Esta es la historia de Luis Alberto Cáceres, que no se llama así y fue el primero a quien se resguardó la identidad en el caso AMIA, como “Testigo A”. Y aunque apareció apenas un mes después del atentado, hace ya 32 años, fue objeto ahora de un informe en la UFI AMIA (sobre el “Caso Trio”, por su vínculo con otros dos iraníes sospechosos), a pedido de las victimas agrupadas en Memoria Activa, por las irregularidades que rodearon su actuación.
Era también un iraní, que vivía en Buenos Aires desde 1989, del que se sospechaba que era un agente de inteligencia y que estaba relacionado a su vez con la inteligencia argentina, que por un lado lo controlaba y a la que además reportaba, como informante de lo que sucedía en su propia embajada. Y con mayor frecuencia después del atentado a la embajada israelí de 1992, también sobre “elementos asentados en la zona de la Triple Frontera”.
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Desde febrero de 1994 estuvo intentando venderle a la inteligencia argentina una lista que había recibido con datos de quienes hicieron el atentado en la embajada, pero “no querían escuchar ni dieron bolilla”. Y cuando ya después del atentado en la AMIA insistió con esa lista, anunciando las informaciones que podía aportar, volvieron a desconsiderarlo.
Se contactó entonces luego ya con periodistas, ofreciendo la misma información. Y se presentó como Luis Alberto Cáceres para el primer encuentro en Tribunales, a mediados de agosto de 1994, a sólo un mes del atentado, donde entregó esa misma lista, que aquí se exhibe, en papel, “original, escrito en inglés y realizado con una computadora, que daba cuenta de once puntos sobre los cuales podía dar claras especificaciones”.
Sobre el final, su precio, los cincuenta mil dólares que pedía. Los periodistas quedaron en consultar a sus jefes. Luego le pidieron que concediera algún adelanto: les dio entonces el nombre de quien habría sido el “organizador” del atentado a la embajada, Imad Mughniyeh (a quien la Corte Suprema confirmaría años después en ese rol, disponiendo su captura, vigente hasta su muerte). Aportó también la identificación del “comando suicida” en ese ataque y que ambos, libaneses, habían entrado a Argentina por Brasil. Les explicó que en la Triple Frontera estaban radicadas las “células dormidas, que al momento de ser necesario y ante una orden se activan, con fines terroristas”. Y les dijo también que aceptaría una primera entrega de dinero “con el fin de asegurar una buena disposición”.
La segunda cita se acordó en el Correo. El juez Galeano fue avisado de que se realizaría allí, “entre dos periodistas y un iraní, tratándose éste de una persona que posee importante información para el sumario”, y dispuso grabarla. Había en el hall del Correo una exposición de pinturas y poca gente, y la reunión de esos tres “al lado de unos cuadros”, duró media hora y se filmó. “El grupo se separó al salir del lugar. Dos personas -uno de ellos con mochila- se fueron juntos y el tercero ascendió a un colectivo”. Lo siguieron y fotografiaron cuando bajó, “siendo que en estos momentos desaparece”, según el acta. En verdad lo siguieron hasta la casa y unos días después, llevado por la inteligencia, ya estaba ante el juez.
De ese primer encuentro, en presencia también de los servicios de inteligencia, no se labró ningún acta, pero el juez Galeano, siempre con sus mañas, lo grabó en secreto, la hora y media que duró. Y el iraní contó allí su historia: “No tenemos ninguna duda que el patrón de estos atentados en Argentina es la República Islámica de Irán”, que interviene con “un departamento del servicio de inteligencia que cubre todos los ‘trabajos’ fuera del país” y “a través de su grupo armado en el Líbano, Hezbolá”. La misma versión unificada por los gobiernos argentino e israelí para presentar a la prensa desde el primer día del ataque.
Dijo participar de un grupo de disidentes del gobierno de Irán, que “están en contra de estas operaciones terroristas” y que “no quieren que Irán sea un país aislado y odiado por eso”: “Estamos en contra de matar gente inocente en países como Argentina”, “por las informaciones recibidas les advertimos que van a suceder más atentados”, y anunció que podría mostrar “el camino y la pista donde estos actos comienzan, se forman y actúan”.
La información se consideró “de vital importancia” y se pactó entonces su declaración. La información desclasificada da cuenta que el juez aceptó que se le pagara, otra maña. Y el iraní entregó así una nueva lista, otra vez en idioma inglés, la que venía ofreciendo desde principio de año, ahora ya sí con las respuestas a aquellos once puntos sobre el despliegue de Hezbolá en la región; y explicó además los vínculos de esa organización libanesa con el Ministerio iraní de Inteligencia y la Fuerzas Quds de su Guardia Revolucionaria.
Opuso la SIDE sobre este documento que “no aporta ningún elemento de juicio que resulte novedoso y/o probatorio”. Y aunque sus dichos al describir la situación en Irán, su metodología en la expansión de la religión, su lucha contra Israel y el vínculo con Hezbolá, se evaluaron “veraces”, cuestionó que “al incursionar en el terreno personal, su relato, se vuelve cada vez más disperso”. Y que en las referencias que dio sobre algunos sospechosos, sean los iraníes del Trio o el imán Mohsen Rabbani o su “mano derecha” Shamsuddine Elía, fue “ambiguo” o “no aportó ningún dato significativo”, cuando no lo “omitió deliberadamente” o “puso en evidencia su intención de desinformar” directamente, pues “desvincula totalmente a la embajada de Irán en Argentina, a sus miembros y al entorno de estos, de los atentados perpetrados en nuestro país”.
Se enojaron porque acusó a la SIDE de estar “infiltrada por Israel" y cuestionaron su antisemitismo por decir que “por sus informaciones, Israel sabía que el tema de la Embajada y de la AMIA iba a suceder”, que “sin embargo, a veces hay decisiones políticas que dejan estas cosas pasar” y “por lo que pasó Israel tendrá una tarjeta verde del gobierno argentino para hacer lo que quiera secretamente en asuntos de inteligencia y abiertamente en decisiones políticas que tomará el gobierno de Argentina” y también “internacionalmente, como una víctima, tendrá todos los beneficios en los acuerdos de paz”.
Con todo, este iraní fue el primero que identificó ante el juez a Salman El Reda como un miembro activo de Hezbolá, “que antes trabajaba en Colombia y ahora en Ciudad del Este aunque vive en Foz de Iguazú [aportó incluso su dirección y teléfono] mientras sus familiares y los familiares de su mujer, que es Argentina, viven en Argentina, en el barrio de Flores de la Capital Federal, cerca de la mezquita” de Rabbani, explicando que “ha brindado apoyo local en aquella ciudad a los fines del atentado a la AMIA y es la persona coordinadora entre las células durmientes y la persona que viene a avisar al integrante de ésta que llegó el momento de concretar una misión”. Esa acusación se mantiene hasta hoy y por ella ese libanes será juzgado en ausencia, conforme se ha dispuesto avanzar en el caso.
Aún así, es precisa la SIDE con que esta información “no aporta ningún elemento de juicio que resulte novedoso”, pues la documentación desclasificada acredita que desde el atentado en la embajada, la inteligencia vigilaba estrechamente a todo el entorno más cercano del sheij Rabbani en la mezquita At Tahuid de Floresta, incluidos los Reda, el propio Salman, su hermano libanes “José” y su “hermano argentino” Ricardo “Shamsuddine” Elía, así como a los iraníes del “Trio”, sobre los que abultaba antecedentes en sus registros.
Para 1994, la SIDE ya lo tenía identificado como Salman Raouf, nacido en Bent Jbeil, el 5 de junio de 1963. Y mucho antes de las referencias repetidas por el “Testigo A”, unas semanas después del atentado, la SIDE, además de los teléfonos que utilizaba, tenía ya cargados, en su base de datos, todos estos “antecedentes de Salman” en relación con el segundo ataque:
“La información dentro del Hezbolá indica que el sospechoso de estar involucrado en la explosión de la AMIA se llama Salman Raouf, un agente operativo del Hezbolá en Argentina. Nacido en el sur del Líbano, está casado con una libanesa de Argentina y había estado viviendo aquí con su familia. El nombre de la madre de Salman es Maysara Reda. Antes del atentado a la AMIA, Salman acompañó a su familia al Líbano y luego volvió inmediatamente a la Argentina. Luego regresó al Líbano el 19 de julio de 1994, un día después de la explosión, donde se oculta con protección del Hezbolá. En la actualidad vive con sus padres, en su departamento del cuarto piso del edificio Kanj, en la calle As’ad AlAs’ad, en la zona de Al-Shiyyah en el suburbio del Sur”.
Pero esta información cargada en la base de datos de la SIDE ya unas semanas después del atentado, a la que se le dio un código de “alta valorización”, “probablemente verdadera” y “proveniente de una fuente completamente confiable”, no fue nunca aportada en sede judicial, según denunció también el informe fiscal.
No sabemos cómo llegó a manos del iraní, al que controlaba, esa lista en inglés, pero fue el “Testigo A” y no la SIDE, quien se lo informó al juez. Dijo además que Mughniyeh también fue el organizador del atentado a la AMIA igual que en la embajada, y en ambos casos se dictó su captura. Y fue también quien señaló al juez Galeano que el otro disidente iraní, Manoucher Moatamer (con el que se armó la operación de inteligencia que documenté en “30 Días”, para involucrar falsamente a unos “diplomáticos” iraníes a los pocos días ya de sucedido el atentado), era “un farsante”. Y lo era.
El problema es que la propia SIDE dijo que el Testigo A podía ser también otro farsante. Y respecto de ambos, en documentos desclasificados advirtieron que “esta aseveración de mendaz de los dichos del Testigo A, puede llegar a hacer caer su declaración, perdiendo de esa manera el juez elementos importantes que refuerzan la pista iraní en los atentados” y ante “el hecho de que el juez pudiera perder el aporte de los Testigos ‘A’ y Moatamer, de la información vertida de sus testimonios, se quedaría sin los dos testimonios más importantes, peligrando también todo lo aportado para la pista iraní”.
Una vez más con que la causa “se va a caer”. Y todo en los primeros meses de la amañada inves gación, hace ya 32 años. Para ese entonces, un cable de la embajada de Estados Unidos en Argen na adver a también la situación, “dolorosamente evidente, ya a seis semanas” del atentado a la AMIA: “Mientras el papel iraní es ampliamente asumido, faltan pruebas concretas y el caso se basa esencialmente en el tesmonio del desertor iraní Manoucher Moatamer que carece de credibilidad tanto local como internacionalmente y los inves gadores argen nos han hecho poco o nada para comprobar sus alegaciones”.
“Las autoridades argen nas parecen perdidas en producir pruebas fuertes para vincular a cualquier persona o grupo con los bombardeos. En ambos casos parecen hacer un esfuerzo de buena fe, pero en 1992 fracasaron totalmente y en 1994 sus esfuerzos están claramente fracasados”. Hoy sabemos que ni siquiera hubo buena fe.
Nuestro país está obligado a remover los obstáculos de la SIDE que mantienen el caso AMIA en la impunidad total.
Alejandro Rúa es autor de “30 Días. La trama del atentado a la AMIA”, de Editorial Planeta.
