Los trabajadores estamos donde debemos estar: con el pueblo y con Cristina

En una medida inusitada la Corte Suprema de Justicia resolvió ayer rechazar todos los planteos defensivos de Cristina Fernández de Kirchner. Esto implicó dos cosas: avalar un proceso previo cargado de irregularidades y abrir las puertas de la cárcel para la ex presidenta. Es algo propio del clima de época donde los poderosos avanzan sobre los derechos del pueblo y concentran cada vez más recursos.

Cristina Kirchner no es sólo una mujer que ocupó la Presidencia. Para los sectores populares, pero también para los concentrados, representa un proyecto político. Como el programa de Gobierno que llevaron adelante ella y su esposo favoreció a los humildes, molestó a quienes se creen dueños de la Argentina.

De allí que la defensa de Cristina no es la salvaguarda individual de una dirigente. Es un acto de supervivencia del arco popular ante el avance sobre sus derechos de una fracción del poder económico al que no le importa arrasar con la democracia y las instituciones a fin de lograr sus objetivos. Si cada uno examina su conciencia, sabe que alguna de las políticas públicas de aquellos años mejoró, al menos en algo, su existencia diaria.

¿Por qué proscribirla? ¿Para qué borrarla de la vida política?

Por el reconocimiento de los derechos de los trabajadores, activos y pasivos. Esta decisión, implicó una batería de medidas (desde paritarias libres y por encima de la inflación hasta el crecimiento del sistema educativo para asegurar esta garantía a los que menos tienen) que reorientaron los recursos del Estado. Por primera vez desde el gobierno de Juan Perón el trabajo equiparó al capital en la distribución de la riqueza nacional.

En el plano específico de nuestro gremio, durante los gobiernos de Néstor y Cristina conseguimos el primer convenio colectivo de trabajo. Esta fue la base para la mejora salarial más importante de nuestra historia. Además, optimizamos las prestaciones sociales y pudimos capacitarnos. Estas administraciones fueron las que más universidades crearon en la Argentina, abriendo cientos de empleos a la vez que la ciencia, la tecnología y la investigación crecían.

Eran gobiernos que escuchaban a los trabajadores, a sus sindicatos, a sus organizaciones, y que daban respuestas constantes y permanentes a lo que se le plantea.

Mauricio Macri y Javier Milei no tuvieron ni tienen otro objetivo que desarmar esa dinámica. Por eso, para los trabajadores, defender a Cristina es protegernos a nosotros mismos. No es la primera vez que el pueblo argentino es sometido a este tipo de vicisitudes. Las formas son nuevas. El objetivo, no.

Para mantener marginados a los sectores populares, los grupos concentrados apelaron en el pasado a las intervenciones militares. Golpes crueles  inhumanos se sucedieron entre 1955 y 1976 con el saldo de bombardeos a la Plaza de Mayo, proscripción de las mayorías, fusilamientos, desapariciones y robos de criaturas inocentes.

Hoy se necesitan medios más sofisticados para alcanzar los mismos fines. Utilizan al poder financiero, mediático y judicial como herramientas a fin de impedir el avance de los sectores populares y la reversión de la injusticia social que nuestro pueblo vive. La Justicia ya no es tal: es un instrumento en manos de grupos concentrados para el logro de sus objetivos. Por eso la proscripción de Cristina, que es la anulación del proyecto de poder popular.

La maniobra deja expuestos los hilos de la farsa. La institucionalidad argentina está derruida. Todo vale. Y por eso el “sálvese quien pueda” que pregona el Presidente Milei. Sin un mínimo de pautas de convivencia, la estabilidad nacional está en riesgo.

De allí que los trabajadores organizados y los sectores populares tengamos que salir a la calle a poner límites. Por eso estamos en alerta, en movilización y dispuestos a dar la batalla que sea necesaria para frenar algo impensado después de cuarenta años de vida democrática.

Estamos frente a un atentado contra la democracia y la voluntad del pueblo. Es una clara demostración que esta política de ajuste que tanto mal le hace a nuestro país y a nuestro pueblo solamente se puede sostener desconociendo el fundamento de las instituciones, la voluntad popular, reprimiendo a la gente que protesta y proscribiendo a los que pueden sacarnos de semejante situación.

Desde la jornada de trabajo de 8 horas a las vacaciones pagas y el aguinaldo, hemos logrado nuestros derechos con lucha. Hoy, los tiempos nos marcan que, de la misma manera, debemos defender el proyecto político que nos garantiza bienestar. Si la detención de Cristina Kirchner pasa sin más, el poder concentrado habrá ganado una batalla estratégica que nos llevará a dispersarnos y claudicar. Unidad es el desafío que tenemos por delante.

Los trabajadores y trabajadoras no docentes, nucleados en Fatun, gremio que representa a más de sesenta mil personas que trabajan en todas las universidades nacionales, hemos declarado el estado de alerta y movilización por el atentado contra la democracia y contra la representación del pueblo.

Tenemos que defender y bancar a Cristina. Hay que decirle basta a este Gobierno que está avasallando los derechos en nuestro país. Arrasa con la universidad pública, la educación pública, la salud pública, la cultura, la ciencia, la tecnología, los derechos humanos, los derechos de la mujer, los derechos de la diversidad. No podemos permitir que sigan avanzando. No pueden pisotear nuestro presente ni mucho menos nuestro futuro.