La imagen muestra billetes de 100 dólares desordenados y muchas bandas elásticas. Lo que se ve es la caja fuerte de Jonathan Kovalivker, uno de los dueños de la droguería Suizo Argentina, epicentro del escándalo de las coimas que desataron los audios filtrados del íntimo amigo presidencial Diego Spagnuolo. Fue tomada durante el allanamiento a su domicilio en el barrio La Isla, el más exclusivo de Nordelta. Y consta en el procesamiento de Claudio Ariel De Vicentis, el jefe de Seguridad de Nordelta, que entorpeció el operativo destinado a allanar la casa del empresario y dio instrucciones a los guardias del complejo de que no colaboren con la policía. La clave es que todo indica que De Vicentis le avisó a Kovalivker, que no solo dejó su caja de seguridad revuelta sino que salió justo en ese momento con su auto.
“La celeridad y el factor sorpresa eran claves para la efectividad de las medidas de coerción procesal de naturaleza probatoria ordenadas por el tribunal. Esas condiciones fueron alteradas como resultado de la conducta del imputado, contraria a su obligación de acatar la orden judicial ejecutada por las fuerzas de seguridad estatales. En este punto, resultan esclarecedoras las imágenes captadas al momento de efectuar el allanamiento del domicilio de J. Kovalivker, oportunidad en que se encontró una de las cajas de seguridad con dinero revuelto y muchas bandas elásticas sueltas”, detalló el escrito del juez Sebastián Casanello, que adjunta la foto de la caja fuerte con los billetes y las gomas elásticas.
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Todo consta en el escrito firmado por el juez Casanello donde procesa a De Vicentis por desobediencia a la autoridad, estorbo de un acto funcional y encubrimiento. De escrito del juez Casanello se desprende que De Vicentis supo que el allanamiento era para buscar a los Kovalivker por medio de uno de los guardias de seguridad pese a que la policía les ordenó que no se comunicaran con nadie, que se hizo una falsa denuncia al 911 contra los policías que cumplían la orden judicial de allanamiento y que hay instrucciones para los guardias de seguridad de Nordelta de que no colaboren con la policía.
El juez Casanello escribió que las fuerzas de seguridad que tenían que allanar a los Kovalivker se encontraron con “serias dificultades para materializar los procedimientos en el interior del barrio cerrado ‘La Isla’ del complejo Nordelta”. La reconstrucción del juez Casanello y el fiscal Franco Picardi detalla que el comisario Lucas Alberetti, de la Policía de la Ciudad, pidió colaboración al vigilador Hugo Martín Bogarín para identificar la casa del mayo de los hermanos Kovalivker. La policía ordenó a todas las garitas de seguridad que no se podían comunicar con nadie. Sin embargo, Bogarín atendió ante las llamadas insistentes de De Vicentis.
“Momentos después, dicho vigilador recibió una llamada de quien se identificó como supervisor de seguridad del barrio, quien le exigió explicaciones acerca de los motivos de la presencia policial y el contenido de la diligencia en curso. Durante el intercambio, el oficial de policía interrumpió la conversación a fin de evitar que se brindara información sensible que pudiera afectar el éxito de la medida, advirtiendo ofuscación en la persona del otro lado de la línea. Pocos minutos más tarde, egresó del barrio un vehículo Audi S3, dominio AB-570-LU, conducido por Jonathan Simón Kovalivker, frustrando su requisa”, detalla el escrito de Casanello.
En ese momento aparecieron 4 patrulleros de la Policía bonaerense, convocados por el área de Seguridad de Nordelta, según detalla el juez, “bajo la falsa invocación de que ‘...personas no identificadas pretendían realizar un procedimiento sin orden judicial’”. Ese llamado al 911 fue después de que el comisario a cargo del operativo le dijera por segunda vez a De Vicentis que no podía interferir lo que, según el juez, demuestra que “el falso pretexto y el objetivo auténtico: desplegar maniobras dirigidas a crear un escenario de confusión y resistencia para obstaculizar la orden judicial.”
“El registro del domicilio del referido J. Kovalivker, practicado poco después, exhibió rastros de que sus ocupantes fueron puestos sobre aviso”, informa el juez. El que llamó al vigilador era De Vicentis, el jefe de seguridad de Nordelta, que ahora terminó procesado por entorpecer la investigación ya que, todo indica, le avisaron a Kovalivker y le dieron tiempo para que saque lo que quisiera de la caja de seguridad y eludiera a la policía.
De Vicentis, como jefe de Seguridad, tenía acceso a las cámaras de Nordelta y a las comunicaciones del complejo. Según el juez, “su posición le confería la capacidad de: advertir en tiempo real la presencia de la fuerza pública, identificar el lote objeto de la medida, transmitir instrucciones al personal de garitas y coordinar apoyos externos. La actuación desplegada evidencia que efectivamente se valió de tales prerrogativas para frustrar una parte crucial del procedimiento: la requisa personal (y el secuestro del teléfono de Jonathan Simón Kovalivker)”.
El juez Casanello y el fiscal Picardi también cuentan con los mensajes de Whatsapp del jefe de Seguridad de Nordelta que, detalla el procesamiento, “revelan una suerte de protocolo no escrito que exhibe un modus operandi acerca de cómo no colaborar con las fuerzas de seguridad”.
En esos mensajes De Vicentis dice:
- “Tal lo sucedido, anoche si se presenta una fuerza de seguridad y está requiriendo información de vecinos, si tienen que realizar un allanamiento con la orden respectiva que lo hagan y con sus propios técnicos, para que busquen la información. Nosotros no tenemos que facilitarle el camino a ninguno”
- “Si la Fiscalía o la policía no sabe trabajar o no nos contacta previamente para coordinarnos a saneamientos las diligencias judiciales como la que realizaron y creen estar un fuerte apache o en algún otro lugar parecido, se confunden”.
- “Reitero ningún personal de ADN, salvo el área legal, está autorizada a entregar información más allá en la orden que trajo la policía, figure que habilitan día y hora”.
- “Al margen de cuando se retiren del barrio la Isla, cualquier otro procedimiento que quiera hacer la policía de la ciudad en el Marco de esta misma causa le dan inmediata intervención a Legales para que baje un abogado de ese departamento y corrobore si corresponde o no”
- “nadie facilita nada y nadie deja entrar a ninguna oficina, si en la documentación no está especificado el lugar tax activamente tiene que decir dirección y número catastral no puede hablar de generalidades como pasa o como pasó en el documento que presentaron anoche”
El procesamiento del jefe de Seguridad de Nordelta detalla que no pudo explicar cómo se enteró de todo el operativo si supuestamente estaba de vacaciones y que tuvo varias contradicciones en su declaración en la que “si bien dijo desconocer absolutamente al vecino involucrado, en otros pasajes refirió con detalle la ubicación de su vivienda, mencionando incluso que había pertenecido previamente a personas de relevancia pública y que se encontraba en una zona distinguida junto a la residencia de Eduardo Costantini, fundador y presidente de la empresa que desarrolló el complejo”.
Hay otro dato importante y es que De Vicentis se comunicó con Esteban Sigon, su superior jerárquico, a través de un segundo teléfono. Allí consta un mensaje que dice: “Esteban soy Ariel voy a utilizar este teléfono ya que allanaron el departamento y además querían secuestrar todo lo que sea electrónica como pensé que alguna situación irregular iba a producirse dejé estacionado el auto en el portal juntamente con los teléfonos que fui Únicamente con dni y las llaves las había dejado escondidas camino al departamento cuando fui notificado de que iban a allanar el departamento y que tenían la autorización para romper la puerta le dije que les habría. Hicieron el allanamiento no encontraron ningún elemento de electrónica que era lo que querían secuestrar (…)”. O sea que evidentemente estaba más preocupado por cubrir a los Kovalivker que en colaborar con la policía.
El caso del jefe de Seguridad de Nordelta es un desprendimiento de la causa original por el escándalo de los audios de la coimas. Luego de procesarlo, el juez Casanello se declaró incompetente y le mandó el expediente a la Justicia Federal de San Isidro, que tiene bajo su órbita a Nordelta.
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