La asociación Abuelas de Plaza de Mayo denunciaron la "intervención de facto" del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) y plantearon ante la justicia la "inconstitucionalidad y nulidad" del decreto 351/2025 del presidente Javier Milei, que promueve un "entorpecimiento a la búsqueda de nuestros nietos".
A través de un comunicado, Abuelas informaron que plantearon ante el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de San Martín, a cargo de Alicia Vence, la "inconstitucionalidad y nulidad del Decreto N° 351/2025, que deja en extrema vulnerabilidad al BNDG".
También pidieron "una medida cautelar de no innovar con el objeto de preservar las muestras biológicas y genéticas del BNDG, y los instrumentos, equipamientos y tecnología utilizada para su salvaguarda y adecuado entrecruzamiento".
Según indicaron, este juzgado investigan gran parte de los casos de apropiación de los nietos, ya que muchas de las víctimas fueron secuestradas y/o trasladadas dentro de la Zona de Defensa IV y la guarnición de Campo de Mayo, donde funcionarion múltiples Centros Clandestinos de Detención, Tortura y Exterminio. Allí, comprobó "el nacimiento de al menos ocho de los nietos y nietas restituidas hasta la fecha y que permanecieron más de 30 mujeres embarazadas detenidas desaparecidas que allí dieron a luz".
"Estos hechos se han comprobado en reiteradas oportunidades y en el Juicio Plan Sistemático de Apropiación de Menores donde se demostró la sistematicidad de este delito y que la zona de Defensa IV fue parte de un engranaje central", remarcaron.
El decreto, firmado el 22 de mayo por Milei, "le quita autarquía y autonomía al BNDG, por lo que ahora no dispone ni administra recursos propios y lo retrotrae a su formato preexistente a 2009, lo que implica un entorpecimiento a la búsqueda de nuestros nietos–todos ellos víctimas de desaparición forzada–, que fueron apropiados durante la última dictadura cívico militar. En este sentido, pedimos la realización de una copia de las muestras y que quede a resguardo del Poder Judicial y medidas específicas para garantizar el sostenimiento de una dirección técnica del BNDG".
Según afirmaron desde la entidad que preside Estela Barnes de Carlotto, "hoy el BNDG no tiene presupuesto suficiente para trabajar y funcionar, ya que se mantiene con el de 2024, que a su vez es el mismo de 2023, y se encuentra acéfalo hace dos semanas, ya que desde el vencimiento de los cargos no se ha llamado a concurso para cubrir los roles de dirección, por consiguiente, todos los trámites judiciales y análisis genéticos están parados"-
El cambio a organismo desconcentrado de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Jefatura de Gabinete "obstaculiza, burocratiza y ralentiza su labor", lo que "compromete la responsabilidad internacional del Estado argentino por incumplimiento de las obligaciones de investigar, juzgar y sancionar adecuadamente a los autores de graves violaciones a los derechos humanos".
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Además, sostuvieron que "excede los límites de las facultades extraordinarias de la Ley Bases, no mejora el funcionamiento ni la atención del BNDG, ni fue consultado con las víctimas, principales interesadas en el tema y cuyas muestras se preservan allí".
"Estamos frente a una intervención de facto, permanente e improcedente, pese a la protección especial otorgada al organismo por el Poder Legislativo. Las decisiones del BNDG están en manos del Secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología, que es licenciado en Administración de Empresas y, del Subsecretario de Ciencia y Tecnología, que es licenciado en Psicología, es decir, ambos carecen de la formación requerida para garantizar el trabajo".
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De esta manera, Abuelas pidió que se "prorrogue el mandato" de la actual directora técnica, Mariana Herrera Piñero, y que se "intime al Gobierno a disponer las erogaciones necesarias para el adecuado funcionamiento del BNDG".
El BNDG es un instrumento creado en y por la democracia para "resolver el delito de apropiación de menores durante la dictadura y, junto con la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI), es clave para la protección del derecho a la identidad", por lo que señalaron que "el ataque contra uno y contra otro conduce al incumplimiento de compromisos internacionales, es por eso que solicitamos a la magistrada Vence que garantice el cumplimiento de los mandatos constitucionales".
Y cerraron: "Nunca bajaremos los brazos. Aún nos falta encontrar a 300 nietos. Los seguiremos buscando y reclamando al Estado que sostenga las políticas públicas que nos permitirán encontrarlos".
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