En una decisión polémica, el presidente Javier Milei aceptó la renuncia del juez federal de Rosario Marcelo Bailaque, acusado de proteger a narcotraficantes, extorsionar empresarios y malversar fondos. La decisión implica que el magistrado evitará el juicio político y podrá acceder a una jubilación de privilegio, pero también que quedaría detenido una vez que se oficialice la decisión.
La decisión fue oficializada a través del decreto 443/2025 del Boletín Oficial. En un comunicado del Ministerio de Justicia, se detalla que Bailaque se encuentra actualmente imputado "por presunta comisión de múltiples delitos de gravedad y con prisión preventiva dictada por el Juzgado N°4 de Rosario y confirmada por la Cámara Federal de Apelaciones de la misma jurisdicción".
La medida, firmada por el jefe de Estado y por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, dejó sin efecto el proceso de destitución que avanzaba en el Consejo de la Magistratura y no contiene ninguna fundamentación. Actualmente, Bailaque tiene una orden de prisión preventiva que fue dictada en su contra a fines de abril por el juez Eduardo Rodríguez Da Cruz. Sin embargo, la misma no había entrado en vigencia debido a la inmunidad que le concedían sus fueros.
Al aceptar la renuncia del magistrado, Milei dio por terminado el extenso proceso que arrancó el año pasado en el Consejo de la Magistratura, donde se había llegado a aprobar un largo dictamen de más de 190 páginas, que fueron elaborados por los consejeros Álvaro González y Alberto Maques, donde concluyeron que había tres causas que aportaban argumentos para destituir a Bailaque por un tribunal de enjuiciamiento.
Tras verse acorralado, el juez presentó su renuncia el pasado 10 de junio, tras verse acorralado por el avance de la investigación en su contra en el Consejo de la Magistratura, y luego de quedar imputado en tres causas que enfrenta en la justicia federal de Rosario. En el Consejo de la Magistratura observaron que había elegido un contexto particular para presentar su renuncia, en momentos en que el foco de la atención de los medios de prensa y de la política estaba puesta en la detención domiciliaria de la expresidenta de Cristina Fernández de Kirchner.
El 19 de junio, la Comisión de Acusación del Consejo aprobó por unanimidad la propuesta de suspender de manera preventiva al juez federal para iniciar el proceso correspondiente para su remoción, pero no había fecha definida para el tratamiento de esta situación en el plenario del organismo.
En este marco, las organizaciones ACIJ (Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia) y el INECIP (Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales) reclamaron formalmente al presidente Milei y al ministro Cúneo Libarona, que rechacen la renuncia del magistrado para permitir que avance el juicio político. No obstante, la administración libertaria decidió firmar el decreto de todas maneras y se espera que en las próximas horas se haga efectiva la detención del magistrado, que cumplirá la prisión preventiva dispuesta por el juez Rodrígues Da Cruz en su domicilio.
El magistrado tiene previsto jubilarse por el régimen especial de Santa Cruz, ya que desde el 21 de setiembre de 1994 comenzó a desempeñarse en esa provincia como defensor oficial y, tres años más tarde, fue designado como juez de instrucción de Caleta Olivia hasta el 8 de febrero de 2008. El régimen previsional de Santa Cruz prevé que los funcionarios judiciales se pueden jubilar a los 54 años.
Las causas de Marcelo Bailaque, el polémico juez de Rosario
Bailaque presenta una larga trayectoria en el Poder Judicial. En 2008 regresó a su ciudad natal de Rosario con un cargo importante, como el de juez federal, que en esa jurisdicción tiene una profunda relevancia. Sin embargo, sus acciones fraudulentas lo pusieron bajo la mira del Consejo de la Magistratura de la Nación.
El primer señalamiento apunta a su actuación en expedientes relacionados con el narcotraficante Esteban Lindor Alvarado. A pesar de que su contador era Gabriel Mizzau - quien también llevaba las finanzas de Alvarado - y de que el hijo de Mizzau trabajaba en su juzgado, Bailaque no se excusó de intervenir en los casos que involucraban al narco. Por el contrario, obstaculizó pruebas clave, como intervenciones telefónicas, y dilató procesos judiciales fundamentales.
El segundo cargo se refiere a una supuesta maniobra de extorsión contra el empresario Claudio Iglesias. Según la denuncia, el financista Fernando Whpei - íntimo del juez - y el exjefe de la AFIP Rosario, Carlos Vaudagna (quien declaró como arrepentido), habrían participado en el armado de una causa judicial para exigirle una coima de u$s200.000 a cambio de archivar la investigación.
El tercer hecho cuestionado involucra el presunto desvío de fondos públicos de una cooperativa de estibadores que estaba intervenida por la Justicia. Parte de ese dinero habría terminado en la mutual Grupo Unión, una entidad manejada por Whpei. A pesar de sus vínculos personales con los involucrados, Bailaque no se apartó del expediente y benefició a su entorno cercano.
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