Con el 30 de abril como fecha límite pactada con la administración de Donald Trump para ratificar el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), La Libertad Avanza se encuentra enredado en una interna que llevará a incumplimiento del compromiso asumido en febrero pasado con Estados Unidos. Una carta enviada por la Cámara de Especialidades Medicinales (CAEMe), que nuclea a los laboratorios extranjeros, resalta que Argentina es el único país del G20 que no adhirió y que esa demora de casi tres décadas genera "desventajas prácticas y costos adicionales" para las startups y PyMEs locales que intentan exportar conocimiento.
“Va a llevar algo más de tiempo del previsto”, admiten fuentes gubernamentales ante la consulta de El Destape teniendo en cuenta que previo a llegar al recinto requerirá del dictamen de un plenario de comisiones. Ese "algo más" tiene una explicación técnica con un trasfondo económico multimillonario: los laboratorios nacionales han plantado bandera y exigen que la adhesión al tratado se haga con una reserva al Capítulo II, un punto que el oficialismo aún no logra destrabar en el plenario de las comisiones de Legislación General, Relaciones Exteriores e Industria.
Lo que debía ser el inicio de un debate clave en el plenario de comisiones de Legislación General, Relaciones Exteriores e Industria el pasado martes 14 de abril, terminó en un nuevo traspié para los libertarios. La reunión fue suspendida sin nueva fecha, evidenciando las grietas de un Gobierno que, en medio de múltiples focos de conflicto, no logra alinear a sus propias filas para avanzar con la agenda de desregulación que promueve Federico Sturzenegger.
Esa fecha estaba previsto que el secretario de Desregulación, Alejandro Cacace, se presente a defender la ratificación del acuerdo, pero por un viaje a Boston no pudo hacerlo. Desde el bloque libertario aseguran que fue el canciller Pablo Quirno quien solicitó aplazar el debate que originalmente debía llegar al recinto este 22 de abril. Con la agenda copada por el informe de gestión que Manuel Adorni brindará en la Cámara Baja el próximo 29 de abril, tanto en el oficialismo como en la oposición echan por tierra la posibilidad de cumplir con el cronograma original.
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Un "pasaporte" que no asegura la entrada
En términos prácticos, el PCT funciona como una suerte de "ventanilla única" que simplifica la burocracia global. Para un laboratorio o una startup, permite presentar una sola solicitud internacional en lugar de tramitar papeles en 158 países distintos de forma simultánea. En una carta enviada el lunes a los diputados, a la que El Destape tuvo acceso, CAEMe fue tajante al marcar que el tratado es la "condición habilitante" para que Argentina deje de ser una isla en el flujo global de inversiones, que en el sector farmacéutico moviliza cerca de USD 200.000 millones anuales.
Sin embargo, el punto que desvela a los laboratorios nacionales es el Capítulo II. Este apartado permite un examen preliminar internacional más profundo, una suerte de "control de calidad" previo que, para las multinacionales, reduce riesgos y costos. Pero para los críticos, este examen funciona como una presión técnica sobre el organismo local. En la misiva, CAEMe buscó despejar los fantasmas de la pérdida de soberanía sanitaria con una definición clave: "El tratado no concede patentes internacionales ni reemplaza las decisiones nacionales: cada país mantiene plena autonomía para examinar y otorgar patentes conforme a su legislación vigente".
Otro punto de resistencia para los laboratorios agrupados en CILFA y que genera mayor fricción con el sector extranjero es el llamado evergreening. Se trata de una práctica denunciada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como un mecanismo para generar "monopolios artificiales" y que consiste en presentar patentes secundarias sobre cambios menores en un medicamento (como una nueva dosis o una combinación de drogas existentes) para estirar la exclusividad más allá de los 20 años originales.
Como ocurrió en Uruguay, los laboratorios nacionales pretenden una reserva al Capítulo II para que el país no quede vulnerable a este esquema, encareciendo el presupuesto del PAMI y las obras sociales al bloquear la entrada de genéricos. En la otra vereda, las multinacionales aseguran que el evergreening "ya no existe" bajo los estándares actuales de novedad. "Hablar de eso es desconocer cómo funcionan las patentes. Sucedía en los 90', pero hoy si no hay una novedad real el INPI no la aprueba", repiten mientras señalan que lo que se ataca es, en realidad, la "innovación incremental" que beneficia al paciente.
Por último, la nota de CAEMe carga contra el "doble estándar" de la industria local al denunciar que muchas de las grandes firmas argentinas son, puertas afuera, "usuarias intensivas del sistema PCT" para proteger sus propios desarrollos en el resto del mundo al tiempo que "objetan la ratificación del mismo impidiendo a muchas PyMES tener acceso a esta herramienta eficiente".
La interna oficialista, sin embargo, es el verdadero "elefante en la habitación". Mientras Sturzenegger y el secretario de Desregulación, Alejandro Cacace, impulsan la ratificación total como una señal de previsibilidad para la OCDE y el pacto con Trump, la Cancillería de Pablo Quirno parece haber pisado el freno. Según advierten en el bloque de diputados oficialista, el funcionario pidió aplazar el debate que todavía no tiene fecha prevista para reanudarse. La pregunta en el Congreso es quién ganará la pulseada.
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