Las anclas de Milei: la geopolítica y los ingresos

El gobierno de Javier Milei celebra la estabilidad macroeconómica alcanzada, pero oculta las verdades esenciales detrás de sus resultados. Las anclas de Milei para esta estabilidad son la geopolítica y los ingresos de los argentinos.

En el plano interno, la administración no liberaliza precios: impone techos a paritarias, al salario mínimo y a las jubilaciones para contener el consumo. A su vez, recorta partidas de obra pública, educación y gastos esenciales del Estado. El efecto son jubilados y trabajadores pobres. Los números cierran, pero con la gente afuera, de forma insostenible e inhumana. Es como adelgazar amputando extremidades: el peso baja, pero la causa original del sobrepeso persiste.

Sin embargo, el ancla más decisiva es la cambiaria, que sólo se sostiene por razones geopolíticas. En un país bimonetario, nadie ignora que la verdadera reserva de valor sigue siendo el dólar. Mantener artificialmente apreciada la moneda nacional depende, especialmente, del respaldo político y financiero externo. El drenaje superior a 10 000 millones de dólares derivado de esa maniobra amenazaba con profundizar la crisis cambiaria.

La razón principal para sostener la apreciación cambiaria en 2025 (que genera alta inflación en dólares, haciéndonos cada vez menos competitivos), fue el préstamo político y electoral que le dio el FMI a Javier Milei. 

A este auxilio del FMI se sumó un apoyo sin precedentes del Gobierno de Estados Unidos. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, viajó a Buenos Aires tras la aprobación del crédito para ratificar personalmente la confianza estadounidense. Sus reuniones en la embajada con empresas energéticas y Fintech, y el arribo de directivos de fondos como Discovery Capital, revelaron la intención de alinear políticas locales con los intereses de Wall Street.

Al día siguiente de ese gesto diplomático, el Banco Central lanzó una norma que abre el Mercado Libre de Cambios (MLC) a inversores no residentes sin trámites previos, siempre que sus inversiones permanezcan seis meses en el país. El problema no es ofrecer instrumentos de cobertura o inversión, sino sustentar todo el esquema macroeconómico en la especulación financiera. Esa lógica ya generó tensiones insalvables durante el macrismo, y vuelve a exhibir el riesgo de fuga de capitales y concentración de riqueza.

En Washington, Bessent incluso sugirió que Estados Unidos podría activar su Fondo de Estabilización Cambiaria (ESF) para socorrer a Argentina si surgiera una crisis ajena a este gobierno — siempre que Milei mantenga el rumbo. El antecedente más cercano de un auxilio similar fue el rescate a México en la crisis del “Tequila” de 1994, cuando Estados Unidos gubernamentalizó un préstamo de 20 000 millones de dólares. Lo que no se cuenta es que los ingresos de las exportaciones petroleras mexicanas se utilizarían como respaldo para el reembolso de los préstamos otorgados por el Fondo de Estabilización Cambiaria (ESF) de Estados Unidos. La ayuda nunca es gratis. 

Además, en ese momento México era vital geopolíticamente para Estados Unidos ya que recientemente habían firmado el NAFTA, el acuerdo de libre comercio, por lo que la inestabilidad del país vecino podía afectar fuertemente al suyo y además poner en tela de juicio la política de liberalización comercial y construcción de bloques económicos que impulsaba Estados Unidos en su etapa neoliberal.

Trump hoy plantea lo mismo con Ucrania, quiere garantizarse la devolución de la “ayuda” prestada a cambio del control de los minerales estratégicos y los hidrocarburos. Un borrador del acuerdo entre EE.UU. y Ucrania, filtrado por The Telegraph, revela un plan sin precedentes: Washington obtendría el control de minerales críticos, hidrocarburos e infraestructura clave del país europeo como garantía de repago.

El documento, calificado como un "acto de expropiación" por Alan Riley, experto del Atlantic Council, otorgaría a EE.UU. el dominio sobre tierras raras, litio, cobalto, gas, petróleo y hasta carreteras, puertos y refinerías. Tres de los cinco miembros del fondo de reconstrucción serían designados por Washington, que además recibiría el 100% de las regalías hasta que Ucrania salde una deuda de 100.000 millones de dólares (el 50% de su PIB), con un 4% de interés. Kiev solo accedería a la mitad de los beneficios una vez cubierta la deuda.

Pensó durante un par de segundos

Siguiendo esta misma lógica, los ingresos petroleros de la codiciada Vaca Muerta, junto con los rendimientos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad y la venta de los activos estatales que aún permanecen en manos públicas, se perfilan como una fuente clave de divisas en los próximos años. Entre esos bienes destacan la privatización en curso de ENARSA —con participaciones en Transener, las cuatro represas del Comahue y el gasoducto Presidente Néstor Kirchner—, cuya venta en dólares promete intensificarse a medida que avance el proceso.

Ese potencial de recaudación explica el respaldo implícito de figuras como Scott Bessent y Kirill Gueorguieva al gobierno de Milei: de imponerse en las urnas, el oficialismo podría acelerar la subasta de estos activos estratégicos, asegurando el repago del préstamo del FMI y reabriendo el acceso al mercado privado de capitales para emitir nueva deuda y prolongar este ciclo de financiamiento.

A este engranaje se suma el Régimen de Inversiones en Garantía Internacional (RIGI), que, de consolidarse la “estabilidad” geopolítica y financiera en la que se apoya todo el sistema, permitiría la llegada de dólares frescos bajo un estatuto legal que algunos analistas equiparan a un moderno estatuto de coloniaje.

No obstante, la gran incógnita es qué sucedería si este esquema falla o si las prioridades geopolíticas cambian de rumbo. En ese escenario, el apoyo exterior se evaporaría con la misma rapidez con que llegó, tal como ocurrió con Volodímir Zelenski al desafiar la agenda de Washington. Hasta ahora, Milei ha sido el aliado más dócil de la nueva administración estadounidense en la región, demostrando que el cumplimiento estricto de las “tareas” exigidas se recompensa con beneficios concretos.

De hecho, Argentina ha pasado a ser el laboratorio de la estrategia de EE. UU. para desplazar a China de Sudamérica. Entre las condiciones para acceder al financiamiento figura la obligación de acumular reservas destinadas a cancelar el swap con China, cuyo vencimiento asciende a unos 18.000 millones de dólares. Mientras tanto, proyectos mixtos como las represas Kirchner–Cepernic y la central nuclear permanecen paralizados, a la espera de nuevas directrices políticas.

Demócratas y republicanos coinciden en considerar a China como el principal rival global, y ven en el peronismo -históricamente autonomista pero pragmático en sus vínculos con Estados Unidos- un obstáculo que debe doblegarse. Paradójicamente, fue ese mismo pragmatismo el que, bajo los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, impulsó niveles de inversión y comercio con Estados Unidos nunca antes vistos.

Hoy, sin embargo, el problema es que “imperio de las finanzas” -como lo denomina Julio Sevares- se impone, relegando el espacio para una autonomía financiera. La prioridad geoeconómica del establishment estadounidense a nivel global es proteger los intereses financieros (su moneda y el poder financiero), por sobre los productivos.  En palabras del Papa, la deuda se convierte así en uno de los mecanismos más eficaces para perpetuar el subdesarrollo y el colonialismo moderno.

Por eso, si el peronismo tiene vocación y capacidad de regresar al poder, deberá combinar una firme voluntad de lucha política para liberarse del yugo de la deuda con un pragmatismo renovado en la definición de sus alianzas estratégicas, de modo que la soberanía económica deje de ser una aspiración y se transforme en una realidad.