El lawfare, un camuflaje democrático

El lawfare no es otra cosa que la técnica judicial con camuflaje democrático para disciplinar a los políticos. ¿El proyecto presentado por senadores del FdT para ampliar los miembros de la Corte alcanzará para tener una justicia no aliada al poder? 

17 de junio, 2022 | 23.10

El lawfare es un procedimiento judicial con fachada democrática, que tiene como objetivo disciplinar a los políticos y despolitizar lo social. La metodología empleada apunta a inhibir las disidencias del modelo neoliberal, “enderezar” conductas, instalar miedos y conseguir políticos sumisos al poder. 

Según afirmó recientemente en Chile el presidente de la Corte Suprema de Justicia Carlos Rosenkrantz, hablar de necesidades, derechos, inclusión o distribución de la riqueza, constituye una ingenua patología populista que desvía el “orden natural”-léase jerárquico- de las cosas. A estas “patologías” les corresponde un tratamiento de saneamiento que requiere combatir, por una parte, la desviación del “agitador” en cuestión, y por otra, el daño social que causan esta clase de hechos a “la República”, como suelen afirmar los representantes del establishment.

El neoliberalismo no es posible sin colonización de la subjetividad y sin disciplinamiento social; las tecnologías empleadas para tales fines fueron variando según las épocas y los cambios culturales. Durante el terrorismo de Estado, el disciplinamiento fue realizado por las FF.AA. a través de la represión, el castigo físico, la tortura y las desapariciones. Aniquilar a la “subversión”, desbaratar los partidos políticos, influir sobre el campo social y promover los valores que conforman el “estilo de vida argentino”, fueron los objetivos claves para imponer la dominación neoliberal.

Este proyecto lo hacemos en grupo. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia.

SUSCRIBITE A EL DESTAPE

La estrategia que se valía de las FFAA para combatir lo popular está demodé. “La Embajada” desde hace unos años recomienda y entrena a toda América Latina con la perversa operatoria del lawfare. Abundan ejemplos en la región que muestran la antidemocrática táctica de la guerra judicial, cuyo accionar presenta dos modus operandis, que varían si el modelo neoliberal ganó las elecciones de gobierno o si juega desde la oposición.  

En el primer caso, el signo político de los gobiernos no altera el plan de las corporaciones -como aconteció en 2015 con Mauricio Macri-: las operaciones del lawfare consisten en vigilar, controlar, perseguir judicialmente demonizar y, si es posible, encarcelar a líderes políticos, sociales y sindicales -Cristina, Boudou, Milagro Sala, por citar algunos ejemplos-. Las víctimas del lawfare cuando fueron gobierno tuvieron la osadía de tocar intereses corporativos: las retenciones a la oligarquía (“el campo”), la estatización de las AFJP, que desarmó el negocio de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, conocida como Ley de Medios que establecía, entre otras cosas, la democratización y desconcentración monopólica del grupo Clarín.

Durante el gobierno de Mauricio Macri no se prohibió al peronismo ni a la política, como en la época del proceso, sino que se los judicializó. Con el lawfare, el disidente ya no se transformaba en subversivo sino en corrupto. Ambas estrategias disciplinarias, la del terror y la “democrática”, comparten el mismo objetivo: conseguir consenso para imponer el neoliberalismo, estimular el miedo en los dirigentes, despolitizar lo social y construir un otro peligroso, subversivo o corrupto, enemigo de la sociedad. Afirmamos que el lawfare es la continuación del terrorismo de Estado por otros medios.

La segunda posibilidad se juega cuando los gobiernos representan al campo popular. En estos casos el grupo de tareas mediático-judicial opera para debilitar, desestabilizar y, si puede, voltear al gobierno democrático, como sucedió con Zelaya en Honduras, Lugo en Paraguay o Dilma Rousseff en Brasil.

Esto es lo que ocurre actualmente con el gobierno del Frente de Todxs (FdT): cada vez que el presidente Alberto Fernández obtiene algún logro, como la llegada de la vacuna Sputnik-V o la aprobación de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, el poder se inquieta y el grupo de tareas conformado por Clarín y el Poder Judicial apela a la táctica del lawfare.

No es casual lo acontecido luego del relanzamiento de la unidad del FdT, en el encuentro distendido del ejecutivo en el simbólico acto de celebración del aniversario de YPF. Cristina preguntó por qué el grupo Techint que lidera Paolo Rocca importaría la chapa de Brasil para la elaboración de los tubos del gasoducto Néstor Kirchner, en lugar de disponer su producción nacional.

En las filas del ahora exministro de Desarrollo Productivo respondieron sembrando dudas sobre ese proceso de compra. Inmediatamente comenzaron -al modo “nado sincronizado”- a operar en los medios y judicializar el asunto. No cabe dudas que lo recientemente protagonizado por el exministro Matías Kulfas fue un caso de lawfare. 

Cristina Kirchner reiteradamente aclaró que ocupar el gobierno significaba sólo una pequeña fuerza comparada con el poder real. La restitución democrática de 1983 logró limitar el accionar de las FFAA, pero no supo o no pudo hasta ahora erradicar el poder neoliberal ni su accionar antidemocrático que opera a través del camuflaje.

El camuflaje militar comúnmente conocido como "mimético", es la habilidad por la cual un objetivo logra ser confundido con el entorno que lo rodea y pasa desapercibido a la mirada de un enemigo. Según la Real Academia Española, camuflaje proviene del francés camoufler, significa disimular la presencia de armas, tropas, material de guerra,  etc., dándoles una apariencia que pueda engañar al enemigo.

El lawfare es una técnica de guerra judicial con camuflaje democrático para disciplinar a los políticos cuando tocan intereses corporativos. El poder los juzga como intervencionistas, comunistas o populistas opuestos a las democracias “normales”.

La democracia argentina se encuentra sitiada por el lawfare y uno de los principales desafíos consiste en desactivarlo. El proyecto presentado por los senadores José Mayans y Anabel Fernández Sagasti para ampliar la Corte a 25 miembros y que cuenta con el apoyo de 16 gobernadores, aunque no resuelve del todo la anomalía judicial aliada al poder, va en esa dirección. 

¿Logrará la política desarticular el lawfare y construir una justicia no aliada al poder? De no ser así, la gobernabilidad nacional, popular y democrática seguirán en riesgo. 

Vale la pena dar esa pelea.

LA FERIA DE EL DESTAPE ►