En medio del escándalo de corrupción que sacude a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), emerge una red empresarial que, según las investigaciones de la Fiscalía, se benefició directamente de un esquema de desvío de fondos públicos destinados a la compra de medicamentos e insumos médicos. La operación se llevó a cabo a través de un mecanismo de “compulsas reducidas”, que limitaba la competencia a un pequeño grupo de empresas seleccionadas que, de manera sistemática, se aseguraban adjudicaciones millonarias en el marco de un sistema de cartelización. Entre julio de 2024 y agosto de 2025, esta estructura canalizó más de $30.337 millones en contratos de medicamentos.
El cártel de las droguerías
El núcleo de la operatoria se centraba en un grupo reducido de droguerías que monopolizaban las adjudicaciones, especialmente en el rubro de medicamentos y, en menor medida, en insumos auditivos. Entre las empresas que se destacan en este entramado, sobresalen Porfarma S.A., Génesis S.A., New Farma S.A. y Floresta S.A., que operaban bajo un esquema de roles alternos, donde unas se adjudicaban los contratos mientras que otras simulaban competencia. Las adjudicaciones se concentraban en pocas manos y las droguerías involucradas, sobre todo Profarma y Génesis, controlaron la mayor parte de los contratos, llegando a concentrar hasta el 93% de las adjudicaciones en el caso de los medicamentos.
Sin embargo, no son solo estas empresas las que están bajo la lupa de la justicia. La investigación destapó una red de proveedores y intermediarios que, con el apoyo de funcionarios dentro de la ANDIS, participaron en un esquema de sobreprecios y facturación irregular. Entre ellos, se destacan empresas como INDECOMM S.R.L., vinculada a Miguel Ángel Calvete, y Suizo Argentina S.A. de los hermanos Kovalivker, quienes habrían utilizado su influencia para garantizar el direccionamiento de las compras.
En los manuscritos de Calvete, que en la causa figuran mencionados como “cuadernos”, aparecen numerosas empresas del rubro de ortopedia y traumatología, acompañadas de porcentajes (70%, 30% y 1,7%) que indicarían una administración paralela de pagos y distribución de fondos. Las compañías señaladas son: Artrobone Ortopedia S.A., Cirugía Alemana Insumos Médicos S.A., Expo Trauma S.A., Farma Salud S.R.L., Laboratorios Ortopédicos Sagués S.R.L., Medical Implants S.A., Ortopedia Bernat S.R.L. y Prolite Orthopedics S.R.L.
El Caso de MED Latinoamérica S.R.L.
Dirigida por Humberto Gabriel Maone, esta firma representa en la región los productos de la prestigiosa empresa austríaca MED-EL. Especializada en tecnologías implantables como implantes cocleares, aparece involucrada en conversaciones clave que dejan entrever cómo se manipulaban las adjudicaciones de la ANDIS.
Según los registros de la investigación, a pesar de que Maone y su empresa no se encontraban directamente en el centro de la trama, su nombre aparece en intercambios de WhatsApp con Miguel Ángel Calvete, uno de los principales operadores externos del esquema. En estas conversaciones, se discuten montos millonarios que podrían "sacar" de las negociaciones con la agencia, dejando en evidencia la magnitud del desfalco. La referencia a "1600 o 1700 palos" (millones de pesos) muestra el tipo de ganancias ilícitas que estos actores del sector salud estaban dispuestos a obtener, manipulando contratos y asegurando el beneficio a través de contactos y favores de funcionarios en la ANDIS.
Aunque MED Latinoamérica no figura en el núcleo central de las empresas que monopolizaron las adjudicaciones, la investigación sugiere que su vinculación con Calvete y el manejo de fondos con otros actores clave en el sector de la salud, como Roche y Baires Fly, permite inferir un nivel de complicidad dentro del entramado.
Una red de corrupción de tres niveles
El esquema de corrupción no solo involucra a las empresas que recibieron los contratos, sino también a una estructura organizada de funcionarios públicos y operadores para-estatales que actuaban como intermediarios. En primer lugar se destacan los exfuncionarios de la ANDIS, como Diego Spagnuolo y Daniel Garbellini, quienes autorizaban las compras y aseguraban el direccionamiento. En un segundo nivel, se encuentran operadores externos como Calvete y Atchabahian, quienes, a pesar de no tener cargos oficiales en la agencia, actuaban como si fueran los verdaderos responsables de las decisiones. Por último, en el tercer nivel, están las empresas que, con sus vínculos con los operadores para-estatales, se beneficiaron directamente del sistema de sobreprecios.
El impacto de este escándalo no solo es económico, sino también político. La vinculación de empresarios con figuras políticas de peso, como los hermanos Kovalivker y la aparición de nombres como el de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y hermana del Presidente, dejó en evidencia un entramado de intereses cruzados que afecta tanto al sector privado como al público. Los responsables de la ANDIS, que estaban en contacto con estos actores, habrían actuado en complicidad con empresarios y operadores externos, favoreciendo a unas pocas empresas en detrimento de los intereses de los más necesitados: las personas con discapacidad.
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