En un contexto donde el acceso a la vivienda se vuelve cada vez más restrictivo, la decisión de la Justicia de investigar los créditos del Banco Nación otorgados a funcionarios públicos vuelve a poner en escena una discusión que incomoda: el uso de recursos estatales por parte de quienes los administran.
El expediente, a cargo del Juzgado Federal N.º 4 que conduce Ariel Lijo, excede el análisis de casos puntuales. Lo que está en juego es algo más amplio: los criterios con los que se asignan beneficios desde el Estado y el estándar ético que rige esas decisiones.
Desde lo estrictamente normativo, no hay una prohibición expresa que impida a un funcionario acceder a un crédito hipotecario de un banco público. Pero reducir la discusión a ese plano es, en el mejor de los casos, simplificarla. La cuestión de fondo no es únicamente si algo está permitido, sino si resulta adecuado dentro de una función que exige imparcialidad y responsabilidad en el manejo de lo público.
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Porque en la gestión estatal no solo cuenta la legalidad: también pesa —y mucho— la percepción de integridad. La confianza ciudadana no es un dato accesorio, sino un componente central del sistema. Y cuando aparecen dudas sobre posibles tratos diferenciales, ese capital se erosiona.
En ese sentido, un examen riguroso de estos créditos podría revelar inconsistencias en los criterios de evaluación aplicados. ¿Se utilizaron los mismos parámetros que para el resto de los ciudadanos? ¿Hubo condiciones especiales? Las preguntas no son menores.
La Ley 25.188 de Ética Pública establece con claridad la obligación de actuar con transparencia y equidad. A la vez, la intervención de la Auditoría General de la Nación (AGN), solicitada en el marco de la causa, suma una instancia clave. Su rol no se limita a revisar la legalidad formal, sino que alcanza a evaluar la calidad de la gestión: si las decisiones fueron razonables, eficientes y orientadas al interés general.
Bajo esa lupa, el otorgamiento de créditos por parte del Banco Nación deja de ser una operación bancaria más para convertirse en una decisión sobre el uso de recursos públicos.Y ese cambio de enfoque no es menor. De allí la importancia de los informes que surjan de los organismos de control. Más que dictar sentencias apresuradas, lo relevante es comprender cómo funcionaron —o no— los mecanismos de supervisión.
¿Se respetaron las condiciones de acceso a los créditos hipotecarios? ¿Existieron evaluaciones crediticias excepcionales? ¿Fueron eficaces los controles internos? ¿Actuaron a tiempo los organismos externos? ¿Hay herramientas suficientes para prevenir conflictos de interés?
Las respuestas a estos interrogantes son las que permitirán dimensionar el problema, porque lo que se discute no es solo la validez de determinadas operaciones, sino la capacidad del Estado para administrarse con reglas claras, criterios justos y controles efectivos. En definitiva, se trata de ética pública, pero también de credibilidad institucional.
*Directora del Observatorio del Control Público, Fundación Éforo.
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