El escándalo por el ajuste en el Instituto de Seguridad Social, Seguros y Préstamos del Chaco (INSSSEP) por decisión del gobernador Leandro Zdero sigue aumentando. En una nueva marcha de madres de niños con discapacidad y pacientes oncológicos que piden de manera desesperada recibir los medicamentos que necesitan para vivir, advierten que había "cerca de 50 policías rodeando la puerta de entrada y efectivos en las esquinas de cada cuadra" para custodiar la convocatoria. "Parecía un golpe comando a un banco", señaló el abogado Ignacio Sinkovich en diálogo con El Destape.
Desde que Zdero llegó al poder en diciembre de 2023 comenzó una etapa de mal funcionamiento de la obra social provincial producto de los recortes que establece: es la propia Tesorería General de la Provincia quien retiene y administra la Obra Social. Con sus más de 100 mil afiliados activos, el INSSSEP es el organismo que nuclea cerca del 70 u 80% de todos los que tienen cobertura en la provincia: incluye a docentes, personal sanitario, Policía, jubilados, y personal administrativo.
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Mientras denuncian que las autoridades están llevando a adelante "una privatización encubierta al proponer supuestos beneficios en otras obras sociales", familias alzan la voz para obtener algún tipo de respuesta. El abogado Sinkovich detalló que el Ejecutivo provincial recortó en “medicamentos caros” y en derivaciones a Buenos Aires: “Hay niños con discapacidades que necesitan cierta calidad de tratamiento que en Chaco no hay y necesitan ser trasladados”, apuntó en declaraciones para este medio.
Hasta el año 2023, los pacientes concurrían a tratamiento a la Ciudad de Buenos Aires, y eran atendidos en el Hospital Italiano, Fundación Favaloro, Hospital Austral por los propios convenios de la obra social provincial. Desde la llegada de Zdero al poder, los pacientes y familiares están denunciando la falta de atención en tiempo y forma de las patologías lo que en muchos casos, pone en riesgo la salud del paciente.
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El letrado señaló que la búsqueda por parte de las autoridades provinciales es intentar “cansar a los afiliados”. “Los pacientes van con sus recetas y les dicen que vuelvan la semana que viene. Después les indican que regresen el lunes y, cuando llega ese día, lo pasan para el miércoles”, relató sobre la burla que realizan desde el instituto a quienes necesitan un tratamiento para sobrevivir.
El apriete de Zdero a los jueces para que no avalen amparos
Sinkovich remarcó que Zdero lleva adelante "un apriete a todos los sectores", que se nota "con mayor brutalidad en el caso de los pacientes oncológicos". "Las madres lloran, es un pedido de desesperación", lamentó.
El abogado detalló que muchos de los pacientes judicializaron sus reclamos por medidas de amparos y cautelares, pero que los jueces padecen una "persecución política" y amedrentamiento público: "Tres jueces sufren los ataques del gobernador. Ningún juez se quiere exponer a dictar un fallo contra el gobierno porque es comprarse la jubilación anticipada", lanzó sobre los aprietes a la Justicia que realiza el mandatario provincial para evitar el envío de fondos.
En este panorama oscuro, el ataque de Zdero no se limita a la reducción de recursos para el sistema sanitario, sino que también se evidencia en la falta de actualización salarial de los trabajadores públicos: médicos denuncian sueldos congelados desde hace más de un año, contratos sin regularizar, falta de insumos y la suspensión del refrigerio para quienes cumplen guardias.
Mientras el costo de vida es cada vez más alto, gran parte del personal de salud cobra por debajo de la canasta básica, con ingresos que no superan los 700 u 800 mil pesos mensuales. Incluso médicos con más de 20 años de antigüedad no logran superar los dos millones de pesos.
El caso de Fanny Pissarello, una mujer que lucha contra el cáncer y la crueldad de Zdero
Sinkovich, es defensor de Fanny Pissarello, una mujer de 45 años en litigio con INSSSEP por la falta de remedios oncológicos. El letrado detalló que la señora es empleada pública en la provincia y que "aporta ininterrumpidamente a la obra social hace 23 años". Tras ser diagnosticada con cáncer de piel en 2014, la enfermedad hizo metástasis y se propagó hacia varios órganos.
En declaraciones para este medio, el abogado contó que, hasta el 10 de diciembre de 2023, ella recibía "todos los medicamentos y tratamientos médicos en tiempo y forma". Sin embargo, cuando Zdero alcanzó la Gobernación eso se cortó.
Ni siquiera con sentencia judicial favorable lograba que el INSSSEP entregue las dosis mensuales que necesitaba su defendida: “Tuvo que pedir que se le apliquen multas al organismo, intimarlo e incluso amenazar con embargarle las cuentas judiciales en el Banco del Chaco”, señaló el letrado.
Fanny pudo cumplir todo el tratamiento durante el 2024 y allí terminó el primer amparo presentado. No obstante, a mitad del año pasado, tuvo una "fuerte recaída" y los médicos le confirmaron que necesitaba un nuevo medicamento extremadamente costoso: cuesta 41 millones de pesos por mes.
Ante la falta de dinero, el estudio jurídico de Sinkovich presentó una medida cautelar en septiembre para que el Ejecutivo active la entrega de remedios. Pasaron los meses y no había respuestas por parte de las autoridades del organismo. El abogado contó que, cuando Fanny se dirigió al edificio para poder hablar con el presidente del INSSSEP, Rafael Meneses, el funcionario no quiso atenderla y la mujer incluso sufrió una situación terrible: “Le pusieron cuatro efectivos de la Policía que la rodeaban y acompañaban a todos lados. La trataron como si fuera un criminal de una banda narco cuando es una señora enferma que no tiene fuerzas”.
Luego, el letrado comentó que, con la viralización que tuvo la situación a partir de las publicaciones de los medios, recién en diciembre las autoridades se hicieron cargo del costo del medicamento y pudo completar la primera dosis del tratamiento. Aunque no pudo garantizar que pueda continuar el tratamiento durante los próximos meses.
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