La Justicia laboral rechazó un pedido de Hugo Moyano para concentrar en Buenos Aires un juicio con el que intenta validar su influencia sobre el sindicato de Camioneros de Santa Fe. De este modo el delegado de Moyano en esa provincia, Juan Mateo Chulich, se verá obligado a litigar en Rosario contra un opositor que denunció haber sido excluido de las elecciones del gremio. La resolución se suma a la imputación que el Ministerio Público Fiscal de Rosario formalizó en los últimos días contra Chulich por haber avanzado con aquel proceso electoral a pesar de que la Justicia local lo había suspendido. En el distrito el mayor peso sindical lo mantiene el dirigente Sergio Aladio, un histórico rival de la familia Moyano que resolvió años atrás romper con la organización y construir poder territorial a sus espaldas.
La Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo denegó un planteo de inhibitoria presentado por Chulich contra el juzgado laboral de la décima nominación de Rosario con el objetivo de sostener la competencia del fuero porteño, adonde presume que tiene mayor influencia el exjefe de la CGT. La demanda original había sido presentada por Oscar Galarza, que el año pasado intentó presentarse contra el moyanismo a las elecciones internas de la organización santafesina pero fue excluido por la Junta Electoral, controlada por el oficialismo.
La contienda de competencia fue resuelta por los camaristas nacionales Manuel Díez Selva y Silvia Pinto Varela, que de este modo validaron la titularidad del proceso a favor de los tribunales de Rosario. Se trata de la misma sala de la Cámara laboral que había declarado inconstitucionales artículos del DNU 70/23 que limitaban el ejercicio del derecho a huelga y a la protesta ante una presentación de la confederación docente Ctera.
La decisión implica un capítulo más de la pulseada sindical que existe en la dirigencia provincial de Camioneros. Desde 2016 el liderazgo mayor en el distrito recae en Aladio, que ese año se impuso en elecciones internas en contra de los deseos de Moyano y posteriormente desafilió a la seccional de la Federación Nacional de Camioneros. Aquel proceso electoral estuvo a su vez precedido de dos episodios conmocionantes: el asesinato en 2007 de Abel Beroiz, entonces jefe provincial del gremio y tesorero de la federación nacional, y el crimen en 2014 de Nicolás Savani, de 27 años, en un camping de la organización en Santa Fe en la previa de una asamblea.
En 2020, Moyano promovió la creación de un sindicato local paralelo al de Aladio, con Chulich como referente y con el estímulo de ofrecer los servicios de la obra social del gremio (Oschoca). A fin del año pasado la conducción del delegado de los Moyano llamó a elecciones sin tomar en cuenta los papeles que había presentado su opositor Galarza para participar de la contienda. Chulich siguió adelante con el proceso a pesar de existir una orden de suspensión de la Justicia de Rosario a partir de sospechas en la confección de los padrones y del impedimento de la oposición. La elección se llevó a cabo pero con un número muy minoritario de participantes en uno de los distritos con más camioneros registrados, se calcula que alrededor de 24 mil.
Tras desobedecer la manda del juzgado rosarino Chulich optó por buscar un fuero más amigable. Lo hizo con el aval de la conducción nacional y la guía legal de Hugo Antonio Moyano, uno de los hijos del exlíder de la CGT y diputado nacional por el peronismo desde el año pasado. La causa pasó por el fuero laboral hasta que la Sala IV resolvió devolverlo a Rosario en un dictamen al que tuvo acceso El Destape. Además de los traspiés en Santa Fe, la familia Moyano debe lidiar con la disputa no resuelta entre Hugo y Pablo, su hijo mayor; con la crisis de Oschoca, a cargo de la esposa del secretario general nacional, Liliana Zulet, y una secuencia de paritarias que corren detrás de la inflación casi desde el arranque de la administración libertaria.
Entre los hitos de la emancipación de Aladio –que no reconoce influencia sobre el opositor Galarza- figuran la firma en 2023 de un convenio colectivo diferenciado del nacional que incluye un fondo de cese, similar al que el gobierno de Javier Milei logró consagrar en la reforma laboral del año pasado, y la creación de la figura del chofer aprendiz sin estabilidad laboral y un salario de la mitad de los conductores regulares.
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