En medio de las crecientes críticas a Claudio Poggi por presunto encubrimiento de un crimen de su círculo cercano, se sumó un nuevo escándalo en su haber: Ramón Funes, intendente de Nogolí y aliado del gobernador, recibió denuncias de vecinos por un supuesto uso discrecional de recursos municipales en carreras de caballos mientras continúan paralizadas obras públicas consideradas clave para el desarrollo de la comunidad.
El malestar creció en las últimas semanas a partir de acusaciones que señalan una supuesta priorización de gastos asociados a competencias hípicas, festejos y actividades particulares, en contraste con la falta de avances en proyectos considerados fundamentales para la comunidad. Según indicaron habitantes de Nogolí a El Diario de la República, la situación refleja una administración alejada de las necesidades cotidianas del pueblo y alineada con el ajuste que atraviesa la provincia.
Entre los principales reclamos aparece la paralización de obras consideradas estratégicas para el desarrollo local. Los vecinos señalan que tanto la terminal de ómnibus como la construcción de una escuela secundaria permanecen sin avances, en un contexto marcado por el fuerte recorte de la obra pública que atraviesa San Luis. Según advierten, la falta de inversión impacta directamente en la calidad de vida de la comunidad y limita las posibilidades de crecimiento de la localidad.
El malestar social se trasladó a las redes sociales, donde comenzaron a circular mensajes que vinculan directamente al jefe comunal con el gobernador. "No hizo el asfalto que prometió y no paga lo que corresponde a sus empleados municipales. Ramón Funes, empleado de Poggi", señala uno de los carteles difundidos por vecinos.
Las críticas apuntan además a una presunta falta de respuesta frente a los problemas cotidianos de la comunidad. Mientras crecen los reclamos por infraestructura, servicios y salarios, distintos sectores cuestionan que las prioridades de la gestión municipal no estén enfocadas en resolver las necesidades más urgentes de la población.
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De escándalo en escándalo
La causa judicial que investiga la desaparición de una importante producción de maíz en un campo expropiado por el Estado provincial, sumó nuevas tensiones luego de declaraciones del abogado Pascual Celdrán, representante de uno de los propietarios de la firma El Caburé S.A. El letrado cuestionó el rumbo de la investigación y denunció la existencia de presuntas maniobras para evitar que la causa avance sobre funcionarios de mayor jerarquía dentro del Gobierno de San Luis, encabezado por Claudio Poggi.
La Justicia investiga, concretamente, el desvío y la desaparición de una cosecha de maíz de 2 millones de dólares de El Caburé S.A. El principal imputado por el delito, realizado al margen de la Ley de Contabilidad, es Ricardo André Bazla, ex secretario de Ética Pública provincial que debió renunciar en marzo ante el avance de la causa.
Según explicó en un video que fue difundido en sus redes sociales, en los expedientes civiles y administrativos existen elementos que contradicen la hipótesis sostenida por el Ministerio Público Fiscal respecto de la ocupación y explotación del establecimiento rural. En ese marco, apuntó contra funcionarios como Federico Trombotto, Víctor Endeiza y un familiar de Gonzalo Amondaraín, a quienes vinculó con supuestas maniobras de encubrimiento.
Uno de los principales planteos de la defensa se relaciona con el momento en que el Estado provincial tomó control efectivo del predio. De acuerdo con Celdrán, el propio Gobierno habría reconocido en otra causa judicial que la posesión formal del campo se concretó recién en abril de 2024, cuando la siembra de maíz ya se encontraba avanzada.
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