Milei pasó a disponibilidad a cientos de estatales del INTA y denuncian que "es ilegal"

Luego de que el Senado de la Nación eliminase los decretos de disolución de estos organismos, el gobierno de Javier Milei, a través del ministerio de Economía, avanzó en sentido contrario al disponer el pase a disponibilidad de cientos de trabajadores del INTA, INV, JST, INASE y ANSV.

Así lo hizo a través de la Resolución 1240/2025 del Ministerio de Economía, publicada este viernes en el Boletín Oficial, que afecta a los trabajadores del INTA, INV e INASE. Una medida análoga había afectado a los trabajadores de la ANSV mediante la Resolución 1217/2025 del mismo ministerio, y a los trabajadores de la Junta de Seguridad en el Transporte (JST) mediante la Disposición 1/2025 de la Agencia de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación, que la reemplazó en julio pasado.

En el mismo sentido, las tres medidas también dispusieron que se "limita toda licencia sin goce de haberes, comisión de servicios, adscripción o asignación transitoria de funciones oportunamente dispuesta".

Estos pases a disponibilidad surgen de las disposiciones incluidas en la Ley Bases votada en 2024, que prevé la eliminación de funciones como consecuencia de la disolución o reestructuración de organismos públicos.

ATE denunció que la medida es ilegal

Sin embargo, el jueves el Senado confirmó el rechazo a cinco decretos de Javier Milei de inicios de julio que, en uso de las facultades delegadas del Congreso al Poder Ejecutivo, ajustaban o disolvían estos organismos públicos. De este modo, la decisión del Parlamento quedó firme luego de la media sanción en Diputados a inicios de agosto.

En este marco, ATE Capital advirtió que "las medidas tomadas por el Ejecutivo carecen de sustento legal". En ese sentido, señaló que "la maniobra de Caputo revela un doble atropello: desconoce al Poder Legislativo, que es la voz de la soberanía popular. Y avanza contra los trabajadores estatales, en un nuevo intento de vaciar organismos estratégicos para la investigación, la seguridad vial y la producción nacional".

Las medidas "ponen en riesgo cientos de puestos de trabajo", agregó ATE. Según la normativa, un trabajador puede estar un máximo de 12 meses en situación de pase a disponibilidad, tras lo cual puede ser transferida a otro organismo del Estado o cesado en sus funciones e indemnizado.