Eliminan por decreto control de armas y dan más poder a Patricia Bullrich

A días de eliminar un impuesto clave para usuarios de armas y así facilitar su compra, el gobierno de Javier Milei decidió eliminar por decreto la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC), creada por ley del Congreso hace 10 años. Será reemplazado por el viejo Registro Nacional de las Armas (RENAR), ya no tendrá autarquía y la personería jurídica del anterior organismo y dependerá directamente del Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich. También se removió un fondo clave destinado para financiar "la prevención de la violencia armada".

A través del decreto Decreto 445/2025, publicado este martes en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo dispuso la "transformación" del ANMAC en el RENAR, que será un "organismo desconcentrado" y "dependiente" de la cartera de seguridad nacional. "Artículo1°.- Dispónese la transformación de la Agencia Nacional de Materiales Controlados , organismo descentralizado actuante en la órbita del Ministerio de Seguridad Nacional, creado por la Ley N° 27.192, en el Registro Nacional de Armas, organismo desconcentrado dependiente de la citada jurisdicción", se indicó.

En el decreto, que lleva la firma de Milei, Bullrich y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, también se resolvió la disolución del Fondo de Promoción de las Políticas de Prevención de la Violencia Armada (FPVA), que era destinado a financiar programas para disminuir el uso y proliferación de armas de fuego, capacitaciones a instituciones educativas en todos los niveles y organismos estatales, públicos y privados y otras actividades para reducir accidentes y hechos de violencia, según se detalló oficialmente. "El financiamiento de las políticas públicas orientadas a la prevención de la violencia armada será afrontado por los recursos asignados al Ministerio", se indica en el decreto.

El Gobierno argumentó esta decisión en que tendrá "el objetivo de optimizar su funcionamiento y facilitar la coordinación con las políticas de seguridad nacionales, a la vez que se mantiene la especialidad técnica del organismo para la administración de las bases de datos sensibles y su rol regulador y de control de los materiales regulados". "Que la centralización de la Agencia Nacional de Materiales Controlados redundará en una reducción del gasto público, atento que las tareas de apoyo necesarias para su funcionamiento como organismo desconcentrado serán cumplimentadas por el Ministerio", se planteó al explicar su remoción y posterior creación del RENAR.

De esta manera, la gestión libertaria eliminó un organismo que había sido creado a través de una ley sancionada por el Congreso en octubre del 2015 y que, hasta hoy, dependía como ente descentralizado del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Desde entonces, la Anmac tuvo "autarquía económica financiera, personería jurídica propia y capacidad de actuación en el ámbito del derecho público y privado". "La Agencia Nacional de Materiales Controlados tendrá como misión la aplicación, control y fiscalización de la Ley Nacional de Armas y Explosivos, 20.429, y sus normas complementarias y modificatorias y demás normativa de aplicación, así como la cooperación en el desarrollo de una política criminal en la materia, el desarrollo e implementación de políticas de prevención de la violencia armada y todas aquellas funciones que se le asignen por la presente ley", detalla la Ley 27.192.

Cuáles eran los objetivos del la ANMAC

• El desarrollo de políticas de registración, control y fiscalización sobre los materiales, los actos y las personas físicas y jurídicas, conforme las leyes 12.709, 20.429, 24.492, 25.938, 26.216, sus complementarias y modificatorias.
• El desarrollo de políticas tendientes a reducir el circulante de armas en la sociedad civil y prevenir los efectos de la violencia armada, contemplando la realización de campañas de comunicación pública.
• El desarrollo de políticas tendientes a que, con la mayor celeridad, se proceda a la destrucción de los materiales controlados que sean entregados, secuestrados, incautados o decomisados en el marco de las leyes 20.429, 25.938 y 26.216.
• El desarrollo de acciones positivas que propendan a la disminución de la violencia con armas de fuego, conjuntamente con otros organismos encargados de su prevención.
• La colaboración en la investigación y persecución penal de los delitos relativos a las armas de fuego, municiones y explosivos, asistiendo al trabajo de organismos competentes.