de posguerra. Se trata de un cambio de escala global que encendió alarmas incluso entre las grandes potencias.

América Latina y el Caribe dejaron de ser una zona de paz. No sólo por la agresión estadounidense, sino también por las complicidades que la celebran o la legitiman. En este marco pueden identificarse al menos tres posicionamientos estatales: 1) países que repudiaron y condenaron la acción como un acto ilegal e ilegítimo, motivado por intereses geopolíticos de Estados Unidos; 2) países que, aun invocando los principios de no intervención y resolución pacífica de controversias consagrados en la Carta de la ONU, avalaron los argumentos esgrimidos por Trump para ejecutar una acción violatoria del derecho internacional y de la propia Constitución estadounidense, recurriendo incluso a eufemismos como “captura” u “operación quirúrgica” y sugiriendo la supuesta “necesidad” de un cambio político en Venezuela; y 3) países que celebraron abiertamente los bombardeos -incluidos aquellos sobre población civil-, la destrucción de infraestructura sanitaria y el secuestro del presidente y la primera dama para someterlos a una legislación de carácter extraterritorial. La consecuencia de esto es que el respaldo colectivo basado en principios comunes quedó anulado, y no hay garantía de que los gobiernos que se alinearon a Estados Unidos protejan la soberanía de sus vecinos y hasta se plantea el peligro de que colaboren en su contra.

En el plano interno, el gobierno chavista perdió parte de la ventaja que le otorgaba el sistema de defensa provisto principalmente por China y Rusia, quedando condicionado por la amenaza creíble del uso de la fuerza. Más allá de los interrogantes abiertos -que deberán seguir siendo analizados- sobre la eficacia “absoluta” de la agresión militar o sobre posibles colaboraciones internas para facilitar los ataques a infraestructuras críticas, quedó expuesta la asimetría de poder que hizo posible el secuestro del presidente Maduro. Esa capacidad de daño, sumada a la retención del principal líder del chavismo, constituye hoy uno de los instrumentos centrales de presión de la administración Trump para desestabilizar no sólo a Venezuela, sino también al conjunto del bloque antagónico, en menor o mayor grado, a Estados Unidos.

Este cambio en la relación de fuerzas habilitó, además, nuevos escenarios en torno a la comercialización petrolera. Trump reiteró su interés en el control del petróleo venezolano el sábado 3 de enero, al tiempo que sostuvo que apostaba a que Venezuela venda entre 30 y 50 millones de barriles, lo que implicaría levantar ciertas restricciones comerciales; incluso para Chevron, la única petrolera estadounidense que hasta ahora contaba con una licencia renovable de 110.000 barriles diarios. Este esquema podría impactar negativamente en otras economías de la región al presionar a la baja los precios del crudo. A la vez, vuelve a demostrar el efecto estructural de las políticas de bloqueo unilateral sobre economías altamente dependientes del petróleo y confirma que fueron estas medidas las que desestabilizaron de manera decisiva la economía venezolana desde 2015.

Lo que el golpe no pudo romper

La unidad cívico-militar continúa siendo uno de los rasgos distintivos y más sólidos del proceso bolivariano. Aunque el impacto inicial del ataque abrió especulaciones sobre negligencias, deslealtades e incluso traiciones en la cadena de mando militar, hasta el momento no existen elementos concluyentes que permitan atribuir responsabilidades directas. Ello incluye los rumores en torno al relevo del Mayor General Javier Marcano Tábata al frente de la Dirección General de Contrainteligencia Militar y de la Guardia de Honor Presidencial. Su reemplazo por el Mayor General Gustavo González López consolidó una conducción que articula la defensa integral de la nación junto al ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, y el ministro de Defensa, el general de Ejército Vladimir Padrino López.

Este núcleo de poder se encuentra coordinado con la conducción política del Poder Legislativo, a cargo de Jorge Rodríguez, y del Ejecutivo, encabezado por Delcy Rodríguez. Dicha articulación cívico-militar ha sido una de las principales garantías de sostenibilidad del proyecto bolivariano y, en el contexto actual, cuenta además con un respaldo interno significativo expresado en las calles, pese al fuerte despliegue opositor en el plano internacional.

Probablemente el factor más consistente que llevó a Trump a descartar un “cambio de régimen” precipitado, con María Corina Machado como figura central, haya sido la persistente capacidad de movilización popular, combinada con la cohesión cívico-militar. La respuesta social de las bases chavistas se activó desde las primeras horas posteriores al ataque y se sostuvo en el tiempo, acompañando los reacomodamientos en la conducción política. Esta movilización, heterogénea pero constante, continúa activa desde el despliegue militar estadounidense en el Caribe y permanece atenta al desarrollo de los acontecimientos.

Otro elemento que permanece inalterado —y sobre el cual apuesta la estrategia norteamericana— es el control estatal de los recursos estratégicos. Aunque Trump insiste en afirmar que posee la “llave” de las decisiones, sus aspiraciones se ven mediadas por la negociación —o la extorsión— con el gobierno venezolano. La estructura institucional logró sostener el esquema de producción y comercialización, en el que dos tercios del petróleo se destinan a China, alrededor del 15 % a Estados Unidos, y las nuevas cuotas se realizan a precios de mercado.

Alerta para caminar

Lejos de un escenario de estabilidad, la situación exige mantener un estado de alerta frente al agresor. La ausencia de un colapso gubernamental o de una insurrección masiva no implica la consolidación de un nuevo status quo. La calma posterior no equivale a normalidad: es, hasta ahora, una respuesta defensiva frente al temor de una escalada mayor y, al mismo tiempo, una expresión de una sociedad sometida durante más de una década a medidas coercitivas unilaterales, guerra económica y sabotajes que provocaron una crisis sin precedentes, y que muchos creían superada.

En rigor, Venezuela —como espacio estratégico del repliegue estadounidense— arrastra una guerra no declarada desde el 6 de diciembre de 1998, cuando Hugo Chávez ganó las elecciones presidenciales e inauguró -antes y después del golpe de 2002- una orientación cívico-militar que advertía: el país debía prepararse para una guerra multidimensional con la potencia continental y ante una enorme asimetría. Hoy esa advertencia actualizó su vigencia.

Venezuela está en guerra, aunque su carácter híbrido genere orientaciones contradictorias. Mientras se busca preservar el orden interno y transmitir certidumbre exaltando la calma cotidiana, operaciones psicológicas alimentan versiones sobre traiciones internas, refuerzan la idea de un control absoluto por parte de Estados Unidos y reproducen un inventario de supuestos horrores de la “tiranía”. El engaño, la intriga y la confusión han sido siempre recursos de la guerra; sin embargo, en la era digital su capacidad de daño se amplifica a través del ciberespacio y de la credibilidad otorgada a contenidos que circulan masivamente en redes sociales. A ello se suma la reaparición explícita de la guerra convencional de alta tecnología: portaviones, submarinos, satélites y aeronaves de vigilancia continúan operando en las aguas del Caribe integrados mediante un sistema de C4ISTAR (Comando, Control, Comunicaciones y Computación, Inteligencia, Vigilancia, Adquisición de Objetivos y Reconocimiento).

La aceptación de Delcy Rodríguez por parte de Washington busca exhibir una supuesta vulnerabilidad interna destinada a fracturar la unidad político-militar. Trump procura exponer a la presidenta encargada mediante una narrativa de “relajación” de sanciones, mientras insiste en que controla un imaginario proceso de transición. La maniobra apunta a señalarla como vehículo de entrega a los intereses estadounidenses y, según evolucione la percepción interna, podría habilitar a Trump y a Marco Rubio a introducir sus verdaderas fichas en el tablero.

Finalmente, Estados Unidos parece ensayar una modalidad renovada de intervención, apoyada en las lecciones aprendidas de las experiencias caóticas en Asia occidental. La idea de una “transición ordenada” en tres etapas —que supone tolerar y legitimar al gobierno chavista encabezado por Delcy Rodríguez— abre un ciclo de disputa imprevisible, signado por la ausencia de reglas claras y justas que operan como mecanismo permanente de extorsión. Al mismo tiempo, ese margen temporal ofrece al oficialismo la posibilidad de reforzar un consenso social que continúe relegando a una oposición que, como reconoció el propio Trump, carece del apoyo y del respeto de su pueblo.